08/04/2026
Con más de treinta candidatos en carrera hacia la presidencia, el proceso electoral peruano avanza hacia la primera vuelta de este 12 de abril de 2026 en un escenario abierto. Las encuestas más recientes sitúan a Keiko Fujimori (Fuerza Popular) en el primer lugar con 13 % de intención de voto, seguida por Rafael López Aliaga (Renovación Popular) con 11,7 % y Carlos Álvarez (Partido País para Todos) con 6,9 %, en una contienda donde ninguna candidatura logra marcar una diferencia sostenida.
En ese escenario, el debate público ha girado en torno a temas de seguridad, gobernabilidad y economía, mientras que la agenda laboral aparece de forma recurrente en los planes de gobierno, pero con menor desarrollo. De acuerdo con el Instituto Peruano de Economía, 7 de cada 10 trabajadores en el país se encuentran en la informalidad, lo que implica que no acceden a beneficios como vacaciones pagadas, Compensación por Tiempo de Servicios (CTS), seguro de salud o aportes a una pensión. A ello se suma la baja productividad, que limita la capacidad de generación de ingresos y amplía la brecha frente a estándares internacionales.
En este contexto, el análisis de Juan Valera, director fundador de Valcaya Legal, sitúa al sistema laboral peruano en una fase de alta incertidumbre regulatoria, atravesada por tensiones entre la necesidad de reactivar la economía y la presión por reforzar la protección laboral, en un entorno político fragmentado.
“A ello se suma un mercado laboral aún afectado por la informalidad estructural y por la lenta recuperación del empleo formal; pues todas las medidas propuestas y aprobadas son mirando al empleador formal pero poco o nada se hace por aumentar ese índice de formalidad. Las empresas operan con cautela ante la posibilidad de cambios normativos significativos, mientras que los trabajadores y sindicatos buscan mayor estabilidad y garantías frente a un contexto económico desafiante; posiblemente este escenario puede variar luego de la primera vuelta electoral”, resalta.
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Agenda laboral: propuestas incompletas
Un informe elaborado por Horizonte Laboral, entidad enfocada en políticas públicas en materia de trabajo, advierte que ninguno de los 34 planes de gobierno analizados plantea reformas laborales orientadas a disminuir la informalidad, que alcanza a más del 70 % de los trabajadores en el Perú. Si bien las agrupaciones políticas identifican desafíos como la baja productividad, la precariedad del empleo y las dificultades de inserción laboral juvenil, sus propuestas omiten desarrollar aspectos clave como la estabilidad en la contratación, los plazos contractuales y los mecanismos de fiscalización.
La mayor parte de las iniciativas se concentra en emprendimiento, productividad y generación de empleo. En contraste, temas como seguridad y salud en el trabajo, inspección laboral o gobernanza del sistema reciben escasa atención. De igual modo, se ignora la falta de desarrollo técnico. Los planes no detallan mecanismos de implementación, costos ni plazos.
Esta falta de interés contrasta con un entorno en el que la regulación laboral viene intensificándose. Según explica Valera, en los últimos meses la relación laboral ha estado marcada por criterios inspectivos más estrictos, especialmente en materia de tercerización, contratación civil, seguridad y salud en el trabajo y control de la jornada. En esa línea, señala que la Superintendencia Nacional de Fiscalización Laboral (SUNAFIL) ha reforzado la aplicación de precedentes administrativos y ampliado la supervisión sobre figuras como el teletrabajo y la desnaturalización de esquemas de tercerización, mientras que también se han producido ajustes en criterios jurisprudenciales vinculados a reposición laboral, negociación colectiva y determinación del vínculo laboral.
En paralelo, añade que la agenda electoral ha incorporado temas como la formalización, el fortalecimiento de la SUNAFIL, liberación de la ONP y AFP, la reforma de la ley procesal laboral, así como medidas vinculadas a pensiones, teletrabajo y empleo juvenil. Sin embargo, advierte que estos planteamientos no se traducen en propuestas operativas.
