27/03/2026
Guatemala avanza en una reforma para destrabar los permisos que han frenado la inversión en infraestructura eléctrica. A través de la iniciativa 6665, denominada Ley de Infraestructura Urgente para el Transporte de Energía, el Congreso busca agilizar la construcción de líneas de transmisión y reducir los retrasos administrativos que han limitado la expansión del sistema. En un país donde cerca del 10 % de la población aún no tiene acceso a electricidad, la propuesta apunta a cerrar la brecha energética y mejorar la estabilidad del servicio.
El sistema eléctrico guatemalteco atraviesa así un momento de presión que ha dejado de ser únicamente un asunto técnico para instalarse en la agenda política y económica nacional. La propuesta legislativa impulsada por el Congreso desde octubre de 2025 fue aprobada en primer debate el 3 de febrero y su segunda lectura el 10 de febrero, el proyecto se encamina ahora a una votación final bajo la figura de urgencia nacional.
La iniciativa 6665 pretende corregir un rezago en la construcción de líneas de transmisión que hoy se refleja en interrupciones frecuentes del servicio. Tormentas, accidentes de tránsito o fallas en la infraestructura provocan cortes que afectan tanto a los usuarios como a la actividad productiva, en un contexto de creciente demanda eléctrica.
El diagnóstico detrás del proyecto apunta a un problema acumulado durante años. Según los impulsores de la iniciativa, la expansión de la red de transporte no ha seguido el ritmo del consumo. Fuera del área metropolitana, las tarifas suelen ser más altas y la calidad del servicio presenta mayores variaciones. En el ámbito doméstico, los usuarios reportan daños en electrodomésticos relacionados a la inestabilidad del suministro, mientras que en el sector industrial la inestabilidad del suministro limita nuevas inversiones.
Energías renovables para alimentar la IA: retos y oportunidades para Centroamérica
Ley 6665: ¿Cómo facilitará el acceso a la electricidad?
El eje central de la iniciativa 6665 es la reorganización de los trámites administrativos vinculados a la construcción de infraestructura eléctrica. El Ministerio de Energía y Minas (MEM) asumiría la administración de una Ventanilla Única para la Instalación de Infraestructuras Eléctricas, concebida para centralizar la recepción y tramitación de expedientes que hoy se gestionan ante distintas entidades del Estado.
La categoría de infraestructura urgente incluiría proyectos del sistema de transporte tanto del Sistema Principal como del Sistema Secundario, independientemente de que su ejecución corresponda al sector público o privado bajo la Ley General de Electrificación.
La propuesta también amplía las facultades regulatorias de la Comisión Nacional de Energía Eléctrica (CNEE), que podrá emitir y actualizar normas técnicas para definir los criterios de priorización de proyectos. Con la finalidad de evitar bloqueos administrativos, el artículo 26 de la iniciativa establece que todas las entidades estatales deberán colaborar en la gestión de servidumbres necesarias para las obras de transmisión.
Además, el proyecto introduce montos uniformes para arbitrios municipales aplicables a subestaciones y líneas de transmisión. El propósito es reducir el aumento de cobros entre municipios, una situación que en ocasiones ha generado conflictos durante la ejecución de proyectos. Para Ligia López, sénior counsel de la firma GarciaBodan en Guatemala, la iniciativa apunta a resolver uno de los principales obstáculos que enfrentan los proyectos de transmisión en Guatemala: la dispersión de permisos y la falta de coordinación entre distintas entidades públicas.
Certeza jurídica y modernización del sector
Para los operadores del sector eléctrico, el alcance de la iniciativa podría cambiar la dinámica de desarrollo de nuevas líneas de transmisión. López señala que el objetivo central del proyecto es agilizar los procedimientos para construir infraestructura que actualmente se retrasa en múltiples instancias administrativas.
La especialista explica que el marco propuesto permitiría declarar estas obras de utilidad pública, lo que facilitaría la implementación de proyectos estratégicos para ampliar la cobertura del servicio eléctrico.
