22/05/2026
El mecanismo de Obras por Impuestos en Perú vive su transformación más profunda en años. El nuevo reglamento no se limita a sumar categorías de proyectos; cambia la lógica con la que el sector privado puede relacionarse con la inversión pública, haciéndola más temprana, más diversa y con un retorno fiscal más claro. Lissette Valderrama, especialista en Derecho Tributario y líder del Área Tributaria del estudio GSA Legal, identifica como el giro más importante del nuevo marco el alejamiento de la idea tradicional del mecanismo, durante mucho tiempo reducido a la construcción de carreteras, colegios u hospitales.
El nuevo reglamento introduce la categoría de intervenciones, bajo la cual caben inversiones, operación y mantenimiento, servicios y construcción de viviendas rurales. Para Valderrama, esto abre la puerta a empresas que antes encontraban el mecanismo demasiado distante de su giro de negocio o de sus prioridades territoriales.
La especialista subraya que la norma busca algo concreto: que las empresas puedan elegir intervenciones alineadas con su zona de influencia o sus compromisos de sostenibilidad, contribuyendo al cierre de brechas reales en salud, educación, saneamiento y vivienda rural.
El retorno fiscal se vuelve más útil
El atractivo tributario del mecanismo se sostiene en los certificados CIPRL y CIPGN, que la empresa recibe tras financiar una intervención pública y puede luego aplicar al pago de obligaciones ante SUNAT. Con el nuevo reglamento, esos certificados alcanzan hasta el 80% de la deuda tributaria correspondiente.
El espectro de tributos elegibles también creció. Al Impuesto a la Renta se suman ahora el Régimen MYPE Tributario, el Régimen Especial, el ITAN, el IGV, el ISC y el Impuesto Especial a la Minería. Los certificados tienen una vigencia de diez años, admiten fraccionamiento y son negociables, lo que les da una flexibilidad que pocas herramientas fiscales ofrecen.
Llegar antes que el proyecto esté cerrado
El nuevo marco permite que las empresas participen desde la identificación de oportunidades y la formulación de iniciativas, mucho antes de que exista un proyecto técnicamente definido. Valderrama ve en esto una ventaja real de planificación financiera y tributaria, además de una forma distinta de construir relacionamiento institucional.
El reglamento también abre la posibilidad de ejecutar diseño y obra de manera simultánea bajo metodología BIM, pensada para proyectos de gran envergadura o urgencia. La especialista advierte que esta modalidad exige disciplina contractual desde el primer día, con reglas claras sobre responsabilidades, aprobación de entregables y registro de cualquier variación técnica o económica.
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Para quienes evalúan el mercado peruano desde afuera, Valderrama afirma que las Obras por Impuestos no funciona como una donación ni como una concesión. La empresa financia una intervención que el Estado ha priorizado y recupera ese financiamiento a través de certificados tributarios.
El nuevo reglamento suma a ProInversión con un rol más robusto y una mejor trazabilidad de los certificados, lo que da más certeza al proceso. Aun así, la recomendación de la especialista es invariable: antes de tomar cualquier decisión, la empresa debe revisar su estructura tributaria en el país, su capacidad financiera y los riesgos técnicos, contractuales y reputacionales del proyecto que tiene en mente.
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