La construcción en Perú está marcada por un reciente historial de investigaciones por corrupción. Dicho historial comienza con el Caso Odebrecht en el país y continúa con el Club de la Construcción, un caso que reveló que grandes constructoras se repartían las obras que ofertaba el Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC).
Recientemente, el Equipo Especial Lava Jato pidió prisión preventiva para el exmandatario Martín Vizcarra por, presuntamente, haber solicitado pagos indebidos cuando era gobernador en Moquegua.
Al respecto, Orlando Vignolo Cueva, socio en Vignolo & Reyes Arrese Abogados y especialista en derecho regulatorio, administrativo y de obras públicas, señala que esto ha sido un factor importante al hablar de dinamizar el sector en medio de la crisis sanitaria. “Se ha perdido una oportunidad enorme: la obra pública debió dirigirse a la construcción de hospitales y edificios para hacer llevadera la crisis. Pudo haberse hecho una red de centros primarios para la atención COVID-19. Pudo haberse hecho sin necesidad de licitación, ahí debió usarse en gran medida los fondos públicos para infraestructura”.
En este contexto el sector estuvo paralizado durante tres meses. Solo se podía operar cuando se respetaran los protocolos de bioseguridad y se contara con un plan de trabajo, pero los permisos eran difíciles de obtener. El Estado ha otorgado contratos de obra pública para dinamizar a la industria pero son “muy pocos”, de acuerdo con Vignolo.
A decir del abogado, “el país ha sido muy golpeado por la actividad de pésimos operadores de construcción. Escándalos por corrupción y actuaciones anticompetitivas”.
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Reconstruir la confianza en el sector, a decir del abogado, deberá ser un tema de prioridad para el próximo Gobierno. En esta administración se dieron unos pasos en esa dirección con la reconstrucción en el norte, al involucrar al Reino Unido. “Pero claro, no todo se puede entregar de Gobierno a Gobierno, hay cosas que se tienen que hacer con operadores que liciten, que participen y que ganen con una buena oferta económica”.
Pasos a la recuperación
En el camino de la recuperación del sector, para Vignolo Cueva, el Perú debe mostrar una posición severa cuando sancione comportamientos que afectan la competencia, como en el caso del Club de la Construcción.
“La disfuncionalidad hay que castigarla severamente y hay que fomentar el ingreso de otro tipo de iniciativa privada: tanto nacional como extranjera”. Para esto sugiere que el Gobierno haga públicas sus bases administrativas en otros idiomas, divulgue las licitaciones alrededor del mundo a través de las embajadas e implemente la virtualización de la construcción con programas que permitan visualizar las obras y verificar los acuerdos pactados.
“El operador de construcción que entra a las licitaciones de obras públicas es un colaborador del interés público, cuando falla, se deja de proteger y tutelar el interés general del país. Eso claramente afecta a la sociedad”.
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