21/04/2026
En noviembre pasado, cuando asumió la presidencia, Rodrigo Paz planteó la necesidad de atraer inversión extranjera a Bolivia, que registró un tímido aumento de 3 % en las entradas netas de capitales en 2024 para llegar a 247 millones de dólares, de acuerdo con el informe La inversión extranjera directa en América Latina y el Caribe 2025 de la Cepal. Detener la salida de capitales y mejorar el clima de negocios en el país fue otro de los objetivos que se planteó el nuevo gobernante boliviano, cuya elección puso fin a dos décadas de gobiernos de izquierda.
Una de las primeras y más importantes medidas anunciadas por el mandatario fue la eliminación del Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), establecido en la Ley 1357 del 28 de diciembre de 2020, aún vigente.
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Con el IGF también serían derogados, como parte de una reforma estructural del sistema impositivo, el impuesto a las transferencias financieras (ITF) y los impuestos al juego y a la participación en juegos, que, pese a representar menos del 1 % de la recaudación fiscal total, “generaban una serie de contradicciones y problemas en el ámbito de negocios”, como lo afirmó el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza.
Hasta ahora, la Comisión de Planificación Política Económica y Finanzas de la Cámara de Diputados de la Asamblea Legislativa Plurinacional solo ha abrogado el ITF, que pechaba con una alícuota del 0,03 % las transacciones en moneda extranjera. Por el contrario, rechazó la eliminación del IGF y exigió que sea presentado un nuevo proyecto de ley que “que permita sustentar la propuesta en la comisión”.
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Equidad tributaria
El IGF fue una de las banderas del gobierno del expresidente masista Luis Arce, exministro de Economía de Evo Morales y a quien se atribuye el milagro económico que vivió Bolivia entre 2006 y 2019.
La búsqueda de “equidad en el tema tributario” y redistribución de la riqueza lo llevó a proponer un impuesto que pechara a personas naturales con un patrimonio a partir de los 4,6 millones de dólares (30 millones de bolivianos al 23 de febrero) con alícuotas incrementales que van desde 1,4 % hasta 2,4 %.
Con el impuesto contribuyeron en el primer año 152 personas, cabe recordar que Bolivia tiene una población total superior a los 11 millones de personas. La recaudación estimada del Impuesto a las Grandes Fortunas para ese entonces fue de USD 23,1 millones (BOB 159,4 millones), cifra que fue creciendo hasta alcanzar los 225 contribuyentes y los USD 64,7 millones (BOB 446 millones), de acuerdo con datos del Ministerio de Economía. Sin embargo, en los primeros 10 meses de 2025, los ingresos por este concepto fueron decreciendo para rondar los USD 23,5 millones (BOB 162,2 millones).
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Giro político
Datos de la Comisión Económica para América Latina (Cepal) indican que Bolivia, junto a Argentina y Ecuador, impulsó el crecimiento de la región de América del Sur el año pasado.
Sin embargo, en un informe presentado a finales del año pasado, el organismo proyectó un repunte de tan solo 0,5 % del PIB nacional tanto para 2025 como para este año, al advertir que, aunque supera el desempeño negativo de 2024 (-1,1 %), ha quedado atrapada en un ciclo de estancamiento relativo y sin fuerza para una recuperación robusta.
El nuevo Gobierno se ha propuesto dinamizar la economía y fortalecer la inversión privada a través del impulso a proyectos estratégicos, lo que revertiría la tendencia observada por la Cepal en 2024, cuando no hubo nuevos proyectos de inversión por primera vez en casi dos décadas.
Mariana Pereira, managing partner de Orienta Legal, considera acertada la propuesta gubernamental de eliminar el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), que, en su opinión, evidencia un giro en la línea política del gobierno actual al priorizar la generación de un ambiente de mayor estabilidad en Bolivia, orientado a la repatriación de capitales y a la atracción de nuevas inversiones.
De acuerdo con la especialista, históricamente, los recursos bolivianos se han dirigido principalmente a Estados Unidos, Panamá, Paraguay y Uruguay, debido a su estabilidad jurídica, acceso a sistemas financieros desarrollados y previsibilidad regulatoria.
En relación con el planteamiento de eliminar el IGF, señala que, desde un punto de vista práctico, este impuesto no logró demostrar eficacia en términos de recaudación, especialmente si se lo compara con los altos costos administrativos y de fiscalización que implicaba su aplicación, generando además un ambiente poco favorable para la inversión de capital.
Si bien la abogada cree que el impacto directo de la eliminación del IGF sobre la recaudación fiscal será limitado, considerando que el citado impuesto representaba una fracción marginal de los ingresos fiscales totales del Estado boliviano, explica que el efecto más relevante puede observarse a mediano y largo plazo, en términos estructurales.
