La Ley de Valores digitales, el impuesto a las aseguradoras y la facturación electrónica de El Salvador

Distinto de lo que se registra a nivel continental, El Salvador reporta cifras de crecimiento sostenido a nivel de recaudación fiscal. Así lo destacó el titular de Hacienda, Alejandro Zelaya, a mediados de mes. Este crecimiento, sin embargo, no puede garantizarse hacia el 2024, a decir de los especialistas. 

Ministro @AlejandroZelay9 en @Frentea_Frente: “Somos líderes a nivel latinoamericano en recaudación, en 2022 recaudamos $252 millones más de lo proyectado y obtuvimos un 25% más en recaudación del Impuesto sobre la Renta en comparación con el 2021”. pic.twitter.com/CWkhGBnpmw

— Ministerio de Hacienda (@HaciendaSV) January 10, 2023

Mauricio Orellana, recién nombrado socio de García & Bodán, firma centroamericana con sedes en cinco países de la región, asegura que la estabilidad recaudatoria dependerá sobre todo de dos factores: el ingreso de remesas extranjeras de personas salvadoreñas migrantes que trabajan en EE.UU. y, segundo, de lo que se reúna entre abril de 2023 hasta abril del próximo año. 

“Las remesas son un importante componente de ingresos en nuestro país y si los compatriotas en el exterior ven afectados sus ingresos o aumenta la tasa de desempleo, implica que habrá menores remesas desde EE.UU., con ello, sin lugar a dudas, habrá un impacto en nuestra economía. Esto se reflejará como otros impactos que pueda haber en la recaudación para el 2024 que inicia en abril. Una contracción no se 'sentiría' este año, en el que podríamos en todo caso ver estancamiento, pero sí en el siguiente”.

En lo que respecta a los estímulos a la economía salvadoreña desde lo fiscal, Orellana asegura que la apuesta del gobierno es especialmente por los activos digitales, en el sector energético, en el marco de la transición hacia fuentes renovables, y en el sector turismo. 

De los tres, el especialista en materia tributaria hace énfasis en seguirle el rastro a las regulaciones en materia de activos digitales, aprobadas hace casi 15 días. 

“Tanto el turismo como las energías renovables tienen un paquete de incentivos vigente desde hace 10 años. Para el primero hubo un impulso inicial importante con inversores, luego se ralentizó y ahora hay nuevamente un impulso. Para las energías las inversiones iniciaron más en pruebas pilotos, su impulso fue más paulatino y recién ahora es notorio el interés de las compañías. Actualmente, la apuesta más importante del gobierno es todo lo concerniente a lo digital y es por ello que se han generado oportunidades desde lo fiscal que se deben revisar y a las que debemos estar atentos”. 

A esta tendencia en materia tributaria se suman otras dos que resaltan este 2023 y su aplicación está en curso desde hace muy poco, se trata del cobro del 5 % de impuesto a las compañías aseguradoras para robustecer el fondo del que disponen los bomberos y la implementación de la facturación electrónica. En entrevista, Mauricio Orellana hace un balance de una de las economías más importantes en Centroamérica este 2023.

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2023 inició con el lanzamiento de una plataforma que orienta a los contribuyentes a ser emisores de factura electrónica, ¿cuáles son sus principales recomendaciones para atender esta transición?

Mauricio Orellana. Este es el tema más consultado ahora. La facturación electrónica tiene bondades y tiene retos para una economía como la del país. Para las compañías con facturaciones masivas, el facturar de manera electrónica representa una ventaja al recortar gastos en logística, que no solo implica ahorro en papel, sino ahorro en tiempo, mayor efectividad para poder generar la documentación que registra la contraprestación y poder entregarla ese mismo día, así como la capacidad de almacenar la documentación; además del cuidado al medio ambiente. Ahora, cuando hablamos de compañías que tienen facturación masiva, sabemos que son entidades que van a poder solventar y recuperar, al cabo de un tiempo, la inversión en infraestructura tecnológica, hardware y software, así como capacitación que la facturación electrónica requiere para su implementación. 

A la luz de este tema, ¿cuál es el gran desafío para el país? Que no contamos con un régimen simplificado para el mediano y pequeño contribuyente. En el país una persona que factura al año más de 5.700 dólares debe estar inscrita y eso implica que, independientemente de que sea un negocio muy pequeño, tiene que estar al tanto de los cambios que sucedan. Contar con un dispositivo para generar la facturación, aunque sea por medio de la forma que facilita el gobierno, implica que en el punto de venta haya un dispositivo conectado a internet. 

Además, es indispensable conectarse al sistema de la autoridad tributaria, generar una base de datos de los clientes para enviarles el link virtual descargable o la representación gráfica de la factura.

