26/03/2026
El fortalecimiento del Ministerio Público en Chile, aprobado en enero y en revisión por el Tribunal Constitucional antes de su publicación, anticipa un entorno de mayor fiscalización para las empresas, en un contexto donde la persecución de delitos económicos gana protagonismo. Especialistas prevén más investigaciones, estándares más exigentes de compliance y un foco creciente en la responsabilidad penal de las personas jurídicas.
Esta reforma coincide con la entrada en vigor de la Ley 21.595 de Delitos Económicos, que amplió el catálogo de ilícitos y reforzó la responsabilidad penal de las personas jurídicas. Para Yoab Bitran, director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik (az), el cambio institucional podría traducirse en un aumento de investigaciones y casos vinculados al sector empresarial.
“Uno de los problemas compartidos en diversos países de la región es la falta de enforcement de leyes promulgadas. En Chile, por ejemplo, luego de la entrada en vigor de la Ley de Delitos Económicos se han levantado dudas por parte de diversos actores, incluyendo el propio órgano persecutor, respecto de la capacidad real del Ministerio Público de investigar y llevar adelante la persecución penal en relación con la Ley, dadas las urgencias, prioridades y recursos (presupuesto y staff) con que cuentan”, explica.
Por su parte, Matías Balmaceda, socio del estudio BCP, agrega que la influencia de esta reforma será evidente, porque un Ministerio Público con altos estándares de cumplimiento se reflejará en las empresas.
“Y, adicionalmente, en la medida en que el Ministerio Público empiece a incorporar dentro de sus procesos de trabajo estos temas de cumplimiento, son temas que también empezarán a fiscalizar en las empresas, las que eventualmente podrían ser objeto de persecución penal”, comenta.
Más recursos para investigar delitos complejos
La propuesta publicada en el sitio web de la Cámara de Diputados contempla en un plazo de cuatro años la suma de 820 nuevos cargos en el Ministerio Público, entre ellos 337 profesionales, 205 fiscales adjuntos, 150 administrativos, 118 técnicos, 5 auxiliares y 4 jefes de unidad.
En un escenario donde la criminalidad económica y organizada avanza más rápido que las capacidades estatales de persecución penal, este fortalecimiento tendrá un impacto directo en las empresas. Así lo afirma Raúl Montero, socio de Alessandri Abogados, al explicar que esta reforma contempla un aumento en la dotación de unidades especializadas en supervisión, gestión y probidad, y que tiene como objetivo central mejorar la persecución penal en investigaciones complejas.
“Un Ministerio Público con más personal especializado y mejor estructura investigativa implica exámenes más profundos a los controles internos de las compañías, desde la gestión de información sensible hasta la trazabilidad de operaciones financieras y el comportamiento de terceros vinculados”, comenta.
La iniciativa también establece la Fiscalía de Asuntos Supracomunales, una unidad con competencia nacional para investigar delitos de mayor complejidad y violencia, además de fortalecer la operación de los sistemas de turnos y flagrancia.
En la práctica, esto podría traducirse en investigaciones más centralizadas en casos de criminalidad económica, incluyendo esquemas societarios complejos, flujos financieros transnacionales o delitos vinculados a grandes proyectos de inversión.
Según Bitrán, el fortalecimiento del Ministerio Público viene a robustecer la capacidad investigativa y de supervisión de la persecución penal, lo que anticipa un entorno con mayor enforcement y mayor foco en los delitos económicos complejos y responsabilidad de las personas jurídicas.
“En simple, debiese traducirse en más casos”, afirma.
Balmaceda señala que la reforma tendrá un impacto positivo, porque si el Ministerio Público no persiguiera estos casos, la ley quedaría sin efecto. El especialista afirma que a raíz de los recientes eventos en Chile que han puesto a las empresas en la mira, ya se han enviado señales claras de que el organismo abordará esta línea, incorporando en su persecución penal la eventual responsabilidad de las personas jurídicas.
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Impacto en los modelos de prevención de delitos
El fortalecimiento institucional también podría modificar la forma en que las empresas gestionan sus programas de compliance. De acuerdo con el director del Grupo Compliance de Albagli Zaliasnik (az), un Ministerio Público con mayor capacidad de investigación exigirá a las compañías demostrar que sus Modelos de Prevención de Delitos (MPD) funcionan en la práctica y no se limitan a cumplir requisitos formales.
