11/05/2026
A varios meses de la entrada en vigencia de la Ley Aduanera de México, aún no se perciben mejoras en la recaudación, uno de los objetivos que se espera lograr con la reforma aprobada el año pasado. De hecho, la Agencia Nacional de Aduanas de México (ANAM), reportó recientemente una disminución de 7,9 % en promedio en la recaudación por operaciones de comercio exterior en el primer trimestre de este año en comparación con igual periodo de 2025. El impacto se sintió en la mayoría de aduanas del país, pero en las fronterizas fue mayor (-14,4 %). De acuerdo con el informe de ANAM, la caída se atribuye a la apreciación del peso mexicano frente al dólar, lo que abarata las importaciones e impacta la base gravable de los impuestos al comercio exterior.
Pero más allá de los resultados, la Ley Aduanera ha implicado una serie de ajustes en el sistema de comercio exterior que se han traducido en cargas operativas adicionales para los actores que participan en este negocio. Adicionalmente, en su informe de este año sobre barreras al comercio exterior, la Oficina del Representante Comercial de Estados Unidos (USTR), al referirse a México, cita la limitada previsibilidad en cambios regulatorios, aumento en los requisitos de información para importaciones, imposición de un régimen de responsabilidad más estricto para agentes aduanales, así como mayores facultades de las autoridades para detener o asegurar mercancías, lo que viene afectando la relación comercial bilateral.
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Compleja transición
Esta es la apreciación de Félix Ponce-Nava, consejero de comercio exterior en Pérez-Llorca México, al evaluar los primeros meses de implementación de la Ley Aduanera, que exige a las empresas avanzar hacia un modelo de cumplimiento más intensivo, documental y preventivo.
Otro de los objetivos de la reforma a la Ley Aduanera es combatir los delitos de comercio exterior, como la subvaluación, contrabando y evasión, que Ponce-Nava considera legítimo, pero, en la práctica, ha conllevado a que las empresas enfrenten una sobrerregulación operativa, mayores cargas de información, ampliación del expediente electrónico y un entorno sancionatorio significativamente más estricto, siendo el cambio más visible la profundización del expediente aduanero.
Hay además exigencias que van más allá de la declaración, como demostrar integralmente la operación, el Comprobante Fiscal Digital por Internet (CFDI), medios de pago, contratos, costos logísticos, seguros, elementos de valor y trazabilidad completa, teniendo como eje la Manifestación de Valor Electrónica, han obligado a las empresas a rediseñar procesos internos y prácticas corporativas en plazos muy cortos.
Para el abogado, esto se ha traducido en una pérdida de eficiencia operativa donde, si bien el sistema gana control, introduce fricción, más validaciones, más puntos de falla y mayor exposición a contingencias por errores formales. En el caso de sectores como el maquilador, el impacto es mayor por la exigencia de controles en tiempo real y la sensibilidad a embargos precautorios, advierte.
Más allá del marco legal
La limitada previsibilidad en los cambios regulatorios aduaneros en México es interpretada por el sector privado como un problema estructural de seguridad jurídica.
“No se trata únicamente de que los cambios regulatorios se emitan con plazos reducidos o con implementación apresurada, sino de que, en la práctica, la propia autoridad en ocasiones adopta medidas operativas que rebasan el marco formal de la ley”, expresa Regina Jordán, asociada de la oficina del bufete en Ciudad de México.
En el país se ha convertido en una práctica recurrente el llamado “rojo operativo”, mediante la cual las autoridades aduaneras detienen mercancías con base en perfiles de riesgo o conductas consideradas “sospechosas”, sin que necesariamente medie un acto formal debidamente fundado y motivado.
Para Jordán, aunque desde la perspectiva de control aduanero puede entenderse como un mecanismo de gestión de riesgo, en la práctica genera incertidumbre jurídica porque implica la paralización de mercancías sin los cauces procedimentales tradicionales, como el inicio formal de un Procedimiento Administrativo en Materia Aduanera (PAMA) o la emisión de un embargo precautorio.
Errores en etiquetado, documentación o datos también pueden detonar embargos precautorios con impactos logísticos y financieros significativos, de acuerdo con Alejandro Ferro, también asociado de Pérez-Llorca - México, quien no duda en señalar que el principal riesgo que genera la ampliación de atribuciones para detener o asegurar mercancías es la desproporción entre incumplimientos formales y sus consecuencias.
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Riesgos
El abogado advierte que, desde el punto de vista legal, aumenta la exposición a procedimientos administrativos y actos de fiscalización más exigentes en términos probatorios lo que operativamente, obliga a mantener inventarios de seguridad, ajustar planeación logística y asumir mayores costos de cumplimiento.
En la práctica, se observa una tendencia a la prolongación de los plazos durante los cuales las autoridades aduaneras llevan a cabo el reconocimiento aduanero, en ocasiones sin notificación previa al importador ni justificación de dicha extensión, esta situación genera incertidumbre y un estado de indefensión para los importadores, al impedirles conocer las causas, supuestos incumplimientos u observaciones formuladas por la autoridad. Además, se traduce, además, en un incremento de los costos operativos y en la paralización de operaciones. De allí que no duda que, en el plano bilateral, una aplicación extensiva o inconsistente de estas facultades puede percibirse como una barrera no arancelaria, afectando la confianza en la relación comercial México–Estados Unidos.
