Fusiones y adquisiciones en Bolivia: Cambio político y restricción de divisas reactivan el mercado con nuevos criterios de inversión

El mercado de fusiones y adquisiciones en Bolivia atraviesa una etapa de transición en la que convergen cambios políticos, presiones económicas y ajustes en la estrategia empresarial. La llegada de Rodrigo Paz Pereira al poder, tras dos décadas de predominio del Movimiento Al Socialismo, ha introducido nuevas señales hacia el sector privado que el mercado observa con cautela.

Aunque el país altoandino no se presenta aún como un mercado consolidado, sí se configura como un espacio donde comienzan a reactivarse ciertas dinámicas de inversión. Parte de ese interés proviene de actores extranjeros que durante años evaluaron el país con reservas vinculadas a la seguridad jurídica y a la previsibilidad del entorno.

La socia de Orienta Legal, Mariana Pereira, explica que este fenómeno ha alterado la forma en que empresas locales e inversionistas extranjeros identifican oportunidades. En su análisis, la abogada indica que las transacciones ya no se explican por la rentabilidad del negocio, sino también por la capacidad de los activos para generar divisas o facilitar el acceso a mercados internacionales.

Este cambio ha reposicionado a las empresas exportadoras y a aquellas vinculadas al comercio exterior, que pasan a ser vistas como plataformas que aportan liquidez en moneda extranjera en un entorno restrictivo. Como resultado, activos que antes tenían un rol secundario en el mercado hoy adquieren un peso distinto dentro de las decisiones de inversión.

Aun con estas señales, la actividad se mantiene selectiva. La socia sostiene que, si bien el volumen de operaciones no alcanza niveles comparables con otros mercados de la región, sí se observa una reactivación gradual impulsada tanto por la necesidad de adaptación del sector privado como por inversionistas que empiezan a reconsiderar su posición frente al país.

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El dólar como eje de las transacciones

Ese interés no puede entenderse sin un factor que hoy atraviesa todo el mercado boliviano: la disponibilidad de divisas. La actual restricción en el acceso a dólares ha transformado la dinámica corporativa en Bolivia. Según Pereira, esta situación impacta no solo en la operación cotidiana de las empresas, sino también en la forma en que se estructuran las transacciones.

“En la práctica, esto ha incrementado el atractivo de empresas con capacidad propia de generación de divisas, especialmente exportadoras, porque ya no solo se las mira por su negocio principal, sino también por su capacidad de aportar liquidez en moneda dura o acceso a mercados externos. Esa lógica ha hecho que ciertos targets sean hoy estratégicamente más valiosos que hace tres o cuatro años”, explica la socia.

Al mismo tiempo, la escasez de divisas ha incentivado procesos de integración y diversificación. Empresas locales buscan reducir su dependencia del mercado doméstico y asegurar acceso a flujos internacionales, mientras que inversionistas extranjeros identifican oportunidades en sectores como el agroindustrial.

Este cambio de enfoque ha introducido una capa adicional de complejidad en las operaciones. La experta menciona que la evaluación de activos requiere ahora un análisis más amplio, que combine variables financieras, operativas y macroeconómicas. En este escenario, concluye, la asesoría legal adquiere un rol central en la estructuración de transacciones que logren equilibrar riesgos y expectativas.

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Cambio político y señales al mercado

El contexto político ha sido otro factor que contribuyó a moldear las expectativas del mercado. La elección de Rodrigo Paz marcó el inicio de una nueva etapa tras dos décadas de gobierno del Movimiento Al Socialismo, introduciendo un discurso orientado a la inversión privada.

Para Pereira, este cambio ha tenido un efecto en la percepción de riesgo país. Aunque advierte que aún es temprano para medir resultados, considera que se ha abierto una narrativa que el mercado internacional sigue con atención.

“La política influye en la confianza, en el acceso a divisas, en el apetito bancario, en la dinámica regulatoria e incluso en la disposición de un accionista a vender, asociarse o expandirse. Por eso, un cambio de gobierno con discurso pro-inversión tiende a reactivar el mercado de M&A”, resalta.

Las empresas locales, en particular, incorporan la coyuntura política como un elemento estructural en sus decisiones estratégicas. A diferencia de otras jurisdicciones, donde la política puede tener un peso relativo, en Bolivia influye de manera directa en la dinámica económica.

La vocera de Orienta Legal describe el momento actual como una combinación de cautela y expectativa. El empresariado reconoce que los cambios estructurales requieren tiempo, pero también identifica una oportunidad en la nueva orientación del gobierno.

“Si el nuevo gobierno logra fortalecer la seguridad jurídica, reducir la discrecionalidad administrativa y generar mayor previsibilidad, es razonable esperar que muchas empresas pasen a una lógica más transaccional y de crecimiento”, afirma.

