¿Qué beneficios plantea el RIGI? La apuesta argentina para atraer inversiones

Tras la sanción de la Ley Bases en Argentina, la gran promesa del Régimen de Incentivos para Grandes Inversiones (RIGI) es atraer capitales. Ahora bien, ¿alcanza solo con la legislación y reglamentación? ¿Cuáles son los principales desafíos del equipo económico de Javier Milei para atraer inversiones? ¿Quiénes pueden aplicar al RIGI y a qué riesgos se exponen?

La estabilidad económica argentina es una cuestión de Estado: oficialistas y opositores la persiguen por igual. Al país le ha costado definir, en conjunto, políticas de Estado a largo plazo y la falta de previsibilidad ha sido una de las responsables de la escasa llegada de inversiones extranjeras. Entre los objetivos de la administración de Javier Milei está garantizar esa sostenibilidad.

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Requisitos, ventaja competitiva y beneficios del RIGI

Uno de los últimos capítulos de la extensa Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos (Ley 27.742) se fija en el RIGI, un régimen que busca fomentar el desarrollo de sectores estratégicos con incentivos para grandes inversiones.

Lo más interesante del RIGI es quizás su intención de proporcionar estabilidad fiscal, aduanera, cambiaria y regulatoria durante 30 años; es decir, previsibilidad a mediano plazo. Más allá de la intención, ¿es posible garantizar eso en Argentina?

“La única garantía que tiene la ley es la estabilidad fiscal, luego tiene beneficios”, señala Santiago Montezanti, socio del departamento de derecho tributario de Beccar Varela.

El Congreso de la Nación limitó el acceso al RIGI a nueve sectores:

1. Minería. 
2. Energía. 
3. Petróleo. 
4. Gas. 
5. Infraestructura. 
6. Turismo. 
7. Forestoindustria. 
8. Siderurgia. 
9. Tecnología.

Al respecto, de acuerdo con Montezanti, el primer requisito para acceder es material, es decir, solo los sectores especificados pueden hacerlo; el segundo requisito es temporal, pues hay un plazo de dos años para adherirse al régimen, prorrogable por el Poder Ejecutivo por un año más. El tercer requisito es cuantitativo:

"Para aplicar se necesita una inversión en activos computables de por lo menos 200 millones de dólares a lo largo del proyecto. La ley prevé que el Ejecutivo puede elevarlo, según el sector, pero nunca podrá ser superior a 900 millones de dólares. Por lo menos un 40 % de esos 200 millones de dólares deben ser invertidos en activos computables durante los primeros dos años”, resume.

Si bien el régimen restringe la aplicación a ciertos sectores de la economía, introduce una nueva figura en el derecho tributario argentino: el VPU.

“La titularidad de un RIGI implica acceder a un vehículo de proyecto único, es decir, no se puede hacer otra cosa. Una sociedad, por ejemplo, no puede ser beneficiaria del RIGI y hacer otra actividad, salvo que cree una sucursal dedicada, es decir, un nuevo contribuyente al que se le aíslan los activos, los riesgos y los pasivos afectados a ese proyecto. Los que pueden solicitar un RIGI deben ser VPU, titulares de una o más fases, de un proyecto único calificable como de gran inversión”, explica el especialista en derecho tributario.

Un VPU puede ser una sociedad anónima, incluidas las sociedades anónimas unipersonales y las sociedades de responsabilidad limitada; una sucursal establecida por sociedades constituidas en el extranjero (artículo 118 de la Ley General de Sociedades); una sucursal dedicada (artículo 170 de la Ley Bases); uniones transitorias y otros contratos asociativos.

“La sucursal dedicada supone algo que no existía en el derecho tributario argentino: que una misma persona jurídica se disocie en dos sujetos tributarios distintos. Tiene que tener capital asignado, activos, pasivos y personal asignados a la actividad, además de contabilidad separada. Se crea un nuevo sujeto tributario, que es un sujeto-empresa y cumple el objetivo de aislar el proyecto promovido de cualquier otra actividad, para no mezclar los beneficios del RIGI”, puntualiza Montezanti.

Las inversiones para aplicar al RIGI deben ser inversiones a largo plazo. “El flujo de fondos que genera el proyecto los primeros tres años no debe ser demasiado significativo en proporción al valor de las inversiones que se están haciendo en el mismo período. Por eso, los financieros van a tener que considerar muy bien si les conviene adelantar inversiones para quedar abajo de ese coeficiente, sobre todo los proyectos relacionados con el sector energía o hidrocarburos, que generan caja rápido”, anticipa.

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¿Qué tener en cuenta para adherirse al RIGI?

“En primera instancia, la inversión debe ser de al menos 200 millones de dólares en activos computables, es decir, bienes de capital o de uso. Al menos el 20 % del monto total de la inversión debe ser destinado a adquirir bienes u obras a proveedores locales, siempre que estén disponibles y cumplan con las condiciones del mercado, en términos de precio y calidad. Luego, los requisitos formales para acceder al régimen son: completar una solicitud de adhesión, presentar un plan de inversiones y una factibilidad técnico-económico-financiera, firmar una declaración de que el proyecto no distorsiona el mercado local y constituir garantías para resguardar el crédito fiscal, que pueden ser depósitos, seguros de caución, títulos, privilegios en primer grado, entre otros”, comenta el socio del departamento de derecho tributario de Beccar Varela.

