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Edificios corporativos de Lima. Foto tomada de Agencia Andina.
Edificios corporativos de Lima. Foto tomada de Agencia Andina.

Estudio Olaechea hace un balance del año sobre 'compliance' en Perú

2019 se vio marcado por la publicación de diversas normas y el inicio de procesos contra empresas por corrupción y lavado de activos
por Ana Karen de la Torre
publicado el19/12/2019
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Este año ha sido clave para la materia de cumplimiento normativo en Perú. Además de la publicación de diversas normas de regulación, se han iniciado procesos contra empresas por corrupción y lavado de activos. Diego Abeo, quien dirige el área penal de Estudio Olaechea, detalló en entrevista para LexLatin los avances y los pendientes del país en la materia.

Perú quiere ingresar a la Organización de Cooperación y Desarrollo Económicos (OCDE), por eso ha desarrollado bastante normativa sobre la materia: nuevas regulaciones para investigar corrupción de funcionarios, lavado de activos y financiamiento a terrorismo. Incluso la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) ha establecido como sujetos obligados a los abogados y contadores para efectos de que implementen estos modelos de prevención y detecten operaciones sospechosas”, comentó el abogado. 

Principalmente, Perú promulgó este año el Reglamento de la Ley que regula la Responsabilidad Administrativa de las Personas Jurídicas, emitió lineamientos para empresas con modelos anticorrupción desde la Superintendencia del Mercado de Valores (SMV), envió oficios a las firmas legales para requerirles la designación de un Oficial de Cumplimiento desde la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP (SBS) e inició el proceso de grandes investigaciones que involucran a la Banca, a empresas constructoras y financieras. 

De acuerdo con el abogado, tanto la coyuntura peruana, como el ofrecimiento de eximentes de responsabilidad penal, han hecho que las empresas cada vez más se preocupen por implementar modelos de prevención de delitos al interior de sus organizaciones. 

"Apenas la SMV pre-publicó los lineamientos a seguir del modelo de prevención de delitos, que de manera voluntaria lo integran las empresas, por eso es que estamos un poco lentos en ese aspecto en particular. Si bien no es obligatorio tenerlo, si existe un caso en donde se involucra la persona jurídica, con este modelo de prevención sólido, te darán la posibilidad de eximirte de responsabilidad. Hay que plantearse sobre todo las consecuencias que hay al responsabilizar a la persona jurídica desde el punto de vista de su reputación y de las sanciones que la ley establece”. 

Diego Abeo asegura que el próximo año se verá una consolidación en cuanto al cumplimiento normativo: “Perú ampliará la gama de delitos, las multas y sanciones por no tener modelos de prevención serán mayores. Ahora lo que tenemos son multas, inhabilitación de contratar con el Estado, sustracción temporal del local”. El cambio significará para el país una fuerte inversión en su estructura para poner en marcha su normativa, aunque a decir del abogado Abeo, “primero, debería haber más casuística desde el Poder Judