Jaime Heredia: “Necesitamos una causal donde se acuse el hecho del fraude en arbitrajes”

Jaime Heredia Tamayo conoce con precisión la historia de los males que han destruido casi por completo la credibilidad de los peruanos en el sistema judicial. No quiere excluir de responsabilidad a los procesos de arbitraje, pero sí quiere resaltar que la corrupción ha llegado al arbitraje “a través de malos árbitros”. Califica de importantes e interesantes las modificaciones que se han propuesto en el Congreso para la ley de arbitraje, sobre todo aquella que busca definir la causal de fraude en los laudos.

Con el socio de Rodríguez Angobaldo Abogados también hablamos del papel de las universidades y las firmas legales en fortalecer el ejercicio del derecho desde la ética y la moral.

—¿Cómo ha golpeado la ola de corrupción en el Poder Judicial peruano a la práctica del arbitraje en particular?

—En realidad el caso Odebrecht no ha sido el primero en complicar la confiabilidad del sistema. Ya teníamos previamente el caso Orellana. Eso fue detectado y judicializado. Odebrecht sí ha sido más impactante y profundo, en la medida que sí ha demostrado algo más sistemático de la empresa y, aparentemente, sus filiales.

No se ha visto una utilización del sistema arbitral como tal, pero sí la participación de algún árbitro que ha ejercido prácticas corruptas. La Fiscalía ha investigado algunos de esos laudos. Esto ha sido motivo para que desde el Congreso, en junio de este año, se propusiera una serie de modificaciones a la ley de arbitraje.

Una interesante es la propuesta de una causal de anulación del laudo cuando ha habido fraude, equiparando esta causal a la que ya tenemos en el código procesal civil. Es un proyecto de ley que propone, en este supuesto, que el plazo para interposición del recurso de anulación aumente a seis meses, para conocer el hecho de corrupción. Esto no es tan fácil de corroborar de forma inmediata. Toma tiempo y muchas veces se determina posteriormente.

—¿Contempla la ley peruana de arbitraje alguna causal por fraude?

—Nuestra ley es vanguardista y moderna, tiene tan solo 10 años. Ha sido reconocida como una de las más avanzadas. Pero hoy no tiene una causal puntual referida al tema del fraude en el arbitraje. Se pretende, precisamente, incorporar esta causal para proteger al arbitraje. Ya existe en materia civil desde 1992 una norma similar, la nulidad de cosa juzgada fraudulenta.

—El año pasado Bullard Falla Ezcurra + presentó Arbitrator Intelligence. Una plataforma para hacer el mercado del arbitraje igual de accesible a todo el mundo. ¿Es la conformación de tribunales uno de los principales desafíos para combatir la corrupción en esta práctica?

—Así es. Entiendo que en la Cámara de Comercio de Lima se firmó un convenio con Arbitrator Intelligence. La propia Cámara también implementó el sistema Faro de Transparencia.

Así se dispone de información sobre conformaciones de tribunales. También para saber algo en lo que se insiste mucho, que es saber cuántas veces un mismo árbitro es designado para representar a la misma parte. Es interesante también conocer cuántos laudos que se han emitido han sido anulados y quiénes son los árbitros que participaron en ese laudo.

Se está generando información importante a efectos de tener mayor transparencia. Esto enlaza con la iniciativa de la Cámara para tener un proceso de ratificación de árbitros. Hoy día es el Consejo Superior el que tiene que aprobar o no —vía ratificación— la incorporación de un árbitro que no está en las listas.

—¿Qué otros aspectos añadiría usted?

—Todo esto se está haciendo para proteger el arbitraje mientras se desarrolla. Sin embargo, siempre hay un espacio final, el laudo. Ese laudo ya solo puede ser recurrido con un recurso de anulación. Como hoy no tenemos una causal de fraude, ha habido casos donde se ha podido determinar que al menos dos árbitros de un tribunal habían coludido con la parte demandante y la parte demandada, llevando a cabo un arbitraje totalmente irregular.

En el Perú la corrupción se ha canalizado por la causal de falta de imparcialidad. Creo que eso es insuficiente, tendríamos que construir una causal donde se acuse el hecho del fraude. El problema de eso, como decía, es que el fraude no es perceptible de manera inmediata.

—¿Qué peso tiene la enseñanza de la ética en la profesión en las escuelas de derecho?

—En el Perú la corrupción ha existido desde épocas inmemoriales. En el caso de las universidades hay todavía un trabajo pendiente: implementar algunos cursos adicionales sobre ética y moral en gestión pública y privada. No digo que tenga que haber un orden de importancia, pero lógicamente debe haber un peso mayor en cómo gestionar lo público. Es un tema pendiente, pero no solo en las facultades de derecho, sino en todas.

