Poco antes de la pandemia, jurisdicciones caribeñas como Islas Vírgenes Británicas (BVI), Belice y Bahamas concretaban esfuerzos para construir, desde lo regulatorio, una nueva defensa contra la evasión de impuestos. Lo anterior se puede traducir en atender las exigencias y obligaciones impuestas por la Unión Europea, un mercado importante para la región.
María Carla Macrini, especialista del departamento Corporativo Internacional de Quijano & Asociados, explica:
“Podemos definir la sustancia económica como la esencia de entender las actividades llevadas a cabo por cada entidad y el impacto fiscal que conlleva dicha actividad”.
A decir de Carlini, asociada del bufete full-practice, esta figura contribuye a definir si la sociedad está obligada a cumplir con las obligaciones fiscales en el país donde desarrolle su actividad o, en su defecto, debe hacer frente a la autoridad tributaria dentro de la jurisdicción donde se encuentra constituida la sociedad, evitando así la falta de compromiso fiscal.
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En los planes de reactivación económica en la región esta es una tendencia que rendirá sus frutos en el mediano y largo plazo. En entrevista con LexLatin, la abogada explica que la figura de la sustancia económica promueve el que las empresas que busquen expandirse lo hagan debidamente organizadas.
El desafío, mientras tanto, en opinión de la experta en operaciones transaccionales, es seguir investigando los alcances de esta figura y educar a empresarios e inversores “sobre la importancia de cumplir con las nuevas regulaciones, para tener transparencia a nivel impositivo fiscal, tema relacionado estrechamente con las actividades llevadas a cabo por la entidad”.
La regulación alrededor de la sustancia económica está dispuesta en el marco normativo de una ley. Esta tendencia tiene como pionera en la región a Islas Vírgenes Británicas, al ser la jurisdicción que cuenta con mayor experiencia en la materia. Otras locaciones en las que se desarrolla este enfoque son Islas Marshall, Nevis, Islas Caimán y, próximamente, se unirán las Seychelles.
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Consultada sobre la posibilidad de que otros países latinoamericanos adopten este enfoque, María Carla Macrini, apunta como mejor candidato a Panamá. Para la especialista, el país centroamericano, debido a su infraestructura y tasa poblacional profesionalizada, es el mejor candidato para convertirse en “el centro offshore más preparado para enfrentar este fenómeno”, señala.
Mientras esta tendencia evoluciona, la experta insiste en una recomendación para todo potencial inversor o empresa con planes de expandirse en la región caribeña.
“La clave está en atender las interrogantes, que son varias y muy diversas, a partir de tres áreas clave: la actividad relevante, la fuente generadora de ingreso y verificar si hay compromisos tributarios que cumplir en el país de operación o no”.
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