“Las consecuencias son interrupción de cadenas de suministro, incumplimiento de contratos, costos logísticos adicionales y afectaciones a inventarios críticos, especialmente en sectores con producción just-in-time”, advierte Jordán al agregar que, además, tiene un efecto institucional más profundo al diluir la línea entre facultades discrecionales y actos de autoridad, lo que complica la defensa legal de las empresas y erosiona la confianza en la aplicación consistente del marco normativo.
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De allí que la preocupación del sector privado mexicano no es únicamente la rapidez o frecuencia de los cambios regulatorios, sino la combinación de baja previsibilidad normativa con discrecionalidad operativa.
Desde la óptica de compromisos internacionales, Ferro señala que este tipo de prácticas puede entrar en tensión con principios de transparencia, debido proceso y facilitación comercial previstos en el T-MEC, particularmente si no existen criterios claros, públicos y uniformes para su aplicación.
El resultado es un entorno donde las empresas no solo deben adaptarse a reglas cambiantes, sino también a prácticas administrativas variables, lo que incrementa el costo de cumplimiento y eleva la percepción de riesgo país en materia de comercio exterior.
Agentes aduanales y restricciones operativas
La nueva Ley Aduanera ha representado un cambio estructural en la asignación de riesgos en el caso del agente aduanal, quien deja de ser un ejecutor del despacho para convertirse en un verificador activo con responsabilidad ampliada, incluso frente a información proporcionada por el cliente.
Para Ferro, esto altera profundamente la dinámica del mercado, exige mayor revisión documental previa, incremento en costos por transferencia de riesgo y una postura más conservadora en la aceptación de operaciones, a lo que se suma una posible contracción de la capacidad operativa disponible, derivada de mayores requisitos de permanencia y responsabilidad.
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Cuando se trata de operaciones con Estados Unidos, altamente dependientes de velocidad y volumen, esto se traduce en mayor fricción, tiempos de despacho más largos, menor flexibilidad operativa y presión sobre cadenas just-in-time.
La USTR ha hecho referencia en su informe a una capacidad operativa restringida (menos agentes activos, mayor carga regulatoria y mayor control), lo que ha provocado una concentración de operaciones en ciertas aduanas, saturación y costos logísticos más altos en el comercio con México.
El abogado considera que es necesario ajustar la operación, lo que implica ampliar la base de agentes, facilitar esquemas de operación en múltiples aduanas y atender estas fricciones a través de los canales de diálogo que ya existen en el T-MEC, con lo que se evitaría que la regulación termine afectando la competitividad.
Mayores costos para pymes
México ha limitado el comercio de ciertos productos, específicamente mercancías que considera sensibles, a determinados puertos ante riesgos de subvaluación, contrabando, cumplimiento sanitario o por su impacto en la industria nacional. Además de la restricción relacionada con el punto de entrada, se exige a las empresas cumplir con requisitos adicionales para poder importar y comercializar los productos en el país, como permisos previos, autorizaciones o regulaciones específicas, lo que incrementa la carga administrativa y el costo de cumplimiento.
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Ponce-Nava explica que la restricción responde a una lógica de política pública, ya que busca concentrar la entrada de estas mercancías en puntos donde existen capacidades técnicas y operativas para supervisarlas adecuadamente, además de que tiene un componente claro de protección del mercado en sectores estratégicos o particularmente expuestos a prácticas desleales.
La medida, sin embargo, impacta a las pequeñas y medianas empresas (pymes), que, a diferencia de las grandes, no pueden ajustar sus cadenas logísticas con facilidad, enfrentan mayores dificultades para adaptarse a rutas obligadas, lo que implica costos adicionales, tiempos más largos y menor flexibilidad.
De acuerdo con el consejero de Pérez-Llorca - México, la situación se complica en modelos como el comercio electrónico, donde la eficiencia logística es determinante y, aunque reconoce la justificación de la medida desde el punto de vista regulatorio, señala que, en la práctica, puede generar una carga desproporcionada para las pymes y afectar su capacidad de competir en el mercado.
Con impacto directo en las pymes
Aunque se diseñó para facilitar el flujo ágil de mercancías, con procesos simplificados y menor carga administrativa, este modelo se está volviendo más exigente en términos de información, control y trazabilidad, cambiando la lógica bajo la cual operaba el comercio de bajo valor, de acuerdo con los abogados de Pérez-Llorca - México.
“En la práctica, esto se traduce en una mayor carga de cumplimiento para las empresas de mensajería. Hay más datos que recabar, más validaciones y mayor responsabilidad sobre la operación”, explica Romina Jordán, quien advierte un aumento de costos y la reducción de la capacidad de absorber riesgos, en detrimento de los usuarios finales. Las pymes que dependen de estos canales para importar o vender son impactadas directamente.
Suma un efecto estructural importante como es que, al endurecerse ese régimen, parte de estas operaciones puede dejar de ser viable bajo esquemas simplificados y migrar hacia regímenes aduaneros tradicionales, con una carga regulatoria mucho mayor, lo que, en su opinión, cambia completamente la ecuación de costos y tiempos.
“Frente al T-MEC, el punto clave no es la existencia de regulación, sino su efecto. El Tratado reconoce la necesidad de controles, pero también exige que los envíos exprés mantengan un tratamiento expedito. Si en la práctica ese tratamiento se diluye, el impacto deja de ser solo operativo y se vuelve también competitivo”.
Para la asociada del despacho, el mensaje es claro, pues en un contexto donde el nearshoring depende de cadenas logísticas ágiles y eficientes, endurecer en exceso este tipo de esquemas puede terminar restando competitividad, especialmente para los actores más pequeños que no tienen margen para absorber esa complejidad.
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