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José Ugaz: “La corrupción es un fenómeno global”

José Ugaz: “La corrupción es un fenómeno global”

por Lara Valencia
publicado el11/01/2018

Hablar de la lucha anticorrupción en el mundo en 2018 exige recurrir al testimonio de Transparencia Internacional (TI). Esta organización no gubernamental, con sede central en Berlín y presente en más de 100 países, se ha convertido en el movimiento global que azota a corruptos con sus informes, rankings, campañas y capítulos nacionales dedicados a combatir las diferentes facetas de la corrupción.

En los últimos tres años, la presidencia de TI estuvo a cargo del socio fundador de Benites, Forno & Ugaz, el doctor José Ugaz. Luego de pasar el testigo a otra abogada de la región –la argentina Delia Ferreira–, el conocido y mediático abogado peruano vuelve al estudio que fundó para compartir su experiencia como observador y divulgador de las mejores prácticas en la lucha contra la impunidad.

Ha sido presidente de TI en un periodo bien convulso (2014 – 2017) en lo que a escándalos de corrupción se refiere. ¿Qué relevancia tuvo esta organización en impulsar la cultura anticorrupción? ¿Han sido años frenéticos en lo interno de la organización?

—Han sido tres años en los que han ocurrido muchos hitos relevantes a nivel global. En los negativos, hemos tenido escándalos de distinta intensidad en varias partes del mundo. Lo primero que eso señala es que no se trata de un fenómeno localizado sino global. La prueba es que ha habido casos en Corea del Sur, África y América Latina, donde estamos sufriendo un embate sin precedentes debido a la operación Lava Jato. Dicha investigación ha destapado un esquema de corrupción que involucra a 12 países latinoamericanos y 3 africanos.

El diagnóstico ha variado. Creo que en Transparencia Internacional se tiene muy claro que la corrupción a la que nos enfrentamos hoy día es muy distinta a la que combatíamos hace unas décadas. Antes se podían contar con los dedos de una mano los sobornos de gran envergadura. Vimos el caso de Suharto en Indonesia, el de Marcos en Filipinas, el caso de Abacha en Nigeria y algunos más.

Hoy día basta encender el televisor o leer el periódico para encontrar casos de gran magnitud. Transparencia Internacional define la gran corrupción como aquella que es cometida por autores de gran poder, que tienen la capacidad de movilizar ingentes cantidades de recursos. Tal vez el elemento cualitativamente distinto respecto a la corrupción tradicional o regular es el impacto que tiene sobre la vigencia de los derechos fundamentales. Es un fenómeno de naturaleza global, que se considera uno de los principales problemas que aqueja la humanidad. 

 

¿Cuáles han sido sus mayores logros como presidente de Transparencia Internacional y cuáles sus mayores frustraciones?

—Entre los logros está el haber trabajado en esta relación entre gran corrupción y derechos humanos para convertirla en algo muy relevante en la agenda de la organización. Ha habido una mutación. En el pasado, TI trabajaba con base en el principio del critical engagement, una aproximación crítica a los gobiernos. Dados los niveles de corrupción e impunidad, esa metodología no siempre funciona. Creo que la coalición ha comprendido eso y está tratando de ser –a través de sus capítulos nacionales– más activista y no tan diplomática.

A nivel global ha habido campañas importantes, como “Desenmascara al corrupto”. En lo interno hemos iniciado un proceso de ajuste para desarrollar más algunos de los capítulos. La organización tiene dos niveles de acción, uno local –está en más de 100 países– y otro global, con un centro de operaciones en Berlín. En el caso de las secciones locales, hemos elevado el nivel de exigencia. Eso ha determinado que hayamos priorizado algunas regiones como EE.UU. o India, donde hemos cambiado de grupo.

Como abogado con una carrera extensa, ¿cómo cree que el uso de la tecnología y las redes sociales ha ayudado o perjudicado en la lucha contra la corrupción?

—La tecnología tiene su lado positivo y su lado negativo obviamente, porque no solo está al alcance de quien lucha contra la corrupción, sino también de los corruptos. La capacidad económica que los últimos tienen para contar con herramientas profesionales de altísimo nivel, abre también un espacio de mayor corrupción y de impunidad. Pero a su vez, proporciona un aparato muy valioso a las fuerzas del orden.

La tecnología está jugando un papel positivo en dos ámbitos. En primer lugar, en el de la investigación, donde ahora se promueven mayores espacios de transparencia. Por otro lado, hay mayor conexión con la gente. Uno de los fenómenos positivos que han surgido, es que la gente está expresando libremente su molestia y su indignación.

