Aunque repetitivo, el tema que ocupa las discusiones más relevantes del momento en el mundo creativo, corporativo e incluso legal es la extensión del uso de la inteligencia artificial generativa (GenAI) y el cómo está forzando cambios en los mercados en los que ha sido introducida. Al final del día, se trata de un proceso coyuntural sobre el que vale la pena profundizar.
La impresión es que ahora la GenAI es omnipresente y lo seguirá siendo; por esto, expertos como Ricardo Fischer, socio y colíder del grupo internacional de ArentFox Schiff LLP (y experto en propiedad intelectual) advierte que todos debemos pensar en cómo se verá el modelo en los próximos 3 a 5 años, especialmente en materia legaltech, y, de manera macro, en regiones como la latinoamericana, que tiene como misión adaptarse, modernizarse, educarse y legislar en IA siguiendo las necesidades y características propias de nuestro subcontinente, dejando primero que la creatividad e innovación florezcan sin apurarse a adaptar modelos normativos foráneos.
Para Fischer, si América Latina decidiera incorporar la IA como eje estructural de sus políticas de desarrollo económico, antes de pensar en cuáles reformas generales deberían impulsarse en los sistemas de propiedad intelectual para facilitar ese proceso debería enfocar la propiedad intelectual no solo como un sistema para otorgar derechos exclusivos, sino como una verdadera infraestructura de innovación.
El experto considera que si la IA va a ser parte de una estrategia de desarrollo económico, la región debe crear reglas claras sobre el uso de obras, datos y bases de datos para entrenar modelos. También debe definir cuándo una obra asistida por IA merece protección, cómo tratar las invenciones desarrolladas con apoyo de IA y cómo proteger activos que muchas veces no se patentan. La clave −apunta− es lograr un equilibrio entre proteger la innovación y la inversión sin cerrar el acceso al conocimiento.
En ese contexto, Brasil parece el país mejor posicionado para liderar esta transición regional. No solo por ser la economía más grande de América Latina, sino porque combina escala de mercado, capacidad científica, universidades sólidas, un ecosistema tecnológico en crecimiento y sectores productivos intensivos en datos, como agricultura, banca, salud y energía, además de contar con un marco jurídico relativamente más desarrollado en materia digital, privacidad e innovación. Otros países como Chile, México, Colombia y Uruguay tienen ventajas importantes pero Brasil parece reunir de forma más integral las condiciones jurídicas, económicas e institucionales para impulsar una agenda regional de IA e innovación.
Un punto importante a tomar en cuenta para incorporar la IA como eje estructural de las políticas latinoamericanas de desarrollo económico y atraer inversión extranjera sin generar dependencia tecnológica, es ofrecer seguridad jurídica y, al mismo tiempo, crear incentivos para que esa inversión contribuya al desarrollo local, sin perder de vista que el objetivo no debe ser escoger entre inversión extranjera e innovación local, sino diseñar un marco donde ambas se refuercen mutuamente en atraer capital y tecnología, pero también construir soberanía tecnológica, competencia efectiva y ecosistemas latinoamericanos capaces de crear valor propio.
Eso implica reglas previsibles sobre titularidad, licencias, uso de datos, privacidad y secretos empresariales, junto con espacios proinnovación para startups, universidades y centros de investigación. Instrumentos como beneficios fiscales, sandboxes regulatorios, contratación pública y alianzas público-privadas pueden ser útiles si se vinculan a transferencia de conocimiento, capacitación de talento, interoperabilidad y desarrollo de capacidades locales, apunta Fischer en esta entrevista.
LexLatin: Uno de los debates más complejos hoy gira alrededor de la autoría y titularidad de las creaciones generadas por IA, ¿cuál es tu posición respecto a reconocer —o no— protección jurídica a obras generadas sin intervención humana sustancial? Y, desde una perspectiva de política pública, ¿crees que algún esquema de protección para contenidos generados por IA podría convertirse en un incentivo relevante para atraer inversión, industrias creativas o capital tecnológico internacional?
