Ley Migratoria, Ley de Extranjería y Ley de Ciudadanía; la actualización migratoria de Cuba

Cuba vive uno de los éxodos migratorios más importantes de su historia reciente. Si bien no hay cifras oficiales, un estudio realizado por el economista y demógrafo cubano Juan Carlos Albizu-Campos da cuenta de que la población de la isla cayó un 18 % entre 2022 y 2023. Ante este contexto, el país ha decidido reconsiderar y actualizar su política migratoria con la aprobación de tres nuevas leyes: la Ley de Extranjería, la Ley Migratoria y la Ley de Ciudadanía. 

“Estas reformas responden a la lógica de circularidad de los procesos migratorios y a un enfoque moderno sobre el fenómeno de la multiciudadanía, adoptando las mejores prácticas internacionales bajo una concepción sistémica de desarrollo”, señala Lourdes Dávalos León, socia directora de Dávalos Abogados.

Según la Asamblea Nacional del Poder Popular, las reformas buscan regular el proceso migratorio cubano bajo una concepción sistémica de desarrollo: “Queremos una migración regular, ordenada y segura, de conformidad con lo establecido en la Constitución de la República de Cuba, en las leyes y en los tratados internacionales en dicha materia”, anunciaron.

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Migración, Extranjería y Ciudadanía

Uno de los puntos centrales de la reforma radica en la desaparición del límite de los 24 meses. ¿De qué se trata? Hasta ahora, los cubanos que salen del país tienen 24 meses para reingresar; caso contrario, pueden perder sus derechos sociales y patrimoniales.

Si bien la tríada de normas jurídicas ya han sido aprobadas por el Parlamento, aún no han atravesado el iter normativo correspondiente: para entrar en vigencia deben ser publicadas en la Gaceta Oficial.

A diferencia de las leyes de Migración y Extranjería, que reemplazan leyes de 1976 que a lo largo de los años se fueron reformando, actualizando y flexibilizando; la ley de Ciudadanía es inédita para Cuba. Las tres, por igual, marcan un punto de inflexión para el desarrollo socioeconómico del país.

“Estas normas cubren la deuda histórica de regular adecuadamente la política migratoria. En este sentido, incorpora la categoría de ‘residencia efectiva migratoria', que concede prerrogativas diferenciadas respecto a los residentes en el exterior”, explica Claudia M. Girón González, asesora jurídica de Dávalos Abogados.

Una vez que las leyes entren en vigencia, los cubanos expatriados tendrán tres categorías migratorias: residentes en el exterior, emigrados e inversores de negocios. 

“Las normativas, tanto para personas naturales como jurídicas, se aplica a ciudadanos cubanos; extranjeros que permanezcan en el territorio nacional o mantengan una clasificación migratoria; empresas mixtas; los órganos locales del Poder Popular; las organizaciones políticas, sociales, de masas, de base asociativa, de carácter profesional y con fines públicos; las empresas, compañías, agencias propietarias, representantes, explotadoras o consignatarias de medios de transporte internacional; y representaciones diplomáticas y consulares u otras oficinas cubanas autorizadas”, amplía Janet Ghersi Almarales, asesora legal de la firma boutique.

Para Dávalos León, las tres leyes tendrán un impacto económico: “Al momento de elegir y diseñar el modo de participar en el modelo económico cubano, los ciudadanos cubanos y los ciudadanos extranjeros regidos por los principios de integración, igualdad, equidad, oportunidad y racionalidad, no discriminación, trato individual, orden público, defensa y seguridad nacional, cooperación internacional, así como el respeto a los derechos humanos.

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Avances de la agenda legislativa cubana 2024

“A pesar de no haberse completado todo el calendario legislativo previsto para 2024, Cuba ha logrado una notable producción normativa. Las principales actualizaciones se han centrado en áreas como la política migratoria; la economía; reformas tributarias, laborales, ambientales y sociales; la privacy, fundamentalmente desde el desarrollo del principio de transparencia y acceso a la información; y la reestructuración de mecanismos de resolución de controversias en el ámbito comercial internacional”, resume Dávalos León.

Algunos de los avances más significativos del año han sido:

• La aprobación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información. “Es un reflejo del efecto Bruselas, que tiene como objetivo proteger la información y garantizar la divulgación, corrección, rectificación, modificación y actualización de los datos personales, así como el manejo de la información en los distintos ámbitos”, afirma Erick Machado Cerver, asesor jurídico de Dávalos Abogados
• La aprobación del marco normativo que moderniza el procedimiento de los métodos alternativos de resolución de conflictos (ADR) en el ámbito comercial, especialmente el arbitraje y la mediación. “Se establecieron procedimientos para la homologación, la habilitación y la acreditación de árbitros nacionales y extranjeros, asegurando un potencial catálogo de mediadores y árbitros que garantiza una heterogénea especialización de excelencia para resolver conflictos comerciales nacionales e internacionales en Cuba. Además, queda regulado y ordenado el arbitraje institucional y se incorpora el arbitraje ad hoc en la normativa”, diferencia Girón González.
• Los cambios en la política tributaria, especialmente para el caso de las Mipymes. “Se implementó un régimen general de tributación para los trabajadores por cuenta propia. Además, se estableció una tasa del 5 % para el Impuesto sobre la Utilización de la Fuerza de Trabajo, y se fijó una remuneración mínima que no puede ser inferior al salario mínimo establecido por el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. También se eliminó la exención del pago del Impuesto sobre los Ingresos Personales para los socios de las micro, pequeñas y medianas empresas respecto a los dividendos obtenidos durante el primer año de operaciones”, indica Ghersi Almarales.

“Aún quedan importantes desafíos legislativos por abordar, como las reformas al Código de Trabajo, el desarrollo de nuevas normativas en el ámbito agroalimentario, y la implementación de regulaciones en sectores emergentes, como las energías renovables. De cara a 2025, se prevé que la Asamblea Nacional del Poder Popular continúe priorizando leyes que apoyen la sostenibilidad económica y social del país, como la Ley de Seguridad Social, la Ley de Educación, y la Ley de Turismo, con el objetivo de fortalecer el modelo económico cubano, promover la inclusión, la sostenibilidad, la digitalización y garantizar el bienestar de la población”, concluye la socia directora de Dávalos Abogados.