El curso sinuoso que sigue la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal que, a pedido del Consejo de Administración Legislativa (CAL), ahora se sujeta a una posible interpretación de la Corte Constitucional, deja en la incertidumbre su vigencia. En la última semana, dos proyectos legislativos que eliminan los efectos tributarios de 22 normas fueron ingresados a trámite ante la Asamblea Nacional. La ley, publicada en el Registro Oficial 587, vigente desde el 1 de enero del presente año, fue suscrita por el Presidente de la República Guillermo Lasso, quien la promulgó el 29 de noviembre del 2021.
Cabe recordar que de cinco proyectos remitidos al Legislativo, la Ley de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal es el único proyecto de la administración de Lasso que está vigente. Tal logro fue conseguido bajo el mecanismo constitucional del ministerio de la ley, una figura que permite que el Ejecutivo ecuatoriano pueda promulgar una normativa y publicarla directamente en el Diario Oficial. Pero esto sucede cuando no hay quórum en el pleno de la Asamblea para que se apruebe o rechace una propuesta de carácter económico urgente.
Para Andrea Moya, socia y líder del área tributaria de CorralRosales, el principal objetivo de la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal es dotar al Estado de recursos adicionales para reducir el déficit fiscal y ordenar las finanzas públicas, pues han sido un obstáculo significativo para el crecimiento de la economía.
“Se establecieron impuestos temporales al patrimonio, se creó un régimen impositivo para regularizar activos en el exterior, se incrementó el impuesto a la renta que afectará a las personas de más alto ingreso (que representan el 3,4% de la población económicamente activa) y se simplificaron ciertos elementos del mismo impuesto. Entre dichos elementos se incluye la eliminación de incentivos tributarios para inversiones en industrias básicas, sectores priorizados y alianzas público-privadas que habían sido creados en años anteriores”, explica Moya, quien también cuenta con amplia experiencia en asuntos aduaneros.
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En su análisis, estas reformas -cuyo devenir se ha vuelto incierto- traen consigo la expectativa de concretar inversiones en un ambiente político y económico más estable. Algo que se espera conseguir, por ejemplo, mediante la creación de incentivos generales que reducen hasta en 5 puntos porcentuales la tarifa del impuesto a la renta (IR) y la exoneración del impuesto a la salida de divisas (ISD) y aranceles para la importación de activos y materia prima.
A continuación algunos apuntes que, de acuerdo con Moya -parte del International Fiscal Association (IFA) y vicepresidenta de la Comisión Especializada en Impuestos de ICC Ecuador- son clave.
¿Cuáles son los principales desafíos que presenta la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal, considerando que aún debemos lidiar con la pandemia?
Andrea Moya. Es importante distinguir los objetivos de mediano y largo plazo que se propone la ley, como el ordenamiento de las finanzas públicas frente a asuntos de coyuntura como la pandemia.
Ecuador ha mantenido abiertas sus fronteras al comercio y, en general, no ha estado sujeto a cierres de actividades como varios otros países. Eliminando los grandes déficits fiscales que ha soportado el país por varios años y que han resultado en un crecimiento peligroso del endeudamiento público, interno y externo, se espera que se dinamice la economía con la creación de empleo de calidad, que es la mayor necesidad del Ecuador.
¿Cuáles son los principales cambios regulatorios en materia aduanera y comercio exterior que se aplican con esta ley?
Andrea Moya. El principal cambio en materia aduanera y comercio exterior fue la exclusión del valor del flete para el cálculo de los derechos arancelarios, a fin de reducir su impacto en el costo de las mercaderías importadas. De esta manera se espera morigerar el efecto del significativo aumento de los fletes en el mercado mundial.
Además, la Ley Orgánica de Desarrollo Económico y Sostenibilidad Fiscal incluye reformas para reducir los tiempos de procesos administrativos a cargo de la Autoridad Aduanera, implementar sistemas tecnológicos para el control aduanero y la realización de consultas anticipadas para otorgar seguridad al importador sobre el tratamiento que se dará a la mercancía.
En este mismo ámbito, el Gobierno está negociando varios acuerdos comerciales con el objetivo de facilitar el acceso de las exportaciones a los mercados internacionales. También se han derogado varios reglamentos técnicos del Instituto Ecuatoriano de Normalización (INEN) que se convirtieron en obstáculos para el comercio.
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¿Cuáles son sus recomendaciones para sobrellevar de manera exitosa los cambios que promueve esta ley?
Andrea Moya. Los cambios frecuentes de la legislación tributaria confirman la conveniencia de que las empresas celebren contratos de inversión con el Estado para asegurar la estabilidad del régimen de impuestos. Así se lo hemos hecho saber a clientes actuales y potenciales. También hemos puesto a consideración de los clientes regímenes transitorios establecidos en la Ley que pueden convenir en casos concretos, como la transacción en materia tributaria, y un régimen transitorio que permite la eliminación de hasta el 100% de intereses y recargos establecidos en procesos de determinación.
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