Para los ‘otros contribuyentes’, como se conoce a los pequeños, la inversión será muy alta y esto representará un reto. Para el mediano esto quizás sea una inversión importante de entrada, porque tiene que acomodar sus sistemas, sus registros, ajustar su operación al sistema, pero a la larga tal vez su caso sea el de alguien que podrá ir recuperando su inversión con todos los otros ahorros mencionados.

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Desde su expertise, ¿la exención de impuestos a favor de emisores y proveedores de activos digitales en la Ley de Valores Digitales puede ser una ventana para la evasión tributaria? 

Cualquier exención que se da en un país puede dar lugar a la generación de una evasión o elusión fiscal. Lo que tenemos que hacer es ir a la parte de la exención y articular la normativa necesaria para generar los controles que ayuden a limitar esas malas inversiones. Una perspectiva que es importante poner en práctica en torno a este asunto es avanzar con la regulación conforme se lleve a la práctica la actividad. Por ejemplo, nosotros antes teníamos regulación escasa sobre comercio electrónico y fue a raíz de la pandemia que se tuvo que hacer una análisis rápido y las autoridades renovaron la normativa. 

Cabe decir que la ley, en su planteamiento, es bastante genérica y delega mucho a la Comisión Nacional de Activos Digitales, además, aún no se conoce el reglamento de la normativa, por lo que tendremos que esperar que este sea robusto para poder generar los controles que regulen la actividad de comercio de activos digitales e inversiones, para que así toda operación se haga de la manera más transparente posible.

Ha entrado en vigencia el cobro del 5 % de impuesto a los seguros con el objetivo de fortalecer los fondos de los que disponen los bomberos, ¿cómo se está llevando a cabo esto en la práctica?

Este es un impuesto que hizo mucho ruido en su momento. El gran desafío se sitúa en cómo se afecta la rentabilidad de las aseguradoras por medio de un tributo (que cobra el 5 % del servicio) que en el proceso subvierte el espíritu del impuesto ad valorem —ya incluido en el precio de servicio— convirtiéndolo en un impuesto directo —añadido al precio de servicio—. Conforme se vayan renovando las pólizas de seguros veremos cómo reaccionan las compañías. 

Otro aspecto importante es cómo van a interpretar las autoridades los registros que se hagan del impuesto, que son los que constantemente dan problemas con este tipo de gravámenes. No solo está la carga tributaria sino que también es importante observar cuál será el criterio de la autoridad para el registro y control de este impuesto.

De momento no se ha sabido que existan fiscalizaciones programadas para examinar su control, pero ya hemos visto en otros casos cómo al cabo de seis o nueve meses llegan revisiones exprés para ver cómo lo están aplicando y aparecen algunos cambios para ajustarse al criterio de la autoridad. Si eso sucede será importante para ver cómo se está aplicando. 

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¿Qué tendencias tributarias depara el 2023 para El Salvador?, ¿qué lugar ocupa el país respecto del rumbo que se sigue en la región en la materia?

Sin lugar a dudas en temas tributarios, la facturación electrónica va a ser una tendencia que nos va a llevar mucho tiempo del 2023, sobre todo cuando tengamos el calendario de la migración obligatoria. Hasta ahora se ha emitido normativa para que las personas vayan haciendo la transición, pero no hemos tenido un calendario que dé un plazo definitivo. Por ejemplo, plantear que sea diciembre de 2023 el plazo para que todas las grandes empresas realicen la transición o tal vez todo el sector comercial.

La segmentación es el otro apartado. Cuando se cuente con un calendario de la transición a la facturación electrónica será un proceso que concretarán las entidades que ya están en esta transición en primera fase, me refiero a las compañías que ya se están asesorando.

Estaremos atentos a revisar qué medidas se lanzarán en materia fiscal en torno a cómo le vaya en materia económica al país, por ejemplo, la posibilidad de que se haga un reajuste a la carga tributaria será importante. Además, cuando llegue el reglamento de la normativa de Ley de Activos Digitales será un marco a analizar. Seguramente tendremos consultas de potenciales inversores sobre cuál será su alcance, cómo se va a aplicar, cómo serán las medidas de las exenciones tributarias así como las medidas de control que se podrían añadir.  

Respecto del lugar que ocupa el país considerando Centroamérica, tenemos naciones como Guatemala, que se anticiparon un poco en el tema de la facturación electrónica y que han avanzado en algunos controles. De allí también destaca Costa Rica y justo detrás viene El Salvador, que ha llevado la delantera en activos digitales. Fue nuestra jurisdicción la que entró en ello antes que Panamá y se animó a regular y fomentar esta actividad. Hasta el momento el impulso que se le ha dado y se le sigue dando al tema nos ha permitido ser pioneros y liderar en esta materia en Latinoamérica.