“En este contexto, las compañías deberán identificar y priorizar los riesgos, contar con controles adecuados, establecer políticas accesibles y capacitaciones prácticas, además de tener una gobernanza que permita avanzar en la implementación efectiva y supervisión del modelo, entre otros aspectos. Particularmente, se vuelve fundamental contar con trazabilidad y evidencia del cumplimiento”, sostiene.
En cambio, Balmaceda advierte que las empresas deben asegurarse de que todo el trabajo reciente en materia de cumplimiento se traduzca en una implementación efectiva.
“Ya tenemos algunos casos evidentes que han ocurrido en Chile en los últimos meses, en donde la responsabilidad penal de la persona jurídica empezará a intentar imputarse por parte del Ministerio Público. Para estos efectos, va a ser clave que todo lo que ellos dicen que han construido y han trabajado, efectivamente esté implementado, para que puedan lograr el objetivo de eximirse de responsabilidad penal y que esta solo quede asentada en las personas naturales, que son los presuntos autores de los actos constitutivos de delito”, agregó.
Para el abogado será clave que las empresas apliquen efectivamente lo que han desarrollado en cumplimiento, para poder eximirse de responsabilidad penal y que esta recaiga únicamente en las personas naturales responsables de los delitos.
Por su parte, Raúl Montero señala el fortalecimiento del Ministerio Público tiene una consecuencia directa en el mundo corporativo, ya que con capacidad reforzada y criterios de trabajo más uniformes, la Fiscalía podrá profundizar en investigaciones que involucran datos sensibles, estructuras societarias complejas o cadenas de proveedores difíciles de rastrear.
El abogado destaca que, frente a este nuevo escenario, las empresas, especialmente las medianas y grandes, deberían anticiparse en tres frentes.
- Programas de cumplimiento actualizados y operativos. Controles diseñados hace diez años no sirven para enfrentar riesgos actuales, como los ataques informáticos, uso indebido de información o estructuras de fraude más sofisticadas. Una Fiscalía con mejores capacidades obligará a revisar procesos y dejar evidencia clara de la forma en que se adoptan las decisiones internas.
- Preparación para interactuar con la Fiscalía. Una mayor capacidad investigativa implica requerimientos más frecuentes y rápidos. Las organizaciones deben contar con protocolos de respuesta, conservación de evidencia, manejo de incidentes, designación de responsables y un flujo de comunicación interno que evite improvisaciones.
- Gobernanza y trazabilidad. Si el Ministerio Público contará con nuevas unidades encargadas de revisar la consistencia de la persecución penal, las empresas deberán asegurarse de que su información interna sea coherente y verificable. La forma en que se documentan decisiones y controles será clave.
Mapa de riesgos según industria
El impacto de la reforma no será uniforme entre sectores. La exposición al riesgo penal dependerá de la naturaleza de las operaciones de cada industria. Bitrán advierte que cada industria enfrenta riesgos específicos y que el principal desafío es evitar modelos de prevención estandarizados.
“El desafío justamente es contar con modelos adaptados a esos riesgos, en lugar de documentos copy-paste”, resalta.
En infraestructura y construcción, por ejemplo, los principales riesgos están asociados a contratación pública e interacción con funcionarios. En minería y energía, destacan los riesgos vinculados a delitos medioambientales y al relacionamiento con comunidades.
En el caso de servicios financieros y fintech, los riesgos más relevantes incluyen fraude, lavado de activos y delitos informáticos.
Con todo, el abogado identifica un factor transversal de exposición: la complejidad operativa de las empresas.
“Si tuviese que mencionar uno, diría que las compañías con cadenas de suministro más complejas”, concluye.
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Un cambio con impacto regional
El fortalecimiento del Ministerio Público chileno se suma a una tendencia regional de expansión de la responsabilidad penal corporativa. En los últimos años, países como Perú, Colombia y Argentina han incorporado regímenes que permiten atribuir responsabilidad penal a las empresas. La diferencia radica en la capacidad de la institución para investigar y procesar este tipo de delitos.
Aunque se trate de una reforma chilena, su alcance puede influir en toda América Latina. Montero sostiene que los entes persecutores de la región enfrentan desafíos similares: delitos más complejos, grupos criminales coordinados y transfronterizos, así como presión ciudadana por instituciones capaces de responder.
En ese contexto, una modernización que refuerza supervisión, probidad y capacidad operativa puede convertirse en referente para otros países que evalúan actualizar sus sistemas de persecución penal.
“Para las empresas que operan en múltiples territorios y jurisdicciones, esto significa que los estándares de prevención de delitos tenderán a alinearse y es lo que vemos actualmente en las consultas de empresas que operan en distintos mercados de la región”, concluye.
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