Fiscalización digital y M&A: La visión de José Diego Ruiz Huidobro sobre el nuevo riesgo tributario en Perú

La gestión tributaria en el Perú ya no puede limitarse a actuar solo cuando surgen problemas. Hoy, la fiscalización se ha vuelto más precisa, rápida y digitalizada. La Superintendencia Nacional de Aduanas y de Administración Tributaria (SUNAT) ha intensificado sus herramientas digitales con fiscalizaciones parciales electrónicas, acceso directo a contabilidades de contribuyentes y el uso de la inteligencia artificial y big data para la detección de riesgos. Los modelos predictivos de deuda y los catálogos de esquemas de alto riesgo fiscal permiten a la administración tributaria actuar sobre inconsistencias en tiempo real.

En un escenario donde incluso los pequeños errores pueden generar multas e intereses que erosionan la competitividad, José Diego Ruiz Huidobro, nuevo counsel del área tributaria de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados, sostiene que el planeamiento tributario preventivo se vuelve indispensable para mitigar multas, intereses y litigios prolongados, proteger el flujo de caja y mantener la competitividad.

En opinión del abogado, la entidad encargada de administrar y recaudar los tributos internos del gobierno nacional ha ido desplazando los métodos tradicionales para apoyarse cada vez más en herramientas tecnológicas.

Entre estas herramientas destacan las fiscalizaciones parciales electrónicas y el acceso directo a los sistemas contables del contribuyente. Pero el cambio más profundo reside en el uso de inteligencia artificial y big data para la detección de riesgos. Mediante modelos predictivos de deuda, la creación de perfiles de riesgo y un catálogo de esquemas de alto riesgo fiscal, la autoridad puede anticipar inconsistencias con una velocidad inédita.

“Esto genera mayor predictibilidad en la recaudación, pero también incrementa contingencias por inconsistencias detectadas en tiempo real. En mi opinión, un planeamiento tributario preventivo y robusto ha dejado de ser una opción: es esencial para mitigar multas, intereses y litigios prolongados, proteger el flujo de caja y mantener competitividad”, explica.

Este cambio en la forma en que la administración tributaria identifica riesgos también está modificando la manera en que las empresas planifican sus decisiones. Operaciones como fusiones y adquisiciones hoy requieren una evaluación mucho más temprana y detallada.

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El rol tributario en operaciones de M&A y financiamiento

La incorporación de Ruiz Huidobro a Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados busca reforzar la integración entre las prácticas tributaria y corporativa. En operaciones de fusiones y adquisiciones (M&A), financiamientos estructurados y reorganizaciones, los motores de la transacción suelen ser comerciales o financieros, pero el resultado final depende en gran medida de la estructura fiscal adoptada.

"He tenido la oportunidad de participar en operaciones complejas de M&A, financiamientos estructurados y reorganizaciones, donde si bien los drivers suelen ser ajenos al tema tributario, es una ocasión donde hacerlo acompañado de una buena asesoría tributaria puede marcar una diferencia significativa", comenta.

Desde su rol en la firma, su objetivo es identificar y mitigar contingencias tanto en la etapa de pre-closing como en la de post-closing, además de estructurar el componente fiscal de las transacciones y planificar la integración tributaria posterior a la adquisición.

Este enfoque cobra mayor relevancia en el contexto actual del mercado peruano. En el país sudamericano, la relación de las empresas con la SUNAT ha evolucionado: de un enfoque centrado en el cumplimiento, la fiscalización tributaria se ha convertido en un componente relevante dentro de la gestión de riesgos empresariales.

Según el último estudio realizado por el SAE de APOYO Consultoría, la fiscalización es percibida por las empresas como más litigiosa y arbitraria. Para el 90 % de las compañías, la variable tributaria ha dejado de ser únicamente un costo de cumplimiento para convertirse en un factor de incertidumbre que puede comprometer la viabilidad financiera de la compañía.

En este escenario, el riesgo fiscal ha ganado peso en operaciones de fusiones, adquisiciones y financiamiento estructurado. Ruiz Huidobro señala que, aunque no siempre sea el primer factor considerado en una transacción, puede tener un impacto relevante en el valor final de la operación.

Uno de los focos recurrentes de controversia es la fehaciencia de los gastos. Aunque el Tribunal Fiscal mantiene una línea clara sobre cómo debe verificarse, mediante una valoración integral de los documentos, en la práctica los contribuyentes suelen tener que acudir a la segunda instancia administrativa para obtener una evaluación razonable de sus sustentos.

El abogado resalta que este proceso puede extenderse varios años: una fiscalización definitiva puede durar hasta 12 meses, seguida de una reclamación que se resuelve en 2 a 3 años, y la resolución final del Tribunal Fiscal puede tardar de 3 a 4 años, momento en el que muchas veces se confirma que la empresa actuó correctamente desde el inicio.