Las movilizaciones ciudadanas que hemos visto en el último año no tienen precedentes en la historia de la lucha contra la corrupción. Hemos visto a más de un millón de personas manifestarse en Corea del Sur y lograr la caída de la presidenta. Hemos sido testigos de más de un millón de personas en Rumania protestando, cuando se quería aprobar una ley que permitía legalizar los sobornos hasta 10.000 euros. Hasta más de tres millones de personas salieron a la calle en Brasil a raíz de la operación Lava Jato. En Honduras y Guatemala las movilizaciones han sido constantes por meses. Se ha protestado hasta el punto de que presidentes, vicepresidentes y ministros están en prisión, o han tenido que alejarse de la política. Lo mismo ocurre en Sudáfrica o en el Perú, donde hemos visto en las últimas semanas los inicios de esta movilización.

En este mismo sentido, ¿a qué retos nos enfrentamos para no vulnerar los derechos humanos?

—El reto para una buena parte del mundo, y aquí incluyo a América Latina, es cómo construir una cultura de hacer negocios con integridad. Empresas de primer nivel que están sufriendo las consecuencias de la corrupción deben ir a un proceso de reflexión y de regeneración de una nueva cultura de negocios.

Lo contrario implica, no solo un incremento del riesgo de negocio, sino una afectación a los derechos humanos de la ciudadanía y en particular de los más pobres. Por tanto, creo que al sector privado le corresponde asumir su responsabilidad de liderazgo y de corresponsabilidad con el Estado. Para ver cómo desterrar a la corrupción de una vez por todas, hay que poner por delante el bien común y desplazar intereses egoístas.

Recientemente publicó el artículo Perdón y gran corrupción. En el texto hace una crítica a los poderes políticos que fomentan la connivencia con la corrupción y al indulto del expresidente Fujimori. ¿Cómo cree que pueden actuar los poderes y la sociedad civil contra esto?

—El costo que está pagando el gobierno, y en particular Pedro Pablo Kuczynski, por el indulto no es poca cosa. Todavía es pronto para saber cómo va a terminar. Creo que ha sido un error. No porque Fujimori no se merezca la posibilidad de ser perdonado a través de un indulto humanitario. Hasta donde alcanza mi comprensión, tanto a nivel internacional como nacional, existen los mecanismos para eso cuando se dan las condiciones legales. Los requisitos para conseguir un indulto humanitario en Perú son que el encarcelado tenga una enfermedad grave, permanente, incurable y esté en riesgo de morir si se permanece en prisión.

Lo que hemos visto, sin embargo, es un atropello del procedimiento, una alteración de la verdad. El señor Fujimori salió de prisión. Dicho sea, de paso, esa no era una prisión como tal. Era un lugar especialmente acondicionado para él. No era un centro penitenciario típico de América Latina. Salió de allí y en menos de dos semanas se ha instalado en una casa de lujo con piscina. Entonces, el argumento del “riesgo de muerte por enfermedad gravísima” cae por su propio peso. Se confirma que ha habido una alteración de la verdad.

—Ha vuelto a mencionar, como en su texto, la importancia de entender que hay espacio legal para el indulto y el perdón, más allá de algún deseo de venganza contra los corruptos. Sin embargo, ¿cómo se puede compensar a la sociedad a lo largo del proceso ante sucesos como éste?

—Este caso vino directamente de la mano de crímenes que violaron derechos humanos. Hablo de los escuadrones de la muerte y otro tipo de abusos de derechos fundamentales, además de haber dejado varios fallecidos en el camino. Son casos de gran corrupción que movilizan emociones difíciles de canalizar.

Se ha de tener en primera línea a las víctimas y a sus familiares, que son quienes han sufrido el impacto de este tipo de actos. Lo único que han hecho estas actividades es privilegiar la ambición de unos cuantos, a costa de los escasos recursos de una inmensa mayoría. Otros han sido además privados de su vida, torturados o han desaparecido. Canalizar esas emociones no es fácil.

Hace falta una labor pedagógica, porque nadie –si hablamos de derechos humanos en estricto– debería ser condenado a morir en una prisión si está padeciendo una enfermedad. No se trata de hacer venganza sino de reparar una situación y hay mecanismos para ello. En el mundo, incluso para países que como el Perú no tienen pena de muerte, hay una serie de procedimientos. Estos van desde pedir perdón públicamente –como ha hecho Fujimori, aunque todo el mundo coindice en que ha sido un perdón de costado y casi sin quererlo– a aproximarse a las víctimas y realmente expresar un arrepentimiento. Después hay herramientas adicionales como la atención psicológica, las reparaciones patrimoniales, los gestos de la memoria, etcétera. Son iniciativas que se han ensayado en otras partes del mundo y que han contribuido a la reconciliación o a la restauración del daño ocasionado por ese tipo de delitos.

La pena también cumple una función reparadora. Si se produce una situación extrema, como la que contempla la ley peruana para el indulto humanitario, yo personalmente soy favorable a que esa excarcelación se produzca. Lo que es grave es que se tuerza la ley para simular una situación que no ha concurrido.

—¿Cuáles han sido sus motivaciones para volver a trabajar en Benites, Forno & Ugaz y dejar la presidencia de Transparencia Internacional?

