07/02/2026
El tablero del comercio exterior en México dio un giro al iniciar 2026. A través de un decreto que modifica 1.463 fracciones arancelarias de la Ley de los Impuestos Generales de Importación y de Exportación (LIGIE), el Gobierno Federal formalizó la imposición de gravámenes que oscilan entre el 5 % y el 50 % para las importaciones provenientes de países con los que no mantiene acuerdos de libre comercio.
Esta decisión, impulsada por la administración de Claudia Sheinbaum y respaldada por el Congreso de la Unión, rompe con décadas de apertura comercial. El impacto regulatorio recae principalmente sobre las cadenas de suministro de China, India, Corea del Sur, Brasil y Rusia. Con el incremento de tasas impositivas, se busca limitar el ingreso de productos asiáticos, particularmente los de origen chino, bajo una lógica de fomento al mercado interno y el fortalecimiento de la competitividad local.
Según el titular de la Secretaría de Economía, Marcelo Ebrard, la medida responde a la necesidad de proteger la industria nacional y asegurar la estabilidad de 350.000 empleos. En términos fiscales, se estima que la nueva política generará una recaudación superior a los 70.000 millones de pesos (alrededor de 4.000 millones de dólares).
Contexto geopolítico y la revisión del T-MEC
Más allá del ámbito arancelario, Vidaur Mora Espinosa, socio de Rivadeneyra, Treviño, sostiene que la medida posee una carga geopolítica. El ajuste ocurre en un momento crítico previo a la revisión del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), que concluirá el próximo 1 de julio.
“La reforma refleja un giro más activo en la política comercial mexicana hacia una lógica de defensa industrial y control de prácticas de comercio desleal, en un contexto marcado por tres factores estructurales, el reposicionamiento de México como destino de inversión extranjera, la presión política y económica de Estados Unidos para contener flujos indirectos de productos asiáticos, y la necesidad fiscal del Estado mexicano de fortalecer la recaudación y el control aduanero”, explica el experto.
En esta línea, Mora interpreta esta medida como una maniobra diplomática de prevención: al mostrarse como un socio confiable antes de renegociar el T-MEC, México busca obtener mayor flexibilidad en negociaciones sobre temas sensibles como energía, reglas de origen automotrices y mecanismos laborales.
“La reforma envía una señal política clara a Estados Unidos. México está mostrando disposición a alinearse con la agenda de contención asiática y fortalecimiento de la integración regional”, resalta.
Desde una perspectiva jurídica, el especialista interpreta que la distinción técnica entre países con y sin tratados de libre comercio constituye una estrategia defendible bajo el principio de nación más favorecida de la Organización Mundial del Comercio (OMC).
Mora sostiene que al no señalar formalmente a una nación específica, sino aplicar un trato diferenciado con las que 'no tienen tratados de libre comercio vigente', el Estado mexicano reduce el riesgo de acusaciones por discriminación directa, aun cuando en la práctica el impacto económico se concentre de forma predominante en los exportadores chinos.
“Sí existen riesgos de impugnación. En la OMC podrían alegarse violaciones al artículo I del GATT, relativo al trato de nación más favorecida, y al artículo II sobre consolidaciones arancelarias, si los nuevos aranceles superan los topes consolidados por México. Bajo el T-MEC, Estados Unidos y Canadá podrían cuestionar la medida si consideran que afecta indirectamente cadenas de valor regionales, distorsiona reglas de origen o constituye una barrera no arancelaria encubierta”, advierte.
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Impacto en el sector automotriz y manufactura
La industria automotriz concentra gran parte de la carga impositiva. Los vehículos importados desde los países sin tratado pasan de un arancel promedio del 20 % en 2025 a una tasa del 50 % en 2026. De acuerdo con Mora, esta medida afecta a nueve fracciones arancelarias que incluyen tanto unidades terminadas como componentes, siendo las autopartes de bajo valor agregado las más afectadas, lo que podría elevar los costos de ensamblaje de proveedores Tier 2 y Tier 3.
También se aplican nuevos gravámenes al acero, aluminio, vidrio, papel, cartón y plásticos. En bienes de consumo, la regulación impacta a los sectores de textiles, calzado, muebles, electrodomésticos, cosméticos y juguetes, además de motocicletas y remolques.
“En textil, la medida encarece insumos como fibras sintéticas, telas técnicas y confección intermedia, lo que puede generar inflación de costos para marcas nacionales. En plástico, se prevén alzas en resinas, moldes y componentes industriales, afectando envases, electrodomésticos y bienes de consumo”, agrega.
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Riesgos de litigios y perspectivas para el nearshoring
El socio de Rivadeneyra, Treviño prevé un incremento en litigios aduaneros, recursos de revocación y juicios de nulidad ante el Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Frente a esto, indica que las empresas podrían recurrir a la reconfiguración de cadenas de suministro y al uso intensivo de programas IMMEX y PROSEC para mitigar el impacto.
“Los principales riesgos para las empresas extranjeras incluyen, incremento de costos operativos, incertidumbre regulatoria, disrupción logística, exposición a fiscalización aduanera y posibles sanciones por errores de clasificación. Estrategias de mitigación, auditorías arancelarias preventivas, rediseño de supply chain, uso de tratados comerciales alternativos, renegociación de contratos de suministro, incorporación de cláusulas de hardship y fortalecimiento del compliance aduanero”, detalla.
Ante la posibilidad de que China u otros países consideren que la medida viola acuerdos internacionales, los afectados podrían acudir al sistema de solución de diferencias de la OMC.
“También podrían implementar medidas de represalias indirectas como restricciones sanitarias, demoras aduaneras o barreras técnicas a productos mexicanos. El riesgo de retaliación no sería inmediato, pero es jurídicamente viable”, manifiesta.
Respecto al nearshoring, Mora señala que, a corto plazo, la competitividad podría reducirse por el alza en costos de insumos importados.
“A mediano plazo, si se acompaña de incentivos fiscales, financiamiento productivo y desarrollo de proveedores regionales, podría fortalecer la integración industrial de América del Norte. El riesgo es que, sin una política industrial complementaria, México pierde atractivo frente a terceros países”, menciona.
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Recomendaciones para el sector privado
Para enfrentar los cambios, el socio Rivadeneyra, Treviño recomienda a los importadores realizar revisiones integrales de fracciones arancelarias, evaluar reglas de origen, realizar un análisis de exposición fiscal y aduanera, revisar la reestructuración contractual, diseñar esquemas de cumplimiento IMMEX y PROSEC y preparar defensas legales preventivas y estrategias de litigio aduanero.
“Inventarios estratégicos anticipados, renegociación de precios con proveedores asiáticos, diversificación de fuentes de suministro, implementación de compliance aduanero reforzado, capacitación interna de equipos logísticos, simulaciones financieras de impacto arancelario y elaboración de planes de contingencia jurídica”, agrega.
Esta reforma marca un punto de inflexión en la política comercial mexicana. Para el abogado no es solo una medida arancelaria, sino una señal de que México está dispuesto a sacrificar parte de su tradicional apertura comercial a cambio de un alineamiento geopolítico y fortalecimiento industrial regional. Bajo esta nueva postura, la atención global se concentra ahora en la revisión del T-MEC.
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