La norma involucra esfuerzos de las empresas no solo en términos de materia regulatoria, sino también desde la gestión y cultura organizacional. / Unsplash, Eduardo Flores.
Con la publicación del Reglamento de Supervisión del Organismo de Evaluación de Fiscalización Ambiental (OEFA), a través de la Resolución del Consejo Directivo N.° 00019-2025-OEFA/CD, Perú busca reactivar la economía con un paso decisivo en materia de protección ambiental. ¿De qué se trata esta nueva herramienta de supervisión ambiental y cómo las empresas pueden anticiparse a una crisis de reputación?
Ahora, el OEFA tiene entre sus objetivos incentivar el cumplimiento voluntario de normas ambientales, fortalecer los mecanismos de prevención de riesgos y alinear al país con los estándares regionales en gestión ambiental. En este proceso, el rol de las empresas será clave, no solo en términos de materia ambiental o regulatoria, sino también desde la gestión y cultura organizacional.
Julia Jiménez
“Esta publicación tiene como marco la política impulsada por el Poder Ejecutivo de simplificar la carga regulatoria y de priorizar la adecuación de conductas frente a la imposición de sanciones. En mayo de este año, el gobierno anunció un paquete de medidas destinadas a destrabar inversiones que se encontraban paralizadas por exigencias sectoriales en materia ambiental y cultural. Si bien esto no se indica en la exposición de motivos de la norma, considero que puede tomársele como una estrategia que busca reactivar la economía por las herramientas de adecuación de conductas que contiene”, contextualiza Julia Jiménez, asociada sénior de GSA Legal.
Según la abogada, el nuevo reglamento refleja no solo la necesidad de dinamizar proyectos de inversión, sino también un esfuerzo por alinearse con mecanismos ya existentes en la región.
“En Chile, por ejemplo, desde hace varios años se ha implementado la figura del 'acta de compromiso', que ahora se incorpora en la supervisión ambiental peruana. Esta herramienta permite que, antes de que la autoridad imponga una obligación administrativa, la propia empresa pueda comprometerse voluntariamente a realizar acciones correctivas o de mejora en materia ambiental”, resume.
¿Cuáles son los principales cambios que introduce el nuevo reglamento del OEFA?
La publicación del reglamento se da en un contexto de esfuerzos estatales por dinamizar la inversión y simplificar trámites.
“Los principales cambios que introduce giran en torno a reforzar herramientas de adecuación de conductas frente a la imposición de sanciones. En ese sentido, el reglamento prioriza mecanismos que buscan orientar y prevenir, más que imponer de manera inmediata multas u obligaciones adicionales”, señala Jiménez.
Otra de las novedades principales es la ampliación de las posibilidades de subsanación voluntaria y corrección de conductas. A diferencia de la normativa anterior, que restringía qué incumplimientos podían regularizarse, la nueva norma abre un abanico más amplio, permitiendo que los administrados corrijan infracciones ambientales de forma más flexible, siempre dentro de parámetros que garanticen resultados efectivos y verificables.
“También se presentan nuevos requisitos para la aplicación de la figura de ‘mejora manifiestamente evidente’, con el objeto de validar esfuerzos de upgrade en compromisos ambientales puestos en la práctica, pero que difieren de lo contemplado en los instrumentos ambientales”, informa la especialista en derecho ambiental.
Los cinco conceptos clave del nuevo reglamento son:
Supervisión orientativa: clarifica el objetivo educativo, ayudando a los administrados a entender y cumplir sus obligaciones ambientales antes de un procedimiento sancionador.
Subsanación voluntaria ampliada: habilita la corrección de un abanico mayor de incumplimientos, siempre que se garantice efectividad.
Mejora manifiestamente evidente: formaliza los parámetros para validar esfuerzos ambientales superiores a lo exigido por los instrumentos de gestión.
Acta de compromiso: permite a las empresas asumir acciones correctivas o de mejora en plazos concretos, evitando medidas inmediatas.
Procedimiento de dirimencia: delimita claramente en qué casos procede la dirimencia y cuáles son los parámetros aplicables. Para sectores particularmente sensibles, como los extractivos, esto representa una vía adicional para resolver situaciones de discrepancia técnica.
¿Por qué el reglamento es transversal a todos los sectores?