La preocupación por este asunto debería ser permanente en la carrera de un abogado. En cualquier caso, los docentes pueden hablar de la ética en todos sus contextos y aplicarla. No tienen por qué esperar a que haya cursos especializados.

—El experto en derecho penal Dino Carlos Caro Coria sugiere que, al día de hoy, el Estado peruano no tiene la capacidad ni la infraestructura judicial para luchar de forma eficaz contra la corrupción. ¿Está de acuerdo? ¿Cuáles son los cambios más necesarios al alcance de las instituciones para reformar el sistema?

—Al Poder Judicial lo vigila la Oficina de Control de la Magistratura (OCMA). Tiene como función emitir las sanciones frente a los actos de los magistrados. Sin embargo, siempre se ha pensado que el seguimiento de la corrupción en el Poder Judicial no debería hacerlo el mismo Poder Judicial, o no exclusivamente.

En su momento se planteó que esa labor de control fuera un poco más amplia y también convocase a la sociedad civil. Aunque el problema también es que se desactivó el Consejo Nacional de la Magistratura. En el Congreso se aprobó que lo sustituya la Junta Nacional de Justicia. Esta es ahora la encargada de nombrar a los nuevos magistrados. El gran problema es que todavía no se ha nombrado ni un solo miembro porque la comisión encargada ha tenido algunos tropiezos. Estamos viviendo sucesos muy graves y no hay una entidad que pueda ejercer la labor de sanción contra los magistrados. Eso es un mensaje muy malo.

Otro gran problema es que los mejores estudiantes de las facultades de derecho en el Perú no perciben que el sistema judicial pueda ser un espacio interesante para hacer carrera. El propio sistema desincentiva que los mejores abogados consideren ejercer a través de la magistratura. Estamos dando la vuelta a un círculo vicioso. Las universidades deberían trabajar por darle más valor a ese trabajo.

—¿Se ha llegado al punto de equiparar al poder judicial con la clase política?

—Es que acá la justicia está politizada. Los grandes casos hoy día tienen a importantes políticos involucrados. Por el caso Odebrecht el expresidente Pedro Pablo Kuczynski está en arresto domiciliario. El expresidente Alejandro Toledo está en prisión en Estados Unidos. Ollanta Humala estuvo en prisión preventiva y ya está procesado por varios hechos delictivos. Por no hablar del expresidente Alan García, que tomó la fatal decisión de acabar con su vida. Todo está vinculado a la corrupción.

En el sector empresarial están siendo procesados importantes directivos en casos emblemáticos como el Club de la Construcción. Se está investigando a personas que nunca se hubiera podido imaginar que podrían ser investigadas. Algunos ya se han acogido a la confesión sincera y están aportando pruebas, lo que es positivo porque se va a descubrir la verdad.

Por otro lado, la visibilidad y sensibilidad del asunto están provocando que incluso fiscales y jueces tengan mucho más cuidado al tomar decisiones. Diría que sí, que lo judicial siempre ha estado politizado y que quizás sea el momento de demostrar que el poder judicial está más allá de la política.

—Carlos Caro también nos dijo que las firmas ven el problema de la corrupción como “un problema ajeno” y que esto no es así. ¿Cree que los bufetes peruanos están llevando a cabo adecuadas reformas internas para mejorar las prácticas en la profesión?

—Sin duda. El tema del compliance también corresponde a los estudios de abogados. En nuestra firma tenemos claras las políticas y cláusulas anticorrupción que van en los contratos que firmamos con nuestros clientes. Ahora más que nunca son los propios clientes los que te hacen un screening. Evalúan hasta la posición financiera que tienes como empresa. Eso supone un mayor orden en las firmas que se acaba traduciendo en más transparencia.

—¿Qué problemas se podrían prevenir en la lucha contra la corrupción en el arbitraje? ¿Hay algún tipo de escenario negativo que convenga erradicar?

—No. Creo que en el Perú la corrupción ha llegado al arbitraje a través de algunos malos árbitros. Esto sí lo quiero destacar. Sin embargo, hemos tenido casos de corrupción en la contratación y conformación de tribunales. Tenemos la evidencia en los frentes más delicados. No se me ocurre otro espacio en el que se pueda hacer algo de manera preventiva. Más bien creo que las prácticas que se están introduciendo nos van a permitir tomar mejores decisiones. Acá los árbitros están haciendo carreras a largo plazo, lo que no tendría sentido si fueran a implicarse en alguna práctica fraudulenta, porque se les echará de inmediato. Eso podría transmitirnos cierta calma.