De acuerdo con la norma, la autoridad de aplicación tiene un plazo de 45 días para resolver si aprueba o rechaza la solicitud de adhesión al RIGI. “Ese plazo es esencial y solo puede suspenderse en casos de solicitud de información adicional”, especifica Montezanti.

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Beneficios tributarios del RIGI

“En materia de impuesto a las ganancias, la alícuota aplicable va a ser del 25 %, flat, muy competitivo, y las actualizaciones previstas se practicarán sobre la base de las variaciones porcentuales del Índice de Precios al Consumidor (IPC). También contempla el beneficio de amortización acelerada y la posibilidad de computar quebrantos sin límite alguno, algo inédito en Argentina”, destaca el abogado.

En el caso de sujetos del exterior, el mayor beneficio radica en que la alícuota de retención de dividendos, que actualmente es del 7 %, se reducirá a 3,5 % a partir del séptimo año.

“En materia del Impuesto al Valor Agregado (IVA) trataron de resolver uno de los grandes problemas que tienen estos proyectos: la acumulación de créditos fiscales expuestos a la inflación. Esto genera que se inmovilicen los fondos durante un tiempo prolongado. Para resolverlo, para la compras de bienes de uso y para la obra de infraestructura, los VPU podrán pagar el IVA, incluidas las percepciones, a través de la entrega de Certificados de Crédito Fiscal. Esto denota la intención de tratar de sacar al Estado de por medio, para que los beneficiarios puedan tomarse los beneficios”, apunta Enrique López Rivarola, abogado sénior del departamento de derecho tributario de Beccar Varela.

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El régimen de estabilidad fiscal del RIGI

En la Ley Bases se trató de establecer una garantía de estabilidad. “La estabilidad tributaria, aduanera y cambiaria, junto con la estabilidad regulatoria, tendrá vigencia durante los 30 años siguientes de la fecha de adhesión por parte del VPU”, remarca la norma.

Para López Rivarola, el principal objetivo del régimen es que el beneficiario pueda obtener los beneficios directamente.

“Los impuestos que cubre son las alícuotas, tasas, montos e impuestos nacionales, salvo aportes y contribuciones de la seguridad social, alícuota al IVA y determinadas prórrogas. Esto le permite al beneficiario no pagar impuestos en caso de incrementos ni en caso de nuevos impuestos, pero incluso va más allá: si el sujeto promocionado paga algún impuesto por error, la norma establece que puede solicitar un crédito fiscal para computar con el impuesto de su preferencia”.

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Beneficios aduaneros

“El beneficio más atractivo que consagra la ley es la posibilidad que tienen los VPU de importar mercaderías, bienes de capital, bienes de uso, insumos, partes o repuestos totalmente exentos del pago de derechos de importación, de la tasa de estadística y comprobación de destino y de todo régimen de percepción, recaudación, anticipo o retención de tributos. En materia de exportación, los bienes obtenidos al amparo del RIGI estarán exentos del pago de derechos de exportación a partir de los tres años de adhesión al régimen, y a partir de los dos años en caso de los proyectos declarados de exportación estratégica", subraya Guido Krolovetzky, socio y codirector del departamento de comercio internacional & derecho aduanero de Beccar Varela.

El beneficio se extiende a los proveedores del VPU que importen mercadería que tenga destino final una enajenación a un VPU adherido al RIGI, con el objetivo de asegurar el beneficio en toda la cadena.

“Existirá una trazabilidad minuciosa por parte de la autoridad de aplicación: si el bien no es destinado a un VPU, habrá una desafectación del beneficio”, observa el especialista.

A su vez, repasa dos antecedentes interesantes en materia de RIGI, dos resoluciones del año 2000, la 256 y la 511: "Una es la de Grandes Proyectos de Inversión de Bienes Nuevos y otra es la de Grandes Proyectos de Inversión de Bienes Usados. Estas exigían, para la importación de productos, la constitución de una póliza. Si bien es un poco engorroso, una vez que la Aduana acredita que el proyecto está funcionando da la venia para liberar la póliza. Creo que en este caso, en el caso del RIGI, se contemplará una póliza global”, concluye.

Beneficios cambiarios

Los beneficios cambiarios se pueden dividir en tres ejes: estar exento de la obligación de ingreso y liquidación en determinados porcentajes respecto de los cobros de exportaciones de productos relacionados al proyecto adherido, también de la obligación de ingreso y liquidación de otros conceptos, como aporte de capital, préstamo y servicios; y la flexibilización de las restricciones sobre el acceso al mercado de cambio para el pago de utilidades, dividendos y algunos tipos de financiamiento.

“La regulación plantea estabilidad a nivel cambiario, es decir, que no debería verse afectada por una regulación más gravosa. Ahora bien, la falta de divisas es ajena a una modificación normativa y extraordinaria. Si no hay plata, no hay plata”, previene Gonzalo Ochoa, abogado sénior del departamento de derecho cambiario de Beccar Varela.

El especialista destaca un punto fuerte en los proyectos de exportadores: “Este tipo de proyectos pueden quedarse con hasta un porcentaje de lo que generen en el exterior y ese porcentaje puede quedar aislado de la falta de divisas local del Banco Central, entonces se podría calzar el repago de un financiamiento con los cobros de las exportaciones”, declara.

*En el marco de la sanción de la Ley Bases, Beccar Varela organizó el ciclo de encuentros Vientos de cambio en Argentina, con formato blended. Uno de los bloques del ciclo hizo foco en los beneficios tributarios, aduaneros y cambiarios del RIGI.