Recientemente el Gobierno de Costa Rica solicitó, mediante una carta, a la Organización Mundial de la Salud (OMS) que facilite el acceso y uso de la propiedad intelectual de tecnologías para detectar, prevenir, controlar y tratar la pandemia del COVID-19. Luis Diego Castro, socio de Arias - Costa Rica, quien desarrolla su práctica en las áreas de propiedad intelectual, tecnología y derecho corporativo, comentó para LexLatin las medidas costarricenses frente al coronavirus y particularmente habló sobre esta solicitud.
¿Cómo está afrontando esta situación Costa Rica?, ¿qué medidas ha implementado para dar frente al COVID-19?
El Gobierno de Costa Rica ha tomado múltiples medidas para afrontar la crisis creada por el COVID-19. Las mismas se pueden dividir en dos tipos: aquellas que buscan frenar directamente la propagación del virus, como ordenar a la población no salir de sus casas, impedir el ingreso de extranjeros, cerrar establecimientos, prohibir eventos públicos y restricciones vehículares. Además, están aquellas que buscan atenuar el impacto que las medidas tienen en la población y las empresas, como flexibilización de regulaciones laborales, interrupción temporal del pago de algunos impuestos, suspensión de plazos judiciales, imposibilidad de desalojar inquilinos que incumplen por causa de la emergencia, entre otras.
Hasta el momento, la población ha respondido y el efecto de momento es positivo. Una particularidad de las medidas tomadas por el Gobierno es que han gozado de credibilidad en casi todos los sectores, generándole a la administración de Carlos Alvarado un respaldo que no tenía.
¿Por qué es importante la solicitud del Gobierno de Costa Rica?
Si bien el texto de la propuesta no se ha conocido, el comunicado de prensa indica que el Gobierno de Costa Rica le propone a la OMS crear un repositorio de información sobre tecnologías disponibles en los países miembros que puedan ser utilizadas para controlar y tratar la pandemia del COVID-19. Propone además que la OMS exhorte a sus países miembros, organizaciones no gubernamentales, industria y otros actores relevantes a suscribir un memorándum para el intercambio y uso de la información. Esta iniciativa es fundamental para que, de forma sistemática, fluya la información disponible que le permita a los Estados actuar.
El comunicado también indica que el repositorio de información debe incluir el conocimiento existente relacionado con pruebas de diagnóstico, dispositivos, medicamentos o vacunas; que esté disponible en forma de patentes, datos de prueba y derechos de autor con el objetivo de dar acceso y uso libre a los países miembros. Esta última parte es confusa, porque parece ignorar que esa información pertenece a los titulares de las patentes. Existen ya mecanismos en la legislación de muchos países, incluido Costa Rica, para rápidamente echar mano de estas cuando se requiera atender una emergencia de salud en su población.
¿Cómo beneficiaría a Costa Rica y a la región que la OMS le diera trámite a esta solicitud?
Los países ricos y con una industria madura de investigación y desarrollo de medicamentos tienen mayor posibilidad de encontrar no solo una cura para el COVID-19 sino también producirla masivamente. Los demás países es probable que debamos esperar. Una forma de agilizar el proceso es teniendo acceso al conocimiento cuanto antes. Esto permitiría que todavía los pequeños, si tienen acceso a la materia prima y cuentan con capacidad de producción, puedan acceder a la cura al mismo tiempo que los países industrializados.
¿Considera que son necesarias medidas regionales sobre las áreas de propiedad intelectual y tecnologías?
En materia de propiedad intelectual, la cooperación regional es necesaria para que nuestros técnicos e investigadores aprendan a utilizar el sistema de propiedad intelectual a su favor. A entenderlo para sacarle provecho. El intercambio de información siempre ha sido fundamental para el desarrollo tecnológico. Es necesario saber hasta dónde ha llegado en el mundo la investigación alrededor de un problema técnico para empezar luego a investigar a partir de este punto. De poco le sirve a la sociedad que investiguemos y desarrollemos dos veces lo mismo. Debo comenzar donde los otros quedaron.
Pero esto no necesariamente tiene que ver con propiedad intelectual, entendida en este contexto como propiedad industrial. Propiedad intelectual implica automáticamente exclusividad. Es la forma en que impido que otros utilicen los productos de mi intelecto.
Ahora, en el contexto de la emergencia por la pandemia, esa exclusividad podría en algunos casos ser un obstáculo. En situaciones extremas como esta, si se considera que la patente es en sí misma un obstáculo, prácticamente todos los países tienen en sus legislaciones mecanismos muy ágiles que autorizan al Estado para emitir licencias obligatorias, una especie de “expropiación temporal” de la invención, para que el Estado o terceros la puedan reproducir y utilizar a cambio de una regalía justa y no abusiva a favor del titular.
¿Qué reflexiones, para aportar al debate legal, le deja este preciso momento de grandes retos sociales y por ende para el Derecho?
En nuestros países, la propiedad intelectual a menudo se percibe como un obstáculo para el desarrollo. Yo creo que es exactamente al revés. Si un país de los nuestros busca realmente la ruta al desarrollo, tiene en la propiedad intelectual una herramienta fabulosa para lograrlo. Claro, necesita una población educada y reglas que permitan el desarrollo de negocios. Si un país no aspira a más que seguir siendo pobre y que la mayoría de su gente siga siendo pobre, la propiedad intelectual siempre será solo un obstáculo.
En el campo de los medicamentos y la seguridad social eventos como el actual, con la pandemia por el COVID-19, han sido citados en múltiples ocasiones para atacar el sistema de patentes. Suponen que las grandes empresas farmacéuticas, biotecnológicas y de dispositivos médicos van invariablemente a sacar provecho de la situación para lucrarse con la calamidad mundial. Ante ese riesgo mejor desacreditar el sistema por completo. Esta es una visión obtusa y en mi opinión equivocada. Esos casos son extremos y nuestra responsabilidad, como operadores del derecho, es tener en la legislación de cada uno de nuestros países los mecanismos que nos permitan actuar en esos casos extremos. Como en muchos otros campos, se trata simplemente de evitar el abuso del derecho.
Las farmacéuticas posiblemente no vayan a beneficiarse en grande con la emergencia de la pandemia. Lo harán cuando desarrollen (esperamos que así sea) la vacuna y todos acudamos en el futuro a utilizarla puntualmente. Y por dicha es así, es lo que hace que no tengamos desde hace muchos años otros padecimientos, casi todos mucho más graves que el COVID-19 y que durante siglos afectaron a la humanidad.
Los abogados a los que nos apasionan la tecnología y las patentes estamos obligados a mostrarle a nuestros gobernantes de qué forma debe utilizarse el sistema de propiedad intelectual para impulsar el desarrollo, aunque sea poquito a poco.
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