—El cargo de presidente o presidenta de TI es por tres años. Es un cargo electo y no remunerado. Por tanto, tres años pude ejercer esa función, pero con un costo personal. No había muchas posibilidades de que yo siguiera. Delia Ferreira ha sido elegida como nueva presidenta. Es especialista en temas electorales de transparencia y tiene una destacada trayectoria en la lucha anticorrupción. La organización queda en muy buenas manos.

En lo que respecta a la firma, este es mi lugar natural como fundador. Existimos desde hace más de 25 años, y también fui socio director. Ahora, después de la experiencia internacional que me ha tocado vivir, creo que tengo algunas visiones que podría aportar en esta nueva etapa. Mi compromiso va por ese lado: tratar de transmitir a mis socios y demás profesionales de la firma cuáles son las mejores prácticas que yo he podido observar en el mundo.

—Usted afirma que “lo nuestro es el diseño estratégico y la práctica judicial”, que Benites, Forno & Ugaz marca la diferencia por defender los intereses de los clientes en la corte. ¿Por qué diría que esto es una diferencia marcada con otras ofertas legales? ¿Cree que las firmas se han alejado en exceso de la cultura judicial?

—En el Perú, y creo que en general en la región, ha habido siempre una mirada por encima del hombro en el campo del litigio. Ha habido siempre un acento más grande por parte de las firmas grandes en el ámbito corporativo. En nuestro caso, siempre hemos puesto el foco la litigación, porque tenemos una práctica muy fuerte en esa materia. Nuestro departamento de penal es muy fuerte. Los socios tuvimos la responsabilidad de ser procuradores del Estado en el caso Fujimori-Montesinos. Se fue incrementando también la práctica de litigios en las áreas procesal, civil y administrativo. En la última década, hemos incorporado a dos socios de primera línea en materia constitucional: uno que ha sido ministro de Justicia y presidente del Tribunal Constitucional, Víctor García Toma; y el otro, Daniel Figallo, que ha sido ministro de Justicia también y secretario del Tribunal Constitucional por muchos años.

También se ha sumado el litigio en el área laboral. Esto, a diferencia de otras firmas, nos permite una transversalidad en el enfoque de los problemas y poder lidiar con temas judiciales desde muy distintas perspectivas, no solo la tradicional.

—¿Qué le gustaría mejorar o cambiar de la firma en esta nueva etapa? ¿En qué aspectos diría que se tienen que enfocar a nivel interno?

—Estamos renovando los cuadros administrativos. Ha habido también un cambio en la conducción profesional de la firma, y eso ha significado una adecuación en el esquema societario. Hemos hecho una inversión muy grande para traer un sistema nuevo de administración de archivos y trabajo documentario. Todo eso va de la mano de las nuevas tendencias.

En Perú se acaba de dar una modificación legal muy importante. Desde el 1 de enero ha entrado en vigencia la norma que incorpora la responsabilidad legal de las personas jurídicas. Hasta entonces, en el Perú solo podían ser penalmente responsables las personas individuales. Para poder exonerarse de la responsabilidad penal o para atenuar sus consecuencias, las personas jurídicas pueden demostrar que tienen un programa de cumplimiento de la norma. Eso va a tener un impacto definitivo a la hora de evaluar la sanción posible aplicable. Somos pioneros en el tema de compliance y hemos invertido en capacitación. Hay un socio que lidera esta área y que ha tenido oportunidad de observar las mejores prácticas en otras partes del mundo. Dado que yo vengo de trabajar en Transparencia Internacional con temas de corrupción, esto se ha convertido en una fortaleza. Creo que esta práctica va a ser una tendencia bastante clara.

—Por último, hablemos del impacto que ha tenido el caso Odebrecht en la economía y política peruanas. ¿Cree que la América Latina de la próxima década se habrá posicionado con mayor fortaleza contra la corrupción? ¿Se imagina una región con más gobiernos que lleven esta lucha en su ADN?

—Yo soy un optimista nato. Si no, no trabajaría en esto. Creo que sí, que como señalaba, éste es un típico caso en el que se hace realidad la frase de que “tras una gran crisis, llega una gran oportunidad”. Hay una reacción importante, tanto en la justicia de muchos de nuestros países, como en el sector privado y en la ciudadanía. Esto tiene que llevarnos a plantear propuestas de salida. Yo anticipé hace mucho tiempo que la gran corrupción iba a tener consecuencias de la envergadura de un terremoto y creo que me quedé corto.

Las secuelas en la política peruana han sido devastadoras. Tenemos un presidente preso por la operación Lava Jato, otro prófugo y dos más investigados. Hay ministros, viceministros, altos funcionarios y empresarios privados de libertad, además de muchas empresas que están en serios aprietos económicos por el impacto que todo esto ha generado. Por un lado, ha desatado una suerte de crisis de gobernabilidad y ha aumentado la desconfianza. Donde no hay confianza es muy difícil poder construir futuro. Todo eso pone a Perú en una situación que obliga a buscar planteamientos radicales. Yo espero que desde la sociedad civil podamos efectivamente aportar esa necesidad.

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