Ricardo Fischer: Las obras generadas sin intervención humana sustancial no deberían recibir protección plena bajo el derecho de autor. El derecho de autor se justifica históricamente en la creatividad humana y el incentivo a la producción cultural; si un sistema de IA genera el resultado de manera autónoma, sin decisiones creativas humanas en la selección, dirección o edición, no es una obra autoral en sentido clásico. Distinto es cuando alguien usa la IA como parte de un proceso creativo más amplio: ahí sí puede haber protección, pero limitada a los elementos con contribución humana original.
Dicho esto, los países latinoamericanos podrían explorar modelos sui generis para ciertos contenidos generados con IA como algo complementario al derecho de autor, más limitado, de menor duración, condicionado a transparencia, eventualmente sujeto a registro, con excepciones claras para investigación y educación. La finalidad no sería reconocer “autoría” a la máquina, sino crear seguridad jurídica para inversiones en industrias creativas, videojuegos, audiovisual, publicidad y entretenimiento donde la IA genera valor económico real.
Un marco bien diseñado podría fortalecer la economía naranja y atraer capital tecnológico, pero requiere equilibrio. Una protección excesiva consolidaría ventajas de grandes plataformas extranjeras; reglas básicas y flexibles, en cambio, podrían atraer inversión sin cerrar espacios para startups y emprendedores locales. La región no debe apresurarse a sobrerregular, sino crear condiciones de confianza que permitan ajustar la regulación conforme la experiencia vaya madurando.
Durante años Latinoamérica fue vista más como consumidora que como generadora de innovación, ¿crees que eso está cambiando? ¿Qué países o sectores son más prometedores para el desarrollo de PI en la región?
Sí está cambiando, aunque de manera desigual. La región siempre tuvo talento y creatividad, pero careció de capital, infraestructura y políticas consistentes para convertir esas capacidades en activos de PI y tecnología exportable. Hoy el panorama se modifica con la expansión de startups, fintech, IA aplicada, biotecnología, agrotech y soluciones digitales para problemas locales. Además, varios países latinoamericanos (Brasil, Colombia, Perú, Ecuador, México y Venezuela) están entre los de mayor biodiversidad del mundo, una ventaja competitiva única. El reto es que ese cambio no dependa solo de iniciativas privadas aisladas.
Brasil, México, Chile, Colombia, Uruguay y Argentina parecen particularmente prometedores, cada uno por razones distintas. Lo importante es que la región no solo cuenta con mercados relevantes y ecosistemas emprendedores en expansión, sino con una ventaja diferenciada en biodiversidad. Esos recursos biológicos y genéticos pueden convertirse en plataforma para innovación en biotecnología, agricultura sostenible, salud y cosméticos; siempre que existan reglas claras sobre acceso, beneficios compartidos y protección de conocimientos tradicionales.
En el ámbito del legaltech, los modelos generativos ya son capaces de redactar contratos, responder consultas básicas y automatizar tareas; en ese escenario, ¿cómo debería redefinir el abogado especializado en PI su propuesta de valor para evitar que sus servicios sean percibidos como un commodity tecnológico y siga siendo relevante en un mercado marcado por la IA y la automatización?
El riesgo es real. La IA generativa ya produce borradores de contratos, búsquedas básicas, resúmenes y análisis que antes requerían muchas horas de trabajo. Pero eso no significa que el abogado pierda relevancia, significa que debe desplazar su propuesta de valor desde la ejecución mecánica hacia el juicio profesional. En PI, el valor no estará en redactar una cláusula o llenar una solicitud, sino en entender el negocio, anticipar riesgos, diseñar estrategias de protección y decidir cuándo conviene proteger, licenciar, litigar o mantener algo como secreto empresarial.
La diferencia central será la experiencia acumulada, esa combinación de criterio, contexto e intuición profesional que la tecnología puede asistir pero no reemplazar. Un modelo puede generar opciones, pero no sabe cuál es comercialmente viable o estratégicamente conveniente para un cliente específico. El profesional debe presentarse menos como proveedor de trámites legales -administrativos y más como asesor estratégico de innovación, capaz de integrar propiedad intelectual, datos, competencia, privacidad e inversión. En un mercado automatizado, será relevante quien use la IA para ser más eficiente, pero aporte juicio humano para transformar información en decisiones.