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Sectores que concentran el interés inversor

El interés de los inversionistas se concentra en sectores con capacidad de generar divisas y proyección de crecimiento. Entre ellos destacan sectores como energía, agroindustria y minería, cada uno con dinámicas particulares que explican su atractivo:

• En energía, la necesidad de inversión se vincula con la caída en la producción de gas y con el anuncio de reformas orientadas a atraer capital privado. Según la especialista, este escenario abre espacio para procesos de consolidación y entrada de nuevos actores, en la medida en que se concreten cambios regulatorios.
• La agroindustria se posiciona como un sector con capacidad de respuesta frente a la coyuntura. Para la socia, el crecimiento de exportaciones de productos como soya y carne bovina ha reforzado el interés en activos agroexportadores. En este ámbito, las operaciones suelen orientarse a la expansión y a la integración de cadenas de valor.
• La minería, por su parte, se mantiene como uno de los pilares de la economía boliviana. El aumento en la producción durante 2025, impulsado por los precios internacionales, ha renovado el interés en el sector. De acuerdo con la experta, en un contexto global donde la demanda de minerales estratégicos se incrementa, Bolivia ocupa un lugar relevante.

Para Pereira, estos sectores comparten un rasgo común: su conexión con mercados internacionales. En un entorno marcado por la escasez de divisas, esta característica se convierte en un factor determinante para la toma de decisiones de inversión.

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Riesgos en un mercado exigente

Por otro lado, la complejidad del entorno ha llevado a una evolución en la forma en que se estructuran las transacciones. Pereira observa un uso creciente de mecanismos contractuales orientados a distribuir riesgos entre las partes.

Las operaciones incorporan con mayor frecuencia ajustes de precio, pagos diferidos y esquemas escalonados de adquisición. Estas herramientas permiten gestionar incertidumbres vinculadas al contexto regulatorio, cambiario y operativo.

“Lo más interesante del mercado boliviano hoy es su capacidad de adaptación. El sector privado se ha vuelto extraordinariamente creativo para operar en un contexto complejo”, destaca.

Esta creatividad responde a la necesidad de adaptar estructuras a un entorno donde las condiciones pueden cambiar con rapidez.

En este marco, el proceso de due diligence presenta desafíos adicionales. La limitada disponibilidad y sistematización de la información en registros públicos obliga a realizar verificaciones más exhaustivas. Esto incluye revisión documental interna y entrevistas con el management.

A este factor se suma la persistencia de prácticas informales en algunas empresas. Según Pereira, esto genera tensiones cuando el comprador proviene de jurisdicciones con estándares más exigentes.

“Esto suele generar tensión cuando el comprador o inversionista proviene de jurisdicciones con estándares más estrictos de governance, disclosure y compliance. No necesariamente implica que el negocio sea inviable, pero sí exige más trabajo de regularización, más protección contractual y, muchas veces, una etapa post-closing muy intensa”, argumenta.

Muchas transacciones requieren procesos intensivos de integración y adecuación a estándares de cumplimiento, lo que extiende el trabajo más allá de la firma del acuerdo.

La abogada observa un énfasis creciente en condiciones precedentes, obligaciones posteriores al cierre y mecanismos de protección frente a contingencias. Este nivel de complejidad refuerza la necesidad de asesoría especializada con conocimiento del entorno local.

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De la expectativa a la ejecución

Para la socia de Orienta Legal, el desarrollo del mercado de M&A en Bolivia durante 2026 dependerá de la evolución de varios factores. Entre ellos, la capacidad del gobierno para implementar medidas orientadas a la inversión, la disponibilidad de divisas y la mejora en la transparencia y en los tiempos de respuesta del Estado.

Pereira considera que existe una oportunidad para que el mercado pase de una etapa de expectativa a una de mayor actividad. Sin embargo, advierte que este proceso estará condicionado por el discurso político y la ejecución de políticas públicas.

“Creo que el inversionista extranjero sigue mirando a Bolivia con interés selectivo. No es un mercado masivo ni inmediato, pero sí un mercado con sectores muy atractivos. En ese sentido, el impacto del capital extranjero puede ser muy positivo. No solo aporta financiamiento, sino también disciplina de gestión, mejores estándares de gobierno corporativo, compliance y mayor profesionalización de los procesos”, indica.

En su opinión, la implementación de regímenes de promoción de inversiones y la reducción de la discrecionalidad serán elementos determinantes. Aunque Bolivia no se posiciona como un destino masivo, sí presenta oportunidades en industrias con potencial de crecimiento y generación de divisas.

A mediano plazo, la abogada anticipa una evolución hacia estructuras más complejas y un mayor énfasis en compliance en áreas como la prevención de riesgos, el ámbito laboral y el cumplimiento tributario.