Sin embargo, aclara el experto, incluso cuando la segunda instancia resulta favorable, SUNAT puede impugnar la decisión ante el Poder Judicial, prolongando los procesos y aumentando la incertidumbre para las empresas. Esto evidencia la importancia de un planeamiento tributario preventivo, coordinado con las prácticas corporativa y financiera, para anticipar contingencias y reducir la exposición a litigios prolongados.

“Esto en mi opinión es un despropósito. Considero que la SUNAT no debería poder buscar la revisión de lo resuelto por su superior jerárquico (el Tribunal Fiscal). Si bien esta prohibición existe únicamente para resoluciones que hayan sido calificadas como Jurisprudencia de Observancia Obligatoria mediante Acuerdo de Sala Plena, considero que debería hacerse extensible a todas las resoluciones emitidas por el Tribunal Fiscal”, enfatiza.

Por ello, el nuevo counsel del área tributaria de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados resalta la importancia de integrar la asesoría tributaria con la gestión corporativa y financiera, debido a que permite que las empresas anticipen riesgos, estructuren operaciones de manera eficiente y generen valor sostenible, convirtiendo la planificación fiscal en un componente estratégico que va más allá del mero cumplimiento. En ese contexto, el análisis tributario durante los procesos de due diligence se vuelve una etapa crítica para identificar contingencias que podrían afectar el valor final de una operación.

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Riesgos subestimados en el due diligence

En operaciones de fusiones y adquisiciones, el riesgo tributario ocupa un lugar relevante entre los factores de contingencia que pueden afectar una transacción. Aunque no siempre es el primer elemento evaluado, Ruiz Huidobro señala que puede influir en el valor final de una operación, en un contexto de mayor fiscalización por parte de la SUNAT.

Según el abogado, durante los procesos de due diligence existen áreas donde los riesgos suelen pasar desapercibidos.

1. Contingencias históricas invisibles: Problemas no detectados en fiscalizaciones parciales electrónicas o por modelos de riesgo, tales como inconsistencias en cadenas de comercialización o subvaluación aduanera.
2. Precios de transferencia: Especialmente delicados en grupos multinacionales donde la documentación suele ser insuficiente frente a la lupa de SUNAT.
3. Servicios de no domiciliados: Operaciones complejas que pueden encajar en más de un supuesto de renta de fuente peruana, generando distorsiones severas en su tratamiento impositivo.
4. Reformas recientes: El impacto del IGV digital y la aplicación de los catálogos de esquemas elusivos.
5. Pasivos contingentes en devoluciones: Riesgos derivados de solicitudes de devolución de impuestos que podrían ser cuestionadas años después.

“El riesgo tributario se ha posicionado como uno de los principales factores de contingencia en M&A y financiamientos estructurados, a menudo superando riesgos operativos o regulatorios por el nivel de fiscalización de SUNAT”, explica.

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La era de la fiscalización digital

La fiscalización digital de la SUNAT ha alcanzado sectores que antes eran difíciles de controlar, incluyendo servicios digitales de no domiciliados, intangibles y plataformas extranjeras. Desde diciembre de 2024, se ha comenzado a aplicar el IGV a servicios prestados por plataformas como Netflix, Google o Meta a clientes domiciliados en Perú, utilizando mecanismos de retención y percepción.

Actualmente, más de 50 plataformas extranjeras están inscritas en el RUC como contribuyentes del IGV por el consumo realizado por usuarios peruanos. Para monitorear estas operaciones, Ruiz Huidobro menciona que la SUNAT emplea big data, analizando IP, SIM y pagos, y ha reforzado la fiscalización de intangibles, cuyos servicios digitales van más allá de la simple entrega de software, incluyendo soporte en línea, actualizaciones y adaptación de programas al cliente, acercándose cada vez más a la definición de ‘servicios digitales’ del Reglamento de la Ley del Impuesto a la Renta.

A pesar de estos avances, el experto en derecho tributario advierte que la SUNAT mantiene un rol más cauteloso y observador frente a ciertas tecnologías.

“Por lo menos a nivel de personas naturales no habituales, sobre la tributación de criptoactivos y NFTs. Lo mismo ocurre respecto de la implementación del Pilar 2 que es un movimiento que ha perdido tracción después de que Estados Unidos confirmara su no acogimiento; y en algunas instancias en la coordinación respecto del Impuesto a la Renta para multinacionales”, explica.

Esta situación genera incertidumbre y obliga a las empresas a anticiparse. Para el especialista, la asesoría estratégica permite gestionar riesgos incluso ante normativas incompletas, diseñando estructuras conformes con la ley que aseguren predictibilidad y continuidad operativa, en un entorno donde el aumento de las fiscalizaciones también ha intensificado las controversias entre contribuyentes y la autoridad fiscal.

