Javier de Cendra: “La programación tendrá tanta importancia como el inglés o el español”

Lleva tiempo diciendo que la tecnología es una de las herramientas más valiosas que tienen los gerentes de firmas de abogados. Javier de Cendra, decano del IE Law School, tiene una trayectoria muy ligada al legal tech, pero dice que es importante distinguir entre lo esencial del ejercicio del derecho y lo accidental. Las universidades más tradicionales, dice, ofrecen una formación principalmente intelectual. Aunque sus programas evolucionen, entiende que para los desafíos del mercado laboral existen otras instituciones, pero no niega que debe existir una mínima adecuación entre el mundo laboral y universitario para avanzar. En ese espacio por conquistar reconoce a los centros más nuevos e innovadores. Hablamos con él sobre academia e inteligencia artificial (IA).

—¿Cuáles son las nuevas tecnologías dentro del desarrollo de la IA que, en su opinión, han impactado e impactarán más fuertemente el ejercicio del derecho?

—Actualmente existen soluciones tecnológicas para casi todo: dar servicio preliminar con carácter inmediato a clientes, procesar bases de datos jurídicos en segundos, encontrar respuestas a preguntas complejas con un alto índice de precisión —en ámbitos de debida diligencia o e-discovery—, predecir las probabilidades de éxito en un negocio jurídico, elaborar contratos complejos y ejecutarlos de manera automática (smart contracts), para firmarlos con todas las garantías jurídicas (firma digital), para dar acceso a la justicia a personas con pocos recursos y poca formación jurídica, etcétera.

Realmente, no hay tarea que no pueda ser apoyada por la tecnología. Dicho esto, la analítica predictiva es probablemente una de las más potentes por el ahorro ingente en costes que puede suponer para todos los proveedores de servicios jurídicos.

—Dice que la tecnología es una de las herramientas más valiosas que tienen los gerentes de firmas de abogados. ¿Es compatible asimilar la convivencia con la IA en cuadros gerenciales copados por los mismos socios durante décadas?

—Aquí subyace la vieja resistencia de los abogados a la innovación tecnológica. El abogado clásico, por decirlo así, tiende a preferir el análisis jurídico, ético o incluso filosófico de la tecnología por encima del uso concreto de aplicaciones para aumentar la eficacia de lo que hace. Sin embargo, las firmas que trabajan para clientes corporativos no tienen elección. Han de adaptarse, al menos, al ritmo de sus clientes.

No es necesario que los socios más antiguos asuman plenamente el uso de las tecnologías modernas en su actividad habitual; basta con que dejen espacio para poder hacerlo a las nuevas generaciones, incluye invertir en esa transformación tecnológica. Los socios más jóvenes entienden que eso es esencial para garantizar la sostenibilidad del negocio. Toda transición lleva su tiempo y supone integrar la dimensión tecnológica con la económica, cultural y educativa.

—Muchos abogados valoran la formación en universidades como excesivamente tradicional y alejada de la gestión de negocios del siglo XXI. ¿Cuáles son los factores que garantizan una enseñanza universitaria moderna, innovadora y adaptable al cambio?

—Hay respuestas de orden conceptual, cultural, económico e histórico. La misión central de una universidad consiste en buscar la verdad desde las distintas disciplinas científicas y transmitirla a los estudiantes desde un punto de vista, primordialmente, intelectual. Las universidades están más capacitadas para formar a futuros académicos. Para el mercado laboral hay otras instituciones más preparadas.

Esto no generaba demasiados problemas cuando el número de alumnos en las universidades era bajo. En la actualidad el acceso se ha democratizado tanto que un porcentaje muy elevado de jóvenes accede y dedica bastantes años a formarse. Cuando esos estudios no son los adecuados para la práctica se produce un problema serio en el mercado laboral. La respuesta a este problema es compleja, porque las universidades han de adecuar tanto sus programas académicos como su claustro y metodologías docentes a esta realidad. Las más antiguas y más grandes tienen dificultades para adaptarse a gran velocidad. Por eso surgen nuevas universidades constantemente que tratan de aprovechar ese espacio.

El ámbito de la educación superior es enormemente dinámico en el mundo y también en Latinoamérica. Hay universidades muy innovadoras que han sido fundadas con una visión muy moderna o que han sabido adaptarse a los tiempos. Pero claro, no van a adaptarse más rápido que el propio mercado y el sector de la abogacía no está, ni mucho menos, entre los más rápidos a la hora de embarcarse en la cuarta revolución industrial.

La universidad moderna, innovadora y adaptada al cambio tiene que incluir en su visión y misión la búsqueda de un equilibrio entre tradición e innovación, entre el enfoque humanista y la innovación constante, entre lo clásico y lo moderno.

—¿Cómo cree que influirá en el sector legal la carrera que ha emprendido China con el plan Made in China 2025? ¿Veremos a las firmas atrayendo más inversión china que pueda acelerar el crecimiento tecnológico en América Latina?

