Las universidades públicas enfrentan crecientes dificultades para mantener y proteger sus patentes en el extranjero, incluso cuando se trata de innovaciones con alto potencial científico y comercial. Casos como el de la científica brasileña Tatiana Sampaio, quien tuvo que asumir personalmente los costos para sostener su patente en Brasil sin lograr extender su protección a Estados Unidos y Europa, evidencian un problema que va más allá de la falta de recursos. Especialistas coinciden en que existe una desconexión estructural entre la investigación, la gestión de la propiedad intelectual y su valoración económica, lo que limita la capacidad de estas instituciones para capitalizar sus activos en mercados internacionales.
Lo hemos visto varias veces. Una universidad pública, en algún país, tiene un equipo de investigadores que llegan a un descubrimiento o a una innovación relevante, que luego se encuentra no solo con trabas burocráticas al momento de patentarla fuera de su país sino con una dificultad común: a las universidades públicas se les hace difícil gestionar los costes de mantenimiento de patentes en el extranjero.
Esta dificultad no radica en la falta de calidad científica ni de visión institucional sino que refleja una desconexión estructural entre la financiación de la investigación pública y la valoración y gestión económica de los activos de propiedad intelectual. Al menos así lo explica Tatiana Campello, socia de PI, innovación y tecnología y privacidad de datos y ciberseguridad de Demarest Advogados.
La experta precisa que esto ocurre porque, en la mayoría de las universidades públicas, las patentes se siguen considerando principalmente como instrumentos de cumplimiento o divulgación, en lugar de activos intangibles con relevancia financiera, esto deriva en que las carteras de patentes internacionales requieren una asignación de capital a largo plazo, una evaluación de riesgos y una priorización (herramientas estándar en la gestión de activos) de las que suele carecer la gobernanza de la investigación pública.
Por consiguiente, el mantenimiento de patentes extranjeras se percibe como un coste recurrente, no como una inversión vinculada a opciones futuras. Sin mecanismos para valorar las patentes en función de sus posibles aplicaciones, perspectivas de concesión de licencias o relevancia estratégica, las instituciones se ven obligadas a tomar decisiones presupuestarias a corto plazo que pueden socavar la creación de valor a largo plazo. Esta deficiencia explica por qué incluso las tecnologías más prometedoras tienen dificultades para mantener su protección en el extranjero, a pesar de contar con sólidas bases científicas, dice Campello.
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Un ejemplo de esta desconexión, que suele extenderse más allá de las fronteras de las universidades, es lo que le ocurrió a Tatiana Sampaio, una científica brasileña cuya investigación sobre la polilaminina (sustancia sintética desarrollada a partir de la proteína humana laminina, que podría reparar las lesiones agudas de la médula espinal que causan parálisis), hecha con financiación federal en la Universidad Federal de Río de Janeiro (UFRJ).
Sampaio tuvo que pagar de su propio bolsillo las tasas del Instituto Nacional de Patentes y Marcas (Inpi) de Brasil para mantener la patente en el país, debido a los recortes de financiación federal en la UFRJ. Pero no solo esto, sino que, si bien la patente se mantiene protegida en Brasil no lo está en Estados Unidos y Europa, donde la investigadora no pudo solicitar la patente por falta de apoyo institucional.
Aunque, los problemas con la protección de la polilaminina se extienden a la negligencia administrativa, representada en que no se pagaron las anualidades en Europa, se ignoró una notificación oficial en Estados Unidos y se dejó de presentar la documentación requerida en una solicitud brasileña que, eventualmente, fue rechazada por esto. Entonces, de cuatro solicitudes de patente presentadas en Brasil y en el extranjero, sólo se concretó la que Sampaio atendió por sí misma (vigente hasta 2028) en Brasil.
Este caso pone de relieve la importancia de la gestión continua de los activos de propiedad intelectual, con frecuencia afectada por restricciones presupuestarias relacionadas con el pago de las tasas necesarias para conservar el registro, y en la que la protección de patentes no termina con la solicitud inicial sino que se basa en la planificación financiera, el seguimiento constante de los plazos y la selección estratégica de jurisdicciones para la protección.