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Tribunal Fiscal, litigiosidad e informalidad

La litigiosidad en Perú refleja una relación tensa entre los contribuyentes y la administración. Históricamente, el Tribunal Fiscal revertía una parte significativa de las resoluciones emitidas por la SUNAT. Según el abogado, cerca del 70 % de los recursos de apelación terminaban con una decisión que dejaba sin efecto lo resuelto por el área de reclamaciones, mientras que alrededor del 30 % de las resoluciones de intendencia eran confirmadas.

En los últimos años, particularmente antes de la pandemia, esa tendencia ha mostrado una variación. El experto señala que ha aumentado la tasa de confirmación de las resoluciones de la SUNAT por parte del Tribunal Fiscal. Este cambio coincide con la incorporación de profesionales con trayectoria previa en la administración tributaria a las salas del Tribunal.

El abogado indica que la presencia de estos perfiles aporta conocimiento técnico en materia fiscal, pero también ha generado la percepción de que podría alterarse el equilibrio propio de la doble instancia administrativa. La formación previa, detalla el especialista, puede influir en la forma en que se abordan determinados criterios interpretativos. En ese marco, considera necesario fortalecer mecanismos que aseguren que las decisiones en sede administrativa mantengan un balance entre la función recaudadora del Estado y las garantías del contribuyente.

La discusión también se vincula con el problema de la informalidad. Ruiz Huidobro señala que la ampliación de la base tributaria y la incorporación de actores informales al sistema corresponde a las entidades responsables de la política económica y fiscal, como el Ministerio de Economía y Finanzas, y no a la SUNAT.

“La ausencia de una política para integrar a la economía informal genera un escenario en el que la recaudación se concentra, de manera casi exclusiva, en el sector formal, los cuales enfrentan mayores exigencias, mientras que varios segmentos económicos permanecen al margen del sistema”, comenta.

La ausencia de medidas para integrar a la economía informal genera un escenario en el que la recaudación se concentra en el sector formal. Actualmente, cerca del 30 % de la economía soporta la mayor parte de la carga tributaria, mientras que el resto permanece fuera del sistema.

Por otro lado, señala que la presión fiscal se concentra injustamente en el 30% formal de la economía debido a que el MEF no ha diseñado políticas efectivas para integrar al 70% informal.

"La falta de una base tributaria más amplia afecta la competitividad del sector formal, fomentando decisiones como el cambio de jurisdicción o incluso el salto a la informalidad. La carga tributaria debe distribuirse de manera equilibrada entre todos los actores", sentencia. Para el abogado, este contexto también forma parte del análisis que realizan los inversionistas extranjeros al evaluar el entorno tributario de un país.

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Riesgo tributario en la mirada de inversionistas extranjeros

El análisis tributario es clave para la toma de decisiones de inversionistas internacionales. El counsel del área Tributaria de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados indica cinco factores más evaluados:

• Estabilidad tributaria: Convenios de Estabilidad Jurídica para el IR, no discriminación y libre remesa de utilidades/dividendos.
• Régimen de precios y fiscalidad internacional: Precios de transferencia, tratados DTT y alineamiento con estándares BEPS.
• Incentivos sectoriales y regionales: Zonas Económicas Especiales, regímenes mineros e hidrocarburos.
• Gestión de riesgos fiscales: Contingencias históricas y fiscalización agresiva requieren un due diligence profundo.
• Repatriación y operaciones de cambio: Facilidad de repatriación y condiciones imparciales para transferencias de moneda.

“Perú tiene de su lado un gran potencial, apuntalado por los DL 662 y 757, que le permiten ofrecer igualdad de trato y garantías constitucionales, pero exigen due diligence profundo en contingencias y planeamiento para mitigar riesgos”, añade.

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La proyección de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados

En su rol como counsel, Ruiz Huidobro busca acompañar el crecimiento del área mediante el fortalecimiento de la práctica tributaria y su articulación con las áreas corporativa, financiera y bancaria de Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. El enfoque apunta a ampliar el acompañamiento a los clientes no solo en operaciones societarias o financieras, sino también en consultoría con un enfoque preventivo que permita apoyar la gestión diaria del negocio, incluso cuando no medie una transacción específica.

“Creemos que hay una gran oportunidad de generar aún mayor valor a nuestros clientes, como resultado de integrar las prácticas tributaria, corporativa y financiera, a los equipos internos que están en el proceso de toma de decisiones estratégicas en las empresas a las que asesoramos. Esto apunta a posicionar a Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados como socio estratégico integral para clientes en un mercado cada vez más complejo”, destaca.