—China busca, en mi opinión, alcanzar un liderazgo mundial que sea sostenible a muy largo plazo. Esa búsqueda pasa por el liderazgo en el desarrollo y expansión global de grandes empresas tecnológicas que requieren marcos jurídicos globales. El Made in China habla tanto de aumentar la inversión extranjera como de incrementar la atracción de capital extranjero.

Esto requiere profundización en la libre competencia y reducción del nacionalismo económico —para promover mejores mecanismos de mercado—, sin dejar de lado la importancia que el plan otorga a la seguridad nacional y que puede verse menoscabada por la tecnología foránea. En América Latina el mayor porcentaje de su inversión va al sector de energía y a las infraestructuras, pero también a materias primas clave en el desarrollo de las tecnologías. China se está convirtiendo en un socio comercial clave para la región y se va acercando a Estados Unidos en volumen de inversión.

Es obvio que el país asiático es una fuente de ingresos cada vez mayor para las firmas de la región, pero también para las internacionales. En esa globalización del derecho, las firmas regionales tendrán que desarrollar estrategias para modernizarse.

—¿Cómo es el currículum universitario del IE Law School? ¿está siendo la IA parte de la enseñanza de abogados?

—IE Law School ha diseñado su currículum sobre la base de que el jurista realiza su actividad en un entorno global, que cambia a mucha velocidad y que está profundamente mediado por la tecnología. Eso supone enseñar derecho global y comparado en contexto. Requiere un enfoque multidisciplinario y tecnológico.

Los alumnos reciben formación en análisis de datos y en herramientas tecnológicas relevantes para su función. Esto no quiere decir que en todos los programas se incluya la programación, no es necesario. Pero sí se incluyen herramientas que operan sobre la inteligencia artificial, como por ejemplo las que se han desarrollado a partir de IBM Watson. Este enfoque es, con adaptaciones, común a nivel de grado, máster y educación ejecutiva.

—Cuando se dice que el abogado y las firmas del futuro tendrán que convivir con la IA, ¿se imagina por ejemplo a abogados que tengan conocimientos de programación? ¿Será esto algo indispensable para el abogado del futuro?

—En los próximos años no creo que vaya a ser necesario, aunque es aconsejable. Es perfectamente posible hacer un uso eficaz de muchas soluciones tecnológicas sin saber programar en, por ejemplo, Python. Pero mi intuición es que la programación será, dentro de unos años, parte de la enseñanza primaria y secundaria en muchos países.

La programación es un lenguaje a fin de cuentas, tendrá tanta importancia como el inglés o el español. El que no tenga un buen conocimiento de ella estará en una situación de inferioridad porque no entenderá el lenguaje con el que operarán los procesadores más potentes de la historia. Otra cosa es que todos los alumnos vayan a hacer de la programación en código su profesión, cosa que obviamente no ocurrirá. Pero sí es importante entender que los principales lenguajes de programación serán vehículos esenciales para comunicarse con personas y con máquinas.

—¿Qué conocimientos y habilidades ha tenido usted que aprender en tecnología e innovación?

—En mi caso concreto, es necesario prestar atención a las tendencias de la abogacía y de las demás profesiones jurídicas a nivel internacional, entenderlas y discernir cómo han de reflejarse en los programas de formación. Una de esas tendencias viene capturada por el concepto de legal tech. Constantemente tengo que estudiar este campo, para estar actualizado y servir a alumnos, profesores y empleadores. También el derecho global y comparado exigen una forma de entender la disciplina que obliga a seguir formándose. Para mantener un equilibrio entre lo que es esencial y lo que cambia, leo obras filosóficas, sobre todo de antropología y filosofía de la ciencia.

—Según Expansión, Silicon Valley se ha convertido en capital tecnológica gracias a que Estados Unidos ha tenido una regulación muy permisiva en el desarrollo tecnológico. Dicen que la presión para proteger al usuario frente a las grandes tecnológicas amenaza este “ecosistema”. ¿Cómo deberían participar las asociaciones de abogados en ese debate?

—Para entender este asunto hay que partir de una observación básica y sencilla: el emprendimiento requiere que se adopten riesgos importantes, y la legislación ha de permitirlos si se quiere fomentar dicho emprendimiento. Sin embargo, las asunciones excesivas de riesgo generan abusos y desequilibrios en el sistema social, político y económico. La legislación es el instrumento con el que se busca volver al término medio.

Las asociaciones de abogados, junto con los poderes legislativo, ejecutivo y judicial, son los garantes de ese equilibrio. Al fin y al cabo, la justicia consiste en el mantenimiento de la paz y del orden social. Las asociaciones de abogados deben requerir, por un lado, que los abogados conozcan con la suficiente profundidad y rigor las soluciones tecnológicas más adecuadas para realizar su trabajo; y por otro, que conozcan los impactos negativos que su uso tiene o puede tener sobre los derechos de los ciudadanos y las empresas, para defenderlos frente a ellas. Dichas asociaciones han de ser un garante del equilibrio del sistema al que aludía antes, que requiere de una perspectiva multidimensional. Este es un debate también muy actual y muy dinámico en varias jurisdicciones de América Latina, lo sigo con interés.