Sus cajas se consiguen por los pasillos de los mercados populares de todo Brasil. El llamado TV Box, dispositivo que recibió este nombre popular por su formato de caja, no sería ilegal si se respetara su función original: la de transformar una televisión corriente en una Smart TV.
Sin embargo, este terminó siendo utilizado para la piratería y el acceso ilegal a los canales de televisión paga, incluidos servicios de transmisión como Netflix y GloboPlay. Hoy, 33 millones de brasileños utilizan dispositivos como este, presentes en los hogares de todas las clases sociales.
En entrevista con LexLatin, José Mauro Decoussau, socio de Pinheiro Neto Advogados en las áreas de Propiedad Intelectual, Tecnología y Litigio Corporativo y Comercial, habla sobre cómo el trabajo conjunto entre los distintos cuerpos policiales y entidades puede ayudar a limitar la acción de las bandas que difunden este tipo de contenido pirateado.
El de la piratería es un problema histórico, como refiere Decoussau, antes eran los DVD pirateados y el contenido ilegal y, si bien la curva de la problemática disminuyó un poco con la llegada de algunas plataformas de streaming, como Netflix, ahora la situación se diversifica.
"Lo que notamos es que este es un problema que trae una serie de desafíos prácticos, logísticos y legales porque estos contenidos suelen estar alojados en plataformas fuera del país. La primera dificultad es coordinar esfuerzos entre las autoridades brasileñas y extranjeras para identificar los lugares en donde los proveedores alojan el contenido para que pueda ser sacado del aire y deje de estar disponible para el usuario brasileño".
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Hoy hay 33 millones de brasileños que utilizan este tipo de tecnología pirateada. Ya existe, por ejemplo, el intento de criminalizar al usuario final, ¿cree que este tipo de sanción funciona?
José Mauro Decoussau: Si analizamos la legislación, ya existen instrumentos para sancionar tanto al usuario como a los responsables de poner a disposición el contenido. Es posible caracterizar como delincuentes tanto a quienes reproducen la señal de televisión como a quienes adquieren el producto sabiendo que son usados para un delito, aunque discutible, también existen personas que argumentan de manera diferente. Lo cierto es que la legislación ya tiene algunas disposiciones al respecto.
No creo que este sea el mayor desafío, pues tenemos que crear mecanismos que rápidamente impidan que este contenido no esté disponible en Brasil y que responsabilice a quienes distribuyen este contenido. Estamos en un país en vías de desarrollo, con una serie de enormes desafíos sociales.
No es factible pretender aplicar sanciones a estos 33 millones de personas que enfrentan mayores desafíos en su vida cotidiana en materia de alimentación y vivienda, por lo que creo que la solución puede ser revisar la legislación para que la aplicación de las sanciones sea más certera, más rápida y dotar a la Policía Federal y agencias reguladoras, en este caso Anatel, para actuar de manera rápida y coordinada y evitar que haya acceso a estas plataformas.
Me parece que intentar centrarse en el usuario e imponerle sanciones será un trabajo interminable, no llegará a un escenario en el que todos sean responsables y el contenido permanezca disponible. Creo que la atención se centra en imponer sanciones a las personas responsables de hacer que este contenido esté disponible. No creo que el camino sea la imposición de penalización al usuario.
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Desde el punto de vista de la legislación, ¿qué se puede hacer?
Este tipo de delincuencia es muy dinámico. La tecnología está mejorando cada día y los delincuentes actúan de una manera muy rápida que implica dispositivos, tecnología y herramientas cada vez mejores para hacer que el contenido esté disponible. Nuestra Ley de Derechos de Autor es de 1998 y establece que es un delito transmitir señal de televisión sin autorización, por lo que allí está previsto.
Sería interesante revisar la legislación para adecuar lo dispuesto en la ley a la realidad, para que las medidas sean tomadas rápidamente por las empresas propietarias de los derechos de autor y por las autoridades competentes. Creo que este es un camino de legislación, algo que se puede mejorar, pero no creo que ese sea el mayor problema hoy.
Creo que el mayor problema es el amaño de la Policía Federal y la creación de acuerdos entre esta con diferentes agentes públicos, no solo en Brasil sino en el exterior, para investigar rápidamente, identificar a los responsables y sacar el contenido del aire. Dicho de otra manera, no creo que el problema sean los juicios que se inician, no terminan o no responsabilizan a las personas que deberían rendir cuentas porque la ley no es la adecuada.
El problema es adelantarse e identificar a los infractores, equipar a la policía para que pueda hacer esto de una manera más eficiente.
