El reclamo por subsidios para el combustible y productos básicos en Panamá rebasó la agenda de pendientes en julio. Casi dos meses después, la Mesa de Diálogo por Panamá, que reúne al Ejecutivo, la Iglesia y diferentes grupos campesinos, sesiona para atender mejoras en salud, educación, economía y lucha contra la corrupción.
El 17 de agosto se reinició una vez más este espacio de análisis y negociación. Un día después, el Gobierno de Laurentino Cortizo Cohen sancionó la Ley 316/2022. La normativa exige a los funcionarios informar mediante declaración jurada la existencia de conflictos de interés, potenciales o existentes.
Luego de ser considerada por el Banco Mundial como una de las cinco economías con mejores previsiones de Centroamérica, Panamá se encuentra en una zona de riesgo como mercado de inversión. Esto último de acuerdo con un reporte del Departamento de Estado de EE.UU. A inicios de agosto, la agencia estadounidense señaló a la corrupción en la función pública, visibilizada en diversas e irregulares compras públicas, y el “débil sistema judicial” como razones para abstenerse de invertir en el país.
A decir de Siaska SSS Lorenzo, socia administradora de Arias Panamá, la Ley 316/2022, aunque interesante como parte de una estrategia, pierde fuerza al salir en un contexto de presión política. La norma entrará en vigencia en febrero de 2023 y hacia noviembre de este año se debe emitir su reglamento.
“Esta ley, aunque incluye normas y obligaciones con un tono de rigurosidad, empezará a regir el próximo año, lo que da al Gobierno la oportunidad de enmendar cualquier dificultad. Por el momento, no se puede tener mucha expectativa sobre esta norma, considerando que hay otras con un objetivo similar, el de luchar contra la corrupción, como la declaración patrimonial, la cual como es sabido no se cumple”.
Desde su amplia experiencia asesorando a compañías nacionales y multinacionales, Siaska SSS Lorenzo comparte los highlights de esta iniciativa legislativa a través de cuatro preguntas claves.
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Sobre las definiciones que contempla la Ley 316/2022, ¿cuáles destacaría como más novedosas y útiles en el avance y combate a la corrupción en el país?
Siaska SSS Lorenzo: Sin lugar a dudas la definición de Función Pública como parte de las actividades incluidas en la regulación. Es decir, alcanza no solo al funcionario sino a todo aquel que realiza una función al servicio del Estado, ya sea temporal o permanente con o sin remuneración.
Considerando que la Declaración jurada solicitada por la Ley transparentará las actividades realizadas o regalos y donaciones recibidas por la autoridad un año antes de asumir el cargo, ¿qué herramientas o consideraciones se tienen para un monitoreo similar durante la gestión del funcionario?
Siaska SSS Lorenzo: Todo se reduce a un tema de voluntad política de hacer cumplir la norma. Los mecanismos son posibles toda vez que el Gobierno tiene una agencia de inteligencia digital (la AIG-Autoridad de Innovación Gubernamental) que permite seguir y llevar control de cada Affidavit y su contenido, haciendo referencia cruzada con bienes registrados, viajes y visitas. Es decir, puede recabar toda la información que permita comprobar y monitorear la participación en actividades, el recibo de regalos, prebendas y por supuesto, el tráfico de influencias.
¿La sanción de esta Ley contribuiría a que Panamá salga de la lista gris de la GAFI?
Siaska SSS Lorenzo: Panamá tiene normas suficientes y sigue promulgando regulaciones. El asunto de fondo es que realmente se cumpla con lo que dicta la ley.
El GAFI y los organismos de vigilancia internacional lo saben y por eso seguimos en la lista. Hasta ahora, Panamá tiene fama, bien ganada, de impunidad de cuello blanco, donde el señalado en casos burdos anda libre por las calles, sin el menor reparo.
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¿Cómo se posiciona Panamá respecto de Centroamérica con esta iniciativa? ¿Cuál es su balance ahora en la pospandemia?
Siaska SSS Lorenzo: Panamá ha tomado la delantera en regular y exigir rendición de cuentas y separación en caso de conflictos de interés. Incluso en las licitaciones públicas, no conozco iniciativas similares en la región.
Mi balance, por el momento, es que los esfuerzos normativos deben concretarse de manera efectiva en la práctica, es decir, no quedar solo en el papel sino dar un brinco a la realidad.
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