El crecimiento de las fintech en Centroamérica ha sido sostenido en los últimos años, pero ese dinamismo no ha venido acompañado de una regulación uniforme. Lejos de contar con un marco jurídico común, cada país ha respondido de manera distinta al avance del sector, lo que ha dado lugar a un escenario normativo fragmentado.
Sobre este tema conversó Ana Teresa Rizo, socia administradora de Arias - Nicaragua y especialista en derecho corporativo, fusiones y adquisiciones, y financiamiento. En esta entrevista explica por qué la región aún no ha logrado construir un marco regulatorio integral para la industria fintech.
"No existe todavía un marco regulatorio específico para el sector en cada uno de los países, sino que se han venido adaptando regulaciones que ya existían, dependiendo de qué servicios se van a prestar. Se ha respondido con normas puntuales, pero no de manera integral", afirma.
Como resultado, las empresas que buscan operar en la región no pueden replicar una misma estrategia regulatoria en todos los mercados. Cada jurisdicción impone requisitos, criterios y supervisiones propias, lo que obliga a evaluar cada operación de forma individual antes de iniciar actividades.
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Bancos y fintechs
Contrario a la idea de que las entidades financieras tradicionales compiten directamente contra las startups tecnológicas, la abogada sostiene que el vínculo entre ambos actores se ha construido sobre la cooperación, ya que las plataformas emergentes dependen de la infraestructura bancaria para operar de forma legal.
"Las fintech requieren de esta infraestructura de los bancos, de sus licencias y de los servicios que estos prestan para poder operar en cada una de las jurisdicciones. Más que un modelo de sustitución, hemos venido observando un esquema de complementación", añade.
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Expandirse sin multiplicar riesgos regulatorios
Expandirse hacia varios mercados centroamericanos supone un desafío que va más allá del crecimiento comercial. Para las fintech, uno de los principales retos consiste en diseñar una estructura societaria que permita operar de forma eficiente sin perder de vista las exigencias regulatorias de cada país.
Rizo explica que la práctica más común es crear una sociedad holding, dentro o fuera de Centroamérica, y constituir filiales operativas en cada jurisdicción. Sin embargo, aclara que esta estructura corporativa no sustituye el análisis legal que requiere cada mercado.
"La regionalización no elimina el riesgo regulatorio. Centroamérica no funciona como un mercado único, sino que cada jurisdicción tiene sus propias regulaciones. Es muy importante para estas empresas fintech poder revisar la legislación que existe en cada una de las jurisdicciones antes de entrar al mercado."
Entre los aspectos que requieren mayor atención, la especialista destaca las normas de prevención de lavado de activos, que exigen mecanismos de debida diligencia y obligaciones de reporte ante las autoridades competentes. A ello se suman las reglas de protección al consumidor, cuyo alcance y requisitos varían de un país a otro y deben cumplirse en cada mercado donde la empresa decida operar.
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El error que más se repite en la práctica
La socia administradora de Arias en Nicaragua identifica dos errores recurrentes entre las fintech que ingresan al mercado centroamericano:
- Subestimar las obligaciones regulatorias bajo la premisa de que la innovación tecnológica reduce la carga de cumplimiento.
- Priorizar la velocidad de salida al mercado sin realizar un análisis jurídico previo suficientemente profundo, lo que puede derivar en operar sin las autorizaciones requeridas o en diseñar modelos que no resultan sostenibles desde una perspectiva regulatoria.
"Esto puede traducirse en dos riesgos especialmente relevantes: operar sin contar con las autorizaciones requeridas y diseñar modelos que luego no resultan sostenibles desde una perspectiva regulatoria. Otro error común es replicar estructuras utilizadas en otras jurisdicciones sin adaptarlas debidamente al contexto local", opina.
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El reto para los reguladores
Consultada sobre el papel de los entes supervisores, la socia de Arias Nicaragua plantea que el gran desafío consiste en conciliar el fomento a la innovación con la protección del sistema financiero y de los usuarios, mediante marcos proporcionales que impongan estándares mínimos sin frenar a los modelos emergentes.
"Cuando ese equilibrio se rompe, surgen riesgos en ambos sentidos. Una regulación excesiva puede limitar la entrada a nuevos actores y favorecer una mayor concentración en el mercado. Por el contrario, una normativa insuficiente puede generar vacíos que faciliten prácticas abusivas e incrementen la incertidumbre", explica.
La abogada concluye que el diseño normativo del sector debe mantenerse dinámico, capaz de ajustarse al ritmo de la evolución tecnológica sin descuidar la confianza del sistema financiero regional.
Mira la entrevista completa en el siguiente enlace:






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