¿Cómo funcionará esta configuración? ¿Es inversión en tecnología?
La prioridad está en la tecnología. La Policía Federal necesita tener equipos adecuados para rastrear quiénes son estas personas, dónde se encuentran, desde dónde transmiten estas señales. Una vez identificadas las personas, los lugares y los métodos utilizados, se pueden tomar medidas judiciales, incluso con la fuerza policial, con una división de la propia Policía Federal dedicada a esto. El camino está mucho más centrado en la infraestructura que en la legislación.
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¿Qué dispositivos se necesitarían con la llegada de las nuevas tecnologías, el internet como lo conocemos hoy y el 5G?
La Ley de Derechos de Autor entró en vigor en un momento delicado, porque ya existía internet, pero iba ganando terreno, iba ganando más importancia a nivel mundial. Toda la discusión legislativa sobre la Ley de Derechos de Autor ha terminado por subestimar la relevancia del propio internet. Ese es un hecho concreto.
La Ley de Derechos de Autor, si bien tiene un aspecto muy importante en internet, quizás más importante hoy en día, donde se difunden obras protegidas por derechos de autor, trata internet de manera muy superficial. Dice que la difusión de signos de obras protegidas por derechos de autor o por cualquier signo o por cualquier tecnología constituye una violación de la ley y debe ser sancionada como delito, esto es muy sencillo porque allí deberíamos predecir, de una forma más detallada, una serie de situaciones como las que nombraste.
Respecto al tema del 5G, es necesario dejar claro en la ley que todo aquel que use un dispositivo que indebidamente viole los derechos de autor de terceros a través de la transmisión, puede ser sancionado y recibir una multa. Esto incluye a las diferentes personas involucradas en la infracción: quién difunde la señal y quizás hasta quién la usa. Esto puede servir para frenar la infracción, puede que no totalmente, pero quizás sea un camino importante.
Debe quedar claro en la ley que esto puede ser considerado un acto ilegal, así que creo que lo que la ley podría hacer es discriminar, de manera más transparente y clara, cómo se pueden infringir los derechos de autor en internet.
¿Qué tipo de dificultades enfrentan los abogados que trabajan en PI con base en lo que hoy ofrece la ley en el país?
Uno de los problemas es el de la responsabilidad del usuario, pues no está claro en la legislación hasta qué punto el usuario es responsable. Los casos de responsabilidad del usuario en Brasil son muy raros. Esa es la primera pregunta.
El segundo problema es la velocidad, ya he seguido muchos procesos relacionados con el intento de responsabilizar a las personas involucradas en la difusión de este tipo de contenido a través de internet. La impresión que tengo es que el Poder Judicial mismo carece de expertos, personal y técnicos especializados en identificación de delitos. Cuando se interpone una demanda, lo que vemos a diario es que no hay un aparato del Estado o del Poder Judicial que pueda tomar rápidamente las medidas necesarias.
Creo que crear un sistema judicial especializado en este tipo de temas con personas formadas adecuadamente sería una buena manera de combatir.
Creo que la mayor dificultad es técnica: identificar y sancionar rápidamente estos procesos que suelen llevar mucho tiempo ante delitos que son muy dinámicos y se dan a una velocidad inmensa. Si tomas acción un día, al día siguiente aparece otro sitio en otro país. Creo que el Estado tiene que equipar e invertir más dinero para poder reaccionar más rápido para tratar de ir a la misma velocidad que las personas responsables involucradas en este delito.
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¿Qué tipos de juicios relacionados con la TV pirateada e IPTV son más comunes en el país? ¿Cuáles son los principales tipos de demandas y cómo actúan los perpetradores, cómo escapan a la aplicación de la ley?
Muchas de las empresas que prestan servicios de almacenamiento de contenidos en la nube acaban siendo objeto de demandas judiciales para que identifiquen a los responsables de almacenar determinados contenidos en la nube.
La empresa pirateada presenta una demanda contra la compañía que almacena contenidos en la nube, exigiendo saber quién es el responsable de este contenido que está disponible en streaming de forma ilegal.
Entonces la sociedad responsable de la acción trata de identificar el contenido y se da cuenta de que el contenido está en el extranjero, registrado a nombre de un tercero fuera del país.
En este caso, por ejemplo, se establece una discusión sobre en qué medida las autoridades brasileñas pueden acceder a datos sobre esta persona o si la acción debería haberse presentado en el exterior.
Hay muchas discusiones técnicas sobre si la justicia brasileña podría o no acceder a la información o si la acción debería haber sido interpuesta en el exterior.
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