Esto exige repensar la educación jurídica. Si muchas tareas básicas serán automatizadas, la formación no puede limitarse a memorizar leyes y normas; debe enfocarse en pensamiento crítico, ética, comprensión de negocios y capacidad de formular buenas preguntas. La respuesta no es competir contra la tecnología en tareas repetitivas, sino formar abogados capaces de supervisarla, cuestionarla y usarla para ofrecer mayor valor agregado.
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A medida que los despachos legales incorporan herramientas de IA generativa en la prestación de servicios jurídicos, surge una pregunta crítica sobre responsabilidad profesional: Cuando un error jurídico deriva de una “alucinación” de un LLM, ¿dónde debería recaer la responsabilidad civil o ética: en el abogado, en la firma, en el proveedor tecnológico o en todos?
La responsabilidad principal recae en el abogado y, según el caso, en la firma. La razón es sencilla: el servicio legal lo presta el abogado, no la herramienta. La IA puede asistir en investigación, redacción o análisis, pero no sustituye los deberes de competencia, diligencia y supervisión.
El proveedor tecnológico podría tener responsabilidad si el producto falla frente a garantías ofrecidas, si induce a error sobre sus capacidades o incumple obligaciones contractuales. Pero desde la perspectiva ética, frente al cliente y al sistema de justicia, el uso de IA no elimina la obligación de supervisión humana. Los despachos deben adoptar políticas claras, herramientas permitidas, verificación de fuentes, revisión de resultados, protección de información confidencial y capacitación interna. La regla de fondo fundamental es que todo servicio legal asistido por IA sigue siendo un servicio supervisado por abogados.
A mediano plazo, ¿cuál considera que será el impacto más disruptivo de la IA sobre los sistemas de justicia latinoamericanos? ¿Puede que sea aceleración y eficiencia en la resolución de controversias o la creación de nuevas brechas de acceso entre quienes tienen capacidad tecnológica y quienes no? Específicamente en materia de PI, ¿cuáles transformaciones estructurales anticipa en los sistemas registrales, administrativos y de enforcement de la región?
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El impacto podría ser profundo. Algunas estimaciones sugieren que la IA podría afectar hasta 88 % de los servicios legales y que apenas hemos visto una fracción inicial de ese impacto. Si esa tendencia se confirma, estamos ante una transformación estructural donde abogados, tribunales, agencias administrativas y plataformas incorporen IA en distintos niveles. El efecto puede ser positivo −mayor eficiencia, reducción de costos, resolución más rápida de controversias− pero también puede ampliar brechas de acceso si solo quienes tienen capacidad tecnológica pueden litigar o defender derechos con mejores herramientas.
El reto no es elegir entre eficiencia o acceso, sino diseñar reglas para que la IA fortalezca el sistema de justicia sin debilitar garantías básicas. Deberíamos evitar el impulso de regular anticipadamente y de más. Hacen falta normas sobre uso permitido, supervisión humana, confidencialidad, transparencia, sesgos y responsabilidad profesional. Jueces y partes deberían saber cuándo un escrito o análisis fue asistido por IA. La regla debe ser práctica, permitir el uso, pero con controles y responsabilidad claramente asignada.
En propiedad intelectual, anticiparía transformaciones en tres niveles. En lo registral, las oficinas podrían usar IA para clasificar solicitudes, detectar similitudes marcarias, analizar estado de la técnica y acelerar exámenes. En lo administrativo, para gestionar oposiciones, nulidades y observancia aduanera. Y en enforcement, para detectar falsificaciones, infracciones online y violaciones masivas en plataformas. Pero esas eficiencias solo serán legítimas si existen mecanismos de revisión humana e impugnación. La IA debe ser herramienta para ampliar capacidad institucional, no sustituto del debido proceso.
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