“En los planes de gobierno y debates presidenciales no se indica como es que se llevarán a cabo tales acciones, siendo esta una constante de procesos electorales anteriores”, afirma.
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¿Qué plantean los candidatos en materia laboral?
Las propuestas laborales se organizan principalmente en torno a formalización, empleo juvenil e incentivos económicos, con diferencias en el enfoque, pero con limitaciones similares en su desarrollo.
Propuestas laborales de los candidatos (ordenadas por intención de voto según la encuesta nacional de Datum Internacional):
- Keiko Fujimori (Fuerza Popular - 13%)
Plantea reconocer el comercio ambulatorio como forma de trabajo y crear una comisión multisectorial para el autoempleo, incentivos tributarios para la contratación de practicantes y programas de inserción laboral juvenil, además de simplificar trámites para facilitar la formalización. - Rafael López Aliaga (Renovación Popular – 11.7%)
Centra su enfoque en el respeto a los derechos laborales del personal nombrado, nombrado, como profesores, médicos, enfermeras y miembros de las fuerzas del orden. - Carlos Álvarez (País para Todos – 6.9%)
Promover la formalización mediante simplificación administrativa, incentivos tributarios y reducción de barreras regulatorias. - Alfonso López Chau (Ahora Nación - 6.1%)
Propone impulsar la formación dual que combine estudio y trabajo en alianza con empresas, así como crear un sistema nacional de capacitación y certificación laboral con alcance regional. También plantea una plataforma digital que conecte formación, certificación y empleo. - Jorge Nieto (Partido del Buen Gobierno - 5.9%)
Plantea mejorar de forma progresiva las condiciones laborales y salariales de los docentes, especialmente en zonas rurales. Además, propone incentivar la formalización en sectores como construcción y transporte mediante beneficios fiscales y medidas de protección, junto con un programa que articule productividad, reformas laborales y desarrollo de MYPES. - Roberto Sánchez (Juntos por el Perú - 4.9%)
Propone el reconocimiento de derechos laborales para trabajadores mineros y comerciantes informales, además de fortalecer a las microempresas como base del empleo. - César Acuña (Alianza para el Progreso - 4%)
Simplificar regulaciones, integrar ventanillas y vincular beneficios tributarios/financieros con la formalidad empresarial y laboral, articulado al PNCP y a la reforma del CNCP. Capacitación Masiva: reconversión digital de la fuerza laboral en IA, ciberseguridad y data science. - Ricardo Belmont (Partido Cívico OBRAS - 2.9%)
Promover la formalización a través de la "Ley de Obra Pública con Mano de Obra Formal", que incentive la contratación formal en empresas - Yonhy Lescano (Cooperación Popular - 2.5%)
Propone dictar normas laborales con enfoque en igualdad y diversidad, orientadas a reconocer derechos de mujeres y población LGBTIQ+, así como generar un millón de empleos durante su mandato. - Wolfgang Grozo (Integridad Democrática - 2.1%)
Plantea un modelo de financiamiento mixto para capacitación laboral con participación del sector privado y cooperación internacional. Además, propone fiscalizar el cumplimiento de cuotas de empleo (3 % en el sector privado y 5 % en el público) mediante SUNAFIL, con sanciones a empresas incumplidoras. - José Luna Gálvez (Podemos Perú - 2.1%)
Propone reactivar sectores intensivos en empleo como construcción, industria, agroindustria, turismo y servicios. - Fernando Olivera (Frente de la Esperanza - 1.7%)
Plantea apoyo a MYPES y jóvenes mediante compras estatales y financiamiento.
En palabras de Valera, las diferencias laborales entre candidatos se aprecian más en sus planes de gobierno y declaraciones sectoriales que en los debates televisados. El abogado identifica tres “grupos” de propuestas: uno orientado a flexibilizar ciertas restricciones (como la revisión de costos no salariales y la implementación de incentivos para la formalización); otro enfocado en fortalecer la protección y la capacidad de negociación de los trabajadores (mediante el fortalecimiento sindical, la expansión de la negociación colectiva y mayores límites a la tercerización); y un tercero centrado en la modernización del trabajo, incluyendo teletrabajo, plataformas digitales y políticas para el empleo juvenil.
