Un 88 % de latinoamericanos está a favor de políticas más estrictas contra el cambio climático. Según la Encuesta sobre el Clima del Banco Europeo de Inversiones (BEI), 8 de cada 10 latinoamericanos consideran que los gobiernos y las empresas deben enfocarse en el crecimiento sostenible, en vez de pregonar un crecimiento económico a cualquier precio.
A pesar de los discursos negacionistas de varios gobiernos de la región, la ciencia es clara: el cambio climático es un hecho. Mientras hace décadas las empresas podían darse el lujo de pensar cómo mitigar su impacto socio-ambiental, hoy están obligadas a pensar en regeneración. Ya no basta con compensar el daño, sino que es necesario avanzar con programas regenerativos, con foco en la vida.
El cambio climático no solo tiene consecuencias en el medioambiente, sino también en la economía. En el últimoEstudio Económico de América Latina y el Caribe, la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL) advierte que la región está en riesgo.
“América Latina tiene una elevada vulnerabilidad frente al cambio climático, debido a su ubicación geográfica y dependencia de sectores sensibles como la agricultura y el turismo. Sin políticas adecuadas de adaptación y mitigación, el cambio climático podría tener efectos adversos importantes en el crecimiento económico y el empleo en la región. Modelos estimados muestran que, en un escenario sin mitigación, el PIB y el empleo podrían sufrir reducciones significativas hacia 2050, lo que deja en evidencia la necesidad urgente de contar con políticas que promuevan un desarrollo sostenible e inclusivo en la región”, señala el organismo.
Si las consecuencias del cambio climático son evidentes, ¿por qué hay países que continúan permitiendo prácticas ilegales?
Los delitos ambientales son lacuarta actividad delictiva más lucrativa del mundo. En la región, la destrucción de la Amazonía y los constantes derrames petroleros sobre los océanos son dos de los principales problemas, al igual que la extracción de recursos naturales y la pesca ilegal.
En Venezuela, los delitos ambientales han aumentado significativamente en los últimos años, impulsados por actividades ilegales como la minería, la deforestación y el tráfico de especies. Estos crímenes no solo dañan el ecosistema, sino que también están estrechamente vinculados a la degradación social y económica del país. Solo por citar un ejemplo, entre el 80 y el 90 % del oro venezolano se produce de manera ilegal.
En este sentido, el derecho ambiental tiene un rol crucial para prevenir, proteger, mitigar, regular y promover una gestión sostenible sobre los recursos naturales.
Loriane Damian
“En la medida en que al mundo se le hace imperativo mitigar y adaptarse a las consecuencias del cambio climático; promover y garantizar el acceso a la energía eléctrica de manera justa, sostenible e inclusiva; conservar la biodiversidad y los recursos naturales; adoptar prácticas sostenibles; pasar de la economía lineal actual a la circular; desarrollar tecnologías verdes y ampliar el financiamiento verde o sostenible, el derecho ambiental y las políticas ambientales toman un papel importante para abordar y regular cómo se enfrentan tales problemas. De hecho, para abordar varios de los problemas mundiales actuales, parte de las leyes, regulaciones, políticas e incluso prácticas que se han implementado en materia ambiental también se adoptan bajo criterios de sostenibilidad y ambiente, sociedad y gobernanza (ESG, por sus siglas en inglés), funcionando así como mecanismos de acción que configuran la forma en la que la sociedad, las empresas, los gobiernos y demás actores responden a esta nueva realidad”, sostiene Loriane Damian, asociada del área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de Araquereyna.
Venezuela, reina de recursos para la transición energética
La norma venezolana más antigua en materia ambiental data de 1594. “Establecía, entre otros, una multa de diez pesos de oro cuando el agua de las tenerías/curtidurías fuera devuelta a los canales de aguas. Hoy en día, Venezuela no solo cuenta con un marco constitucional y regulatorio que desarrolla el derecho ambiental e incorpora varios de sus principios, sino que además se han sometido a evaluación y discusión de anteproyectos de ley para promover las energías renovables en general, para incorporar el uso del hidrógeno verde y para confrontar el cambio climático”, detalla la especialista.
La transición energética puede transformarse en una experiencia reveladora para el país. De hecho, en abril de este año, la Federación del Colegio de Contadores Públicos de la República Bolivariana de Venezuela aprobó el Acuerdo Marco de Emisión y Aplicación de las Normas de Relevaciones de Información sobre Sostenibilidad.