El OEFA ha establecido un conjunto de pautas y procedimientos comunes que serán aplicables a todos los sectores bajo su competencia, más allá de un sector específico. Ahora bien, las nuevas disposiciones se complementan con los reglamentos sectoriales que responden a las particularidades de cada actividad, dado que no es lo mismo minería, que energía o infraestructura, por citar algunas industrias.
“Desde la práctica, esto plantea tanto oportunidades como desafíos. La oportunidad está en contar con un marco regulatorio más uniforme, que genere mayor predictibilidad para las empresas y que reduzca, al menos en teoría, la discrecionalidad en la aplicación de las normas. El desafío, sin embargo, surge justamente de la diversidad de industrias: no es lo mismo fiscalizar a una empresa minera que a una industrial, y por eso los administrados hoy se preguntan cómo aterrizarán estas reglas generales en sectores con características muy distintas”, distingue Jiménez.
Para las empresas es importante revisar cómo se llevará a la práctica esta medida: según datos de GSA Legal, una de las principales interrogantes de sus clientes es cómo se aplicarán estas disposiciones transversales frente a obligaciones específicas de cada sector.
“Al tratarse de un reglamento tan reciente, todavía queda un margen de incertidumbre. Será necesario esperar a ver cómo el OEFA implementa estos lineamientos en la supervisión del día a día y si logra un equilibrio entre la homogeneidad de criterios y la flexibilidad que cada sector requiere”, indica la asociada sénior del despacho peruano.
Si bien el OEFA apunta a estandarizar criterios y otorgar mayor certidumbre, persisten dudas operativas.
Por eso, manualizar procedimientos, emitir directivas y capacitar a fiscalizadores y empresas será crucial para que los beneficios de la norma se materialicen.
Derechos y oportunidades del nuevo reglamento del OEFA
El reglamento reconoce nuevas garantías, como grabar las supervisiones y realizar reuniones de apertura. Además, permite usar mecanismos de adecuación de conductas incluso en procesos en curso.
“El principal riesgo para las empresas reside en no aprovechar a tiempo las herramientas y quedar expuestas a sanciones, perdiendo la oportunidad de demostrar proactividad y compromiso ambiental. Esto no solo tiene consecuencias legales, sino también reputacionales, especialmente en sectores altamente fiscalizados, como minería, hidrocarburos o energía, donde el desempeño ambiental es fundamental”, analiza Julia Jiménez.
La especialista, que cuenta con experiencia previa en OEFA, reconoce que para GSA Legal el desafío ha sido doble.
“Por un lado, explicamos los alcances del reglamento y las implicancias prácticas que puede tener para cada sector; y, por otro, recogimos las dudas e inquietudes que se van generando en cada conversación. Como se trata de una norma muy reciente, cada empresa nos plantea escenarios distintos y eso nos permite ir identificando con mayor claridad cuáles son los vacíos y las consultas recurrentes”, apunta.
Capítulo sostenibilidad y sustentabilidad
Aquellas empresas y organizaciones comprometidas con asumir un rol más proactivo en términos de sostenibilidad deberán atender el nuevo marco de la legislación peruana.
“Las herramientas de adecuación de conductas que incorpora el reglamento están diseñadas para que los administrados no esperen a la imposición de una sanción o medida correctiva, sino que puedan anticiparse y actuar voluntariamente frente a posibles incumplimientos detectados en sus operaciones.
Esto significa que, en lugar de reaccionar, los administrados tienen la posibilidad de corregir o incluso mejorar sus procesos y componentes ambientales, evidenciando un compromiso genuino con la sostenibilidad”, opina Jiménez.
Con esta medida concreta, el OEFA busca disminuir la cantidad de infracciones registradas y, en simultáneo, aumentar el número de compromisos voluntarios y de correcciones anticipadas por parte de las empresas.
“El reglamento puede convertirse en un punto de inflexión en la relación de los distintos agentes: las empresas tendrán incentivos para demostrar un compromiso activo con el cumplimiento ambiental; el Estado, por su parte, podrá destinar más recursos a la supervisión estratégica y menos a la sanción reactiva; y los inversionistas percibirán un entorno de mayor confianza y menor riesgo, lo que a su vez podría fortalecer la competitividad del país en términos de sostenibilidad”, concluye la asociada senior de GSA Legal.
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