Lucas Patto, socio de PG Advogados y especialista en derecho civil y empresarial, señala que aunque la creencia más extendida es que las universidades públicas tienen problemas en la gestión de los costes de mantener patentes en el extranjero, en realidad esta es una simplificación centrada solo en la limitación presupuestaria, pero su naturaleza es más estructural: lo es también de gobernanza, incentivos y ejecución estratégica.
Por ejemplo, las universidades suelen solicitar patentes sin una estrategia de comercialización clara ni un socio industrial definido, lo que hace que el mantenimiento a largo plazo sea económicamente injustificable y esto demuestra que hay una desalineación entre investigación y comercialización, apunta.
Además, la gestión de carteras de innovaciones suele estar afectada por la carencia de un marco sólido que incluya la evaluación económica, la priorización y el abandono oportuno de activos de bajo valor además de por los costes en la protección internacional, puesto que la extensión de la protección en el extranjero implica pagos significativos y acumulativos (como traducciones, asesoría legal local y tasas de mantenimiento anuales) que aumentan sustancialmente tras la fase nacional.
Asimismo, Patto apunta algo adicional: Las Oficinas Nacionales de Transferencia de Tecnología (ONT), estructuradas bajo la Ley brasileña nº 10.973/2004, suelen operar con autonomía limitada, personal reducido e insuficiente exposición a la toma de decisiones impulsada por el mercado, lo cual aumenta las limitaciones institucionales y de gobernanza.
Entonces, en casos como este, ¿sería mejor que las universidades públicas se asocien con el sector privado desde las primeras etapas para que este asumiera los costos de mantenimiento a cambio de licencias de explotación?
Para el socio de PG Advogados, las alianzas en las primeras etapas pueden ser efectivas, pero deben estar cuidadosamente estructuradas, para aprovechar las ventajas que estas ofrecen (la transferencia de la carga financiera relacionada con las solicitudes internacionales, mantenimiento, mayor probabilidad de comercialización, acceso a conocimientos de mercado y capacidades regulatorias) y evitar riesgos como la subvaloración de tecnologías en etapas iniciales, desequilibrios en el poder de negociación y posible pérdida de control estratégico sobre el activo.
Claro está, la colaboración público-privada sería muy bienvenida y legalmente viable; sin embargo, debe estructurarse con equilibrio, negociación cualificada y salvaguardias que protejan el interés público, indica Fernanda Regina Negro de Oliveira Maluf, socia especializada en litigios estratégicos de Ernesto Borges Advogados. Para la abogada, desde un punto de vista práctico, es posible negociar con un socio privado la asunción de los costos y el desarrollo de la tecnología, garantizando al menos regalías a la institución pública.
No obstante advierte sobre el riesgo que comporta la asimetría de poder en la negociación, ya que una universidad presionada por la escasez de recursos tiende a aceptar condiciones desfavorables. Según ella, un modelo de asociación ideal debería preservar el derecho de la universidad o la institución a continuar investigando y la posibilidad de licencia obligatoria en interés público (según lo previsto en el art. 71 de la Ley de Propiedad Industrial de Brasil) y las cláusulas de reversión en caso de explotación ineficaz.
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La clave reside en alinear los incentivos sin reducir la propiedad intelectual pública a una lógica puramente comercial a corto plazo, señala Camila Garrote, socia de PI, innovación y tecnología de Demarest Advogados. Sobre todo porque, en lugar de simplemente transferir costes, estas alianzas pueden transformar las patentes en activos de innovación financiables, preservando al mismo tiempo la propiedad pública, la libertad académica y los derechos de acceso.
Los socios privados están acostumbrados a evaluar la propiedad intelectual como un activo ajustado al riesgo, incorporando el retorno esperado, los hitos de desarrollo y el posicionamiento en el mercado. Cuando estas herramientas se introducen tempranamente (mediante acuerdos de opción, licencias basadas en hitos o exclusividad estructurada), ayudan a convertir la incertidumbre en una exposición financiera manejable, comenta Garrote.
Ante esto, podría surgir la pregunta de si se necesita hacer algún cambio en la legislación sobre propiedad intelectual o en la financiación de la investigación para evitar la pérdida de invenciones valiosas, pero de acuerdo con Tatiana Campello, el cambio más urgente no es una reforma doctrinal de la ley de patentes, sino una transformación en la estructura y gestión financiera de las invenciones públicas.