“Si a este marco regulatorio le sumamos el hecho de que Venezuela cuenta con varios de los recursos naturales necesarios para la transición energética, podemos concluir que el país cuenta con un alto potencial para posicionarse en la región latinoamericana como uno de los mejores encaminados para hacer frente a la nueva realidad ambiental, por un lado; y para lograr la sostenibilidad y descarbonización de parte de sus sectores económicos, por otro”, opina Damian.
Desafíos ambientales de las agendas presidenciales latinoamericanas
Para la experta en Compliance, Energía y Petróleo, los gobiernos regionales deberán centrarse en desarrollar e implementar regulaciones y políticas que se adapten, o continúen adaptándose, a las tendencias actuales en materia ambiental y de sostenibilidad:
Transición energética: leyes para regular e incentivar los proyectos de energías renovables y de captura y almacenamiento de carbono.
Mitigación y adaptación: leyes y regulaciones que incentiven y faciliten la implementación de medidas de mitigación y adaptación ambiental.
Gestión de residuos: leyes y regulaciones que requieran e incentiven la gestión de residuos y la incorporación de la economía circular en los procesos productivos de diferentes sectores de la economía (textil, plástico, construcción, petróleo, electrónico, automotriz, alimentario, agua, entre otros).
Deforestación y degradación forestal: leyes y regulaciones para combatir la pérdida y degradación mundial de los bosques y, a la vez, preservar, o incluso aumentar, la cantidad y calidad de los bosques y para incentivar su rol como contribuyentes de la captura de carbono.
Bonos verdes y mercados de créditos de carbono: leyes y regulaciones que favorezcan y establezcan el funcionamiento de los mercados (de compliance o voluntarios) de diversos instrumentos financieros con objetivos verdes.
“Cualquier actividad económica realizada por los seres humanos tiene el potencial de generar gases de efecto invernadero o daños ambientales. Por supuesto, dentro de tales actividades económicas, las realizadas por diversos sectores de la economía, como electricidad, petróleo, transporte, industria y construcción, generan más impactos ambientales negativos que otras. Si bien estas industrias son las que deberán, en mayor medida, ajustar o instituir nuevos procesos, tecnologías y prácticas, con el fin de reducir el impacto ambiental de sus operaciones, al mismo tiempo tendrán mayor proyección y deberán soportar la mayor carga de las nuevas regulaciones, leyes y políticas ambientales. Desde esta perspectiva, algunos podrían considerar que las industrias de tales sectores serán las menos favorecidas. Sin embargo, desde otra perspectiva, tales industrias tienen ahora una oportunidad histórica para transformar sus procesos productivos y, así, dar respuesta a problemas ambientales de modo responsable con las sociedades donde operan y generan desarrollo económico, lo que les permite alinearse con la Agenda 2030 de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Organización de las Naciones Unidas”, detalla la asociada del área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad de Araquereyna.
El valor agregado de los expertos en derecho ambiental en una firma de abogados
“La incorporación de expertos en materia ambiental en las firmas de abogados permite la identificación, planificación y respuesta de cuestiones medioambientales legales y de requisitos de cumplimiento o compliance en materia ambiental que pudieran estar presentes en las operaciones y transacciones de sus clientes. Los abogados expertos en el área ambiental y de sostenibilidad pueden, por lo tanto, ayudar a sus clientes a prevenir y responder frente a delitos ambientales y a otros daños e impactos ambientales que pudieran estar asociados a sus operaciones y transacciones”, destaca la especialista en sostenibilidad.
Araquereyna acaba de abrir una nueva área de práctica con foco en derecho ambiental para brindar asesoría legal en el desarrollo de actividades y proyectos; analizar la evaluación legal de impacto ambiental o transición energética; asesorar sobre la gestión y tramitación de permisos ambientales, así como también la emisión de bonos verdes; desarrollar el aspecto legal de los planes de gestión ambiental; orientar la implementación de acciones para asegurar el cumplimiento normativo ambiental; monitorear las tendencias de sostenibilidad y ESG; diseñar estrategias de mitigación de riesgos de operaciones y transacciones; e identificar y valorar asuntos jurídico-ambientales en la gestión de residuos y economía circular, suelos, agua y emisiones.
“Cada vez más las transacciones comerciales y los litigios implican cuestiones medioambientales complejas y requisitos de cumplimiento o compliance en materia ambiental. A su vez, la tendencia mundial a la descarbonización de diversas industrias sigue creciendo, llevando a las empresas, inversores, instituciones financieras y demás organizaciones y actores a orientar su estrategia y operaciones de negocio al desarrollo sostenible. Ayudar a nuestros clientes a navegar con éxito en este nuevo entorno es el principal motivo por el cual decidimos crear una nueva área de Derecho Ambiental y Sostenibilidad”, comparte Damian.
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