31/03/2026
El panorama político y económico en América Latina ha entrado en un ciclo de volatilidad que ha llevado a familias de alto patrimonio y grupos corporativos a replantear cómo estructuran, protegen y proyectan sus activos. Reformas fiscales frecuentes, cambios regulatorios y tensiones institucionales han impulsado un interés creciente por países que ofrezcan previsibilidad y estabilidad y, sobre todo, herramientas jurídicas sofisticadas para la gestión patrimonial.
En ese entorno, Panamá se consolida no solo como un centro financiero regional, sino también como una jurisdicción estratégica para implementar estrategias de protección de activos y planificación sucesoria, mediante fideicomisos y otros vehículos jurídicos adaptados a la complejidad del entorno latinoamericano.
Según Luis Martínez, subgerente de Icaza Trust Corporation en Icaza, González-Ruiz & Alemán, este fenómeno no es una reacción a la coyuntura, sino parte de un cambio estructural: cada vez más empresarios latinoamericanos adoptan una gestión patrimonial integral y preventiva.
La Ley 1 de 1984 de Panamá gana relevancia en este escenario. Martínez explica que los fideicomisos panameños ofrecen autonomía patrimonial, aislando los bienes de contingencias externas y protegiéndolos frente a acreedores del fideicomitente o del fiduciario, salvo en casos muy específicos de fraude. Esta característica es fundamental para quienes operan en entornos donde el estado de derecho presenta fisuras recurrentes.
Este giro implica que, en lugar de reaccionar ante reformas tributarias o cambios regulatorios, las familias empresarias están llevando a cabo revisiones profundas de sus estructuras. Dicho proceso incluye la verificación de la titularidad de activos, su trazabilidad, la consistencia entre la realidad económica y la forma jurídica, así como la actualización de acuerdos entre partes relacionadas y protocolos familiares.
De la reacción a la anticipación
El paso de una gestión reactiva hacia una planificación preventiva refleja también una mayor sofisticación en materia de cumplimiento. Hoy, las estructuras patrimoniales ya no pueden diseñarse al margen de los estándares internacionales de transparencia y reporte.
El abogado señala que las estructuras patrimoniales se revisan considerando los deberes de reporte establecidos por modelos de intercambio automático de información tributaria, como FATCA y CRS, y que este proceso va de la mano con un fortalecimiento del gobierno corporativo y de la gestión de riesgos.
“Adicionalmente, es cada vez más frecuente formalizar reglas de continuidad y contingencia para escenarios como incapacidad, fallecimiento, terminación de vínculos entre socios o familiares y eventos de tensión financiera. Desde el diseño, se incorporan criterios de consistencia, como la residencia fiscal de los miembros, la localización y naturaleza de los activos y los efectos de transmisión, considerando el posible impacto de impuestos sobre ganancias de capital o impuestos a la herencia, según corresponda”, sostiene.
Los factores que impulsan esta transición son múltiples. La volatilidad política y económica sigue siendo un motor central, acompañada de reformas tributarias, cambios regulatorios y contingencias propias de cada entorno empresarial.
A ello se suma un entorno financiero cada vez más exigente, donde las entidades bancarias demandan transparencia, trazabilidad y debida diligencia. Esto obliga a que las estructuras patrimoniales sean coherentes, documentadas y sostenibles en el tiempo, combinando eficiencia operativa con seguridad jurídica y fiscal.
“El replanteamiento o revisión de las estructuras no se debe limitar a la mitigación de riesgos, sino a la construcción de estructuras consistentes desde la perspectiva tributaria, con sustancia y soporte documental suficiente para resistir positivamente una posible revisión, auditoría o requerimiento de información por parte de las autoridades”, precisa el experto.
¿Qué herramientas jurídicas protegen el patrimonio?
En este nuevo escenario, los empresarios latinoamericanos están recurriendo a una combinación de herramientas jurídicas que permiten ordenar la propiedad, gestionar riesgos y garantizar la continuidad del patrimonio.
En palabras de Martínez, existen tres líneas principales para estructurar y proteger el patrimonio. La primera se centra en los vehículos fiduciarios, como fideicomisos (Ley N.º 1 de 1984) y fundaciones de interés privado (Ley N.º 25 de 1995), que permiten definir reglas claras de administración, distribución y sucesión, al tiempo que ordenan la titularidad para fines de cumplimiento y reporte.
La segunda corresponde a estructuras holding, que centralizan inversiones y permiten aislar riesgos, facilitando la gestión operativa y tributaria. Finalmente, la tercera línea incluye instrumentos de gobernanza que establece un marco de reglas que facilitan la correcta administración de los activos, como acuerdos de accionistas y protocolos familiares, que regulan la toma de decisiones y la transferencia del control.
“Más allá de la denominación del vehículo, lo relevante es su racionalidad desde el punto de vista práctico, legal, fiscal y económico, de modo que la estructura responda efectivamente a las necesidades específicas de cada familia o empresa”, señala.
En opinión del especialista, no existe un instrumento que pueda considerarse superior a los demás en términos absolutos. Esto dependerá de los objetivos patrimoniales, las necesidades de cada familia o persona y su horizonte generacional, considerando la tipología de activos, las particularidades de la familia o empresa, las jurisdicciones implicadas y la residencia fiscal de sus miembros.
Cuando el objetivo es continuidad y sucesión, los fideicomisos y fundaciones permiten formalizar reglas y ordenar la titularidad para fines de cumplimiento y reporte, reduciendo la incertidumbre sobre la atribución de ingresos, beneficiarios y distribución de activos.
Para eficiencia operativa y administración de inversiones, una entidad holding facilita la consolidación de flujos, planificación de retenciones, distribución de dividendos y financiamiento intragrupo.
“En la práctica, la configuración más utilizada es una combinación de una estructura holding como vehículo de tenencia y un esquema fiduciario o fundacional para continuidad”, resalta.
En definitiva, afirma el experto, lo más importante no es elegir un vehículo legal superior, sino analizar cada caso y diseñar una estructura que se ajuste a las necesidades específicas, comprendiendo las ventajas de cada tipo de ente legal, ya que es común recurrir a la combinación de varios vehículos jurídicos.
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Panamá y la diversificación patrimonial
Uno de los elementos centrales en la planificación patrimonial actual es la diversificación jurisdiccional. Esta estrategia permite mitigar el riesgo país y facilitar el acceso a mercados financieros más estables.
“Desde la óptica tributaria, permite gestionar de manera más previsible la localización de inversiones, la administración de flujos y la eventual repatriación de capital, siempre que se sustente en una finalidad económica real”, menciona el abogado.
No obstante, advierte que este proceso ha evolucionado. En el pasado, la diversificación podía asociarse con estructuras complejas o poco transparentes. Hoy, en cambio, debe responder a criterios de sustancia, trazabilidad y coherencia fiscal.
“Diversificar no debe orientarse a la opacidad, sino a la organización”, subraya.
En ese sentido, Panamá ofrece una combinación de factores que explican su vigencia como jurisdicción clave. Por un lado, ofrece cuenta con un marco legal robusto y vehículos jurídicos muy utilizados en la práctica internacional. Por otro, dispone de un ecosistema financiero con experiencia en operaciones transfronterizas y que genera confianza.
“A ello se agrega el uso del dólar como moneda desde hace más de cien años y una estabilidad en general que favorece la planificación a largo plazo”, añade.
Un factor adicional, muchas veces subestimado, es la cercanía cultural y lingüística con el resto de la región.
“El hecho de que la documentación legal esté construida en otro idioma y bajo otro sistema legal, puede ser una barrera”, advierte.
Errores más comunes
No obstante, el experto advierte que muchas familias cometen errores al estructurar su patrimonio sin una estrategia legal adecuada.
“El error más frecuente es seleccionar el vehículo jurídico sin un diagnóstico tributario y de riesgos”, señala.
Según Martínez, no existe una fórmula única: lo que funciona para una familia puede ser inadecuado para otra, dependiendo de factores como la residencia fiscal, la composición de activos o la exposición a riesgos específicos. Ignorar estas particularidades puede derivar en estructuras ineficaces, ajustes costosos, fiscalizaciones o la necesidad de reestructuraciones.
Por ello, es fundamental contar con asesoría legal especializada en la jurisdicción de residencia fiscal de los miembros, asegurando que la estructura sea duradera y realmente operativa.
Otro error frecuente es descuidar el buen gobierno corporativo, la documentación y la sustancia económica de las estructuras. En la práctica, muchas contingencias surgen por la falta de soportes como actas, contratos o evidencia sobre el origen y destino de fondos, o por inconsistencias entre la forma jurídica y la realidad económica. Estos vacíos abren la puerta a cuestionamientos legales y fiscales que podrían haberse evitado con una planificación integral y ordenada.
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Sucesión y continuidad familiar
Uno de los principales desafíos para las familias empresarias en América Latina es la sucesión generacional. En ausencia de planificación, la transferencia de activos puede derivar en conflictos, fragmentación del negocio o pérdidas patrimoniales. En este punto, las estructuras fiduciarias juegan un rol clave.
“Su principal aporte radica en la claridad que introduce y en la posibilidad de tomar decisiones informadas, lo que facilita una transición ordenada del patrimonio”, señala Martínez.
Estas estructuras permiten definir reglas de administración, establecer criterios de distribución y anticipar contingencias, reduciendo la discrecionalidad y potenciales controversias
Desde la perspectiva tributaria, también facilitan documentar la atribución de ingresos, la condición de los beneficiarios y el tratamiento de las distribuciones, tomando en cuenta factores como la residencia fiscal de los miembros y la ubicación de los activos, aspectos que suelen generar desafíos en la transición y en la adecuada gestión de un patrimonio familiar.
Asimismo, facilitan la separación entre derechos económicos y políticos, lo que permite mantener la continuidad operativa de las empresas familiares incluso en contextos de incertidumbre.
“En escenarios de conflicto, contar con reglas y documentación clara reduce el riesgo de operaciones imp
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Transparencia, tecnología y tendencias futuras
El entorno global actual está marcado por una creciente transparencia fiscal y por el intercambio automático de información entre jurisdicciones. Esto también ha redefinido las reglas del juego para la planificación patrimonial.
“Por ello, los inversionistas no deben procurar escoger una estructura determinada solo en función de su costo, sino en función de la solución que aporta la misma”, afirma Martínez.
En este contexto, la sustancia económica, la documentación sólida y el cumplimiento normativo se convierten en elementos indispensables para la sostenibilidad de cualquier estructura.
Además, la transformación digital ha elevado el nivel de exigencia técnica de los fiduciarios.
De cara al futuro, el experto identifica tres tendencias principales:
- Preferencia por estructuras más simples y administrables, adaptadas a las necesidades específicas de cada familia, especialmente en un entorno de mayor transparencia fiscal.
- Mayor énfasis en la sustancia económica, la documentación y el buen gobierno corporativo, buscando que la estructura refleje una operación consistente.
- Planificación sucesoria y patrimonial realizada con mayor antelación, incorporando progresivamente los factores tributarios, aunque aún de manera insuficiente.
Con este panorama, Martínez indica que las familias y empresas están adoptando estructuras con reglas claras y planificación anticipada, alineadas con los estándares vigentes. Este enfoque no solo protege el patrimonio, sino que asegura la continuidad de los negocios, facilita la sucesión generacional y reduce riesgos legales y fiscales, lo que consolida la resiliencia frente a la incertidumbre regional.
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