“La eliminación del impuesto podría reforzar un sistema impositivo basado principalmente en impuestos indirectos, utilidades y consumo, lo cual puede derivar en una mayor inversión, una ampliación de las bases tributarias y, en consecuencia, en una recaudación más sostenible en el tiempo”.
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Atractivo
Con el IGF, Bolivia se sumó a otras naciones de América Latina en gravar la riqueza. Destacan Argentina, Uruguay y Colombia, este último recientemente incrementó la tasa que cobra por concepto de impuesto al patrimonio de 1,5 % a 5 %, que ha sido considerada la más alta del mundo.
La socia de Orienta Legal explica que la eliminación del IGF reducirá de manera significativa el costo tributario de mantener patrimonio bajo jurisdicción boliviana, particularmente en el caso de estructuras familiares, holdings patrimoniales y activos no productivos.
“Bolivia pasará a ser una jurisdicción sin un impuesto recurrente sobre el patrimonio, lo cual resulta especialmente atractivo frente a otros países de la región que gravan la riqueza de forma anual, generando un incentivo claro para la relocalización de patrimonios”.
No duda que esto la posicionará como una jurisdicción fiscalmente competitiva, especialmente frente a Argentina, Brasil, Colombia o Uruguay, que mantienen impuestos patrimoniales o que, incluso, los han reforzado en los últimos años.
El que el país pueda convertirse en una jurisdicción de refugio patrimonial a nivel regional, estará sujeto a que la política fiscal venga acompañada de estabilidad institucional, como comenta Pereira, quien resalta que los cambios abruptos en las políticas fiscales en América Latina es uno de los factores geopolíticos más relevantes que generan hoy mayor incertidumbre en la relocalización de fortunas en la región.
“El contexto hace que los clientes prioricen jurisdicciones previsibles y estables”, manifiesta convencida de que la relocalización patrimonial suele traducirse en inversión real cuando existen vehículos jurídicos claros y seguridad jurídica en el país del que se trate.
Entre los principales sectores bolivianos que estima generarán interés entre los inversionistas menciona el inmobiliario urbano y turístico, la agroindustria, la industria de alimentos, energía y recursos naturales bajo esquemas de asociación, así como los servicios financieros, tecnológicos y de economía digital.
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Adecuar el marco legal
Mejorar el clima de negocios en el país del altiplano no pasaría solo por eliminar el IGF; también exige adecuar un marco jurídico que, en términos generales, requiere modificaciones inmediatas para alinearse a estándares más modernos de atracción de capitales.
Comenta que hoy la Ley de Inversiones, con sus imperfecciones, garantiza en cierta medida la igualdad de trato entre capital nacional y extranjero. Adicionalmente, el Código de Comercio boliviano, que data de 1976, permite estructurar inversiones mediante sociedades y distintos contratos comerciales.
Mientras que la normativa cambiaria vigente es relativamente libre y permite relaciones comerciales fluidas con el extranjero, lo que constituye un elemento positivo para la llegada y repatriación de capitales, para Pereira, además del Código Tributario, las leyes impositivas con más de 20 años, como la Ley 843, deben ser modificadas.
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Riesgos y desafíos
Aunque el nuevo Gobierno boliviano está haciendo esfuerzos por atraer capital extranjero, trasladar su patrimonio al país conlleva ciertos riesgos para inversionistas y contribuyentes.
La abogada explica que, en un contexto de cambio político, luego de más de 20 años de gobiernos de izquierda, los principales riesgos no están necesariamente vinculados a la carga tributaria, sino a factores de naturaleza política y al propio proceso de transición.
Destaca, entre ellos, la incertidumbre regulatoria, especialmente en sectores estratégicos, y la falta de institucionalidad en el sector público, que representa uno de los principales desafíos para el gobierno actual.
“Estos riesgos exigen una planificación jurídica cuidadosa, con estructuras sólidas y un análisis de largo plazo”, añade.
De allí que considere que abrigar el IGF será sostenible en la medida en que se consolide dentro de una estrategia integral, para lo cual considera necesario mantener una estabilidad normativa que permita generar confianza en el ambiente de inversiones, modernizar el sistema financiero y los instrumentos de inversión, y, sobre todo, implementar políticas claras de atracción y retención de capital privado.
“Sin estos ajustes, la eliminación del impuesto puede quedar como una señal positiva, pero insuficiente”.
Avanzar en la consolidación de confianza en las reglas de juego, el desarrollo de instrumentos modernos de inversión y la generación de señales claras y sostenidas de estabilidad económica será determinante, como señala la managing partner de Orienta Legal.
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