Entre los elementos más relevantes, López menciona la centralización de trámites mediante una plataforma electrónica y la definición de reglas más claras para la constitución de servidumbres legales, acompañadas de mecanismos de compensación para los propietarios de los terrenos afectados.
La meta de fondo que acompaña esta reforma es ampliar la cobertura eléctrica hasta el 99,9 % en 2032. Según la abogada, el proyecto busca crear condiciones regulatorias que faciliten la participación de inversión privada en la expansión de la red de transporte.
Cómo evitar los bloqueos administrativos
En la práctica, el desarrollo de proyectos de transmisión en Guatemala ha requerido históricamente gestionar permisos ante diversas entidades públicas, un proceso que suele generar retrasos y costos adicionales. La iniciativa 6665 intenta reorganizar ese esquema mediante la creación de un expediente único que integre la participación del MEM, el Ministerio de Ambiente y Recursos Naturales (MARN) y las municipalidades.
"La iniciativa 6665 propone tres cambios concretos. Primero, fortalece a la CNEE dándole mayor independencia técnica para definir qué obras son prioritarias y emitir normativas propias. Segundo, unifica la gestión de permisos en un expediente único por proyecto que integra al Ministerio de Energía y Minas, el MARN, las municipalidades y otras instituciones. Tercero, establece reglas uniformes para constituir servidumbres legales, con un proceso de compensación claro tanto para el desarrollador como para el dueño del terreno. En conjunto, el cambio más significativo es pasar de un sistema fragmentado a uno con reglas comunes y un solo punto de gestión", enfatiza.
Otro elemento incorporado en la iniciativa es el silencio administrativo positivo. Este mecanismo establece que, si una autoridad no emite una respuesta dentro del plazo previsto, su silencio se interpretará como una aprobación del trámite correspondiente.
De acuerdo con la experta, esta herramienta busca reducir los cuellos de botella que han retrasado proyectos de infraestructura durante años. La ley también fija plazos específicos para distintas etapas del proceso administrativo, con el objetivo de acotar los tiempos de tramitación.
En el plano económico, la creación de un arbitrio municipal único pretende evitar la imposición de tarifas diferentes por parte de cada municipalidad. Esta práctica ha sido señalada por actores del sector como un factor de incertidumbre financiera en proyectos de transmisión.
Para los desacuerdos vinculados con montos de indemnización por servidumbres, el proyecto contempla el arbitraje como mecanismo de resolución. Bajo este esquema, las obras podrían continuar mientras la controversia económica se resuelve en una instancia arbitral.
Ley 32249: Los nuevos vientos en la energía renovable en el Perú
El desafío de cerrar la brecha energética
La iniciativa también recoge elementos presentes en marcos regulatorios de otros países de la región. La senior counsel de la firma GarciaBodan en Guatemala menciona que el proyecto incorpora referencias a mecanismos aplicados en jurisdicciones como Chile, en materia de servidumbres para infraestructura energética, y Colombia, en relación con procedimientos abreviados para la obtención de permisos.
Al adaptar estas experiencias al contexto guatemalteco, el país busca fortalecer las condiciones regulatorias para proyectos de infraestructura eléctrica que requieren inversiones de largo plazo y estabilidad normativa.
"Si se aprueba, el país ganaría en certeza jurídica para inversiones de largo plazo, algo que hoy es un factor de riesgo para empresas que requieren alta confiabilidad en el suministro. También se alinea con el Plan Indicativo de Electrificación Rural, que plantea subir la cobertura del 90 % actual al 99.9 % para 2032, una meta que sin un marco legal de este tipo difícilmente se alcanzaría en ese plazo", explica.
Según la especialista, un marco legal de este tipo resulta necesario para avanzar en el Plan Indicativo de Electrificación Rural y ampliar la cobertura del servicio.
Más allá de la aprobación legislativa, en un país donde cerca de dos millones de personas aún viven sin electricidad, el desafío no es solo construir nuevas líneas de transmisión, sino finalmente encender la luz donde todavía predomina la oscuridad.
Add new comment