“La diferencia entre candidatos no está tanto en los títulos de los ejes, sino en la intensidad de los cambios que proponen en cada uno y en cuánto están dispuestos a alterar el equilibrio actual entre flexibilidad empresarial y protección del trabajador”, sostiene.
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Cambios en el régimen laboral
Tras las elecciones del 12 de abril, ciertos elementos del régimen laboral peruano podrían experimentar ajustes significativos dependiendo de la orientación del gobierno electo. Entre ellos, remarca el vocero de Valcaya Legal, se encuentran los mecanismos de contratación temporal, la regulación de la tercerización y outsourcing, así como las reglas de negociación colectiva y las disposiciones sobre teletrabajo.
Estos componentes resultan críticos, ya que influyen directamente en los costos operativos de las empresas, la flexibilidad para organizar el trabajo y la protección de los derechos de los trabajadores. Sectores como minería, construcción o agroindustria podrían sentir estos efectos de manera más marcada, dado que la incidencia de estas normas es mayor en actividades intensivas en mano de obra.
Valera enfatiza que la implementación de ajustes rápidos en estos ámbitos suele marcar la agenda inicial de cualquier nuevo período presidencial, reflejando un equilibrio delicado entre protección laboral y competitividad empresarial.
El rol del Estado y fiscalización laboral
El Estado, a través de SUNAFIL, podría asumir un papel más activo, fortaleciendo su capacidad inspectiva y ampliando criterios de supervisión. Se espera mayor uso de herramientas digitales y protocolos uniformes, especialmente con la instalación de la Segunda Sala del Tribunal de Fiscalización Laboral.
El especialista menciona que el mercado laboral refleja cautela: muchas empresas postergan decisiones de inversión, expansión o contratación hasta conocer la orientación política del próximo gobierno. La incertidumbre sobre posibles cambios regulatorios genera moderación en la creación de nuevos puestos formales y refuerza la atención al cumplimiento de normas vigentes.
“En algunos sectores, se percibe una desaceleración en la expansión de operaciones. Considero que luego de la primera vuelta se podrá tener un escenario más definido”, enfatiza.
Frente a este panorama, Valera aconseja que las empresas anticipen posibles cambios en el marco laboral mediante una revisión integral de su cumplimiento normativo, reforzando especialmente los aspectos más sensibles a fiscalización, como seguridad y salud en el trabajo, contratación laboral indirecta (tercerización o intermediación), jornada y modalidades contractuales.
Para el abogado es fundamental actualizar políticas internas, realizar auditorías preventivas para identificar contingencias y fortalecer la trazabilidad de la relación laboral mediante contratos, adendas y registros confiables. Además, preparar escenarios de planificación ante eventuales reformas permitirá evaluar su impacto en costos, estructura de personal y estrategias operativas.
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¿Qué está en juego tras el 12 de abril?
Valera explica que los cambios laborales posteriores a un proceso electoral suelen materializarse en ajustes normativos de rápida implementación, como nuevos lineamientos inspectivos o actualizaciones en esquemas de contratación.
Sin embargo, la informalidad seguirá siendo el principal desafío. El experto advierte que aumentar cargas sobre el sector formal sin incentivos adecuados podría desincentivar la contratación formal. Reducir la informalidad requiere una combinación de simplificación administrativa, incentivos económicos y reformas normativas orientadas a la formalización.
“En sectores intensivos en mano de obra, la incertidumbre sobre posibles cambios en costos laborales o en la regulación sectorial influye directamente en la planificación operative”, comenta.
A pocos días de la elección, el mercado laboral peruano se mantiene en un escenario incierto. Las propuestas existen, pero no desarrolladas, y el resultado electoral será determinante para definir el rumbo de la política laboral en los próximos años.
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