Los sistemas de innovación pública aún carecen de un marco coherente para tratar las patentes como activos intangibles con potencial económico cuantificable. Desde la perspectiva de la propiedad intelectual, esto significa: falta de valoración sistemática en las etapas clave del desarrollo, falta de diversificación del riesgo a nivel de cartera y falta de un vínculo claro entre las decisiones de mantenimiento de patentes y el retorno económico o social esperado, apunta.
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Por lo que la introducción de metodologías de valoración de la propiedad intelectual, herramientas de gestión de carteras y mecanismos de financiación vinculados al rendimiento de los activos reduciría significativamente el riesgo de abandono prematuro, precisa. Solo así, se puede lograr el reconocimiento y la capitalización del valor de las innovaciones.
En la práctica, esto requiere separar la financiación para la protección internacional de la propiedad intelectual de las subvenciones para la investigación básica e integrar la lógica financiera en las estrategias de transferencia de tecnología, añade Garrote.
Al final, un enfoque equilibrado entre lo privado y lo público implicaría que se firman acuerdos de licencia con hitos de desempeño, se establecen mecanismos de reparto de ingresos y también salvaguardias como derechos de reversión si la tecnología no se desarrolla adecuadamente, porque el objetivo, precisa Lucas Patto, es alinear los incentivos sin transferir valor prematuramente.
Como sus colegas, este abogado considera que el marco legal brasileño para la propiedad intelectual es relativamente sólido, especialmente las leyes de Propiedad Industrial y la Ley de Innovación, así que el principal problema radica más bien en la implementación e integración de estas, más que en la ley en sí misma.
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Una vez aclarado esto, surge otra duda: En Brasil, se ha hablado de proyectos de ley para ajustar los plazos de las patentes debido a las demoras burocráticas. ¿Es este el enfoque correcto o necesita Brasil un fondo de emergencia específico para mantener activos estratégicos en el extranjero?
Patto aclara que, en realidad, ambas son herramientas diferentes que abordan problemas distintos. Por ejemplo, el ajuste del plazo de las patentes está diseñado para compensar las demoras administrativas en el examen de patentes, pero no aborda el abandono de patentes por falta de pago de tasas en el extranjero; mientras tanto, los mecanismos de financiación abordan directamente el problema central (el coste de mantener patentes estratégicas a nivel internacional) y permiten el apoyo selectivo a tecnologías de alto valor con potencial comercial, así que, desde una perspectiva política, un mecanismo de financiación específico, combinado con criterios más estrictos de gestión de carteras, sería más eficaz para prevenir situaciones similares.
Fernanda Maluf también apunta que son propuestas que abordan problemas distintos. En principio, Brasil “necesita urgentemente dejar de tratar la propiedad intelectual como una burocracia y comprenderla como un instrumento de soberanía tecnológica y un activo económico de gran importancia”, por tanto, la política ideal combinaría la reducción administrativa de la acumulación de casos del Inpi y la creación de un fondo estratégico para prevenir la pérdida de activos internacionales por insuficiencia presupuestaria.
La solución no radicaría en extender los plazos, sino en abordar el problema administrativamente, ya sea aumentando el personal o incluso creando grupos de trabajo, como lo ha hecho el INPI con su Plan de Reducción de la Acumulación de Casos. (mientras) …un fondo de emergencia sería un enfoque más apropiado para el problema específico revelado por el caso de la polilaminina. Un fondo administrado por el propio Inpi o por el Ministerio de Ciencia, Tecnología e Innovación, con criterios técnicos de elegibilidad, resolvería directamente la incapacidad financiera para mantener la protección internacional de las tecnologías desarrolladas con recursos públicos, concluye.
Todo esto sugiere, según las expertas de Demarest, que las extensiones de vigencia podrían formar parte de un conjunto más amplio de herramientas, pero no necesariamente una solución aislada. Así que, bien combinadas, todas estas herramientas (instrumentos financieros específicos, como fondos estratégicos de patentes o marcos de coinversión destinados a preservar carteras de propiedad intelectual pública de alto valor en el extranjero) podrían ofrecer a los gobiernos una mayor flexibilidad para gestionar las patentes como activos nacionales a largo plazo, en lugar de depender exclusivamente de medidas correctivas posteriores a la concesión.
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