Los desafíos de Panamá para proteger su sistema financiero frente a la quinta ronda de evaluaciones mutuas del GAFI

Panamá se prepara para enfrentar la quinta ronda de evaluación del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), un proceso que pondrá a prueba la eficacia de su sistema de prevención de blanqueo de capitales, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva.

Aunque en los últimos años el país ha fortalecido su marco normativo, el desafío ya no es solo regulatorio, sino de implementación efectiva. La evaluación medirá no solo la existencia de normas, sino su aplicación real, la capacidad de supervisión y la efectividad en la mitigación de riesgos.

Un hito reciente en este proceso fue la reglamentación de la Ley 23 de 2015 mediante el Decreto Ejecutivo No. 35, publicado en septiembre de 2022, que alineó las obligaciones de los sujetos supervisados con estándares internacionales.

Recientemente, en marzo de 2026, la Superintendencia de Sujetos No Financieros emitió la Resolución No. S-008-2026, que establece lineamientos más estrictos para la identificación y gestión de personas expuestas políticamente (PEP), ampliando el alcance de la debida diligencia. Sin embargo, persisten brechas relevantes de cara a la evaluación del GAFI. Entre ellas destacan la regulación de activos virtuales, la transparencia en la identificación de beneficiarios finales y la supervisión efectiva de estructuras corporativas complejas.

En este contexto, Lorena Rodríguez, abogada de Planificación Patrimonial & Servicios Corporativos en Morgan & Morgan, advierte que uno de los puntos críticos será garantizar la calidad y actualización de la información corporativa. 

“Es crucial que la información sobre beneficiarios sea correcta y actualizada, y que las estructuras legales sean monitoreadas de manera efectiva”, señala.

A estos desafíos se suman aspectos clave como la recuperación de activos y el intercambio de información entre jurisdicciones, elementos que el GAFI considera importantes para evaluar la efectividad del sistema. Para Rodríguez, el éxito depende de un trabajo conjunto entre el sector público y privado, capacitación constante y el fortalecimiento de la cultura de cumplimiento a nivel corporativo.

“Más que cumplir formalmente, se trata de proteger los sistemas financieros y no financieros de nuestros clientes y salvaguardar la integridad de las operaciones en Panamá”, agrega.

Para el sector legal esto significa que las estrategias corporativas deben adaptarse a un entorno regulatorio más exigente, con especial atención a la debida diligencia, trazabilidad de activos y transparencia en estructuras societarias, transformando la prevención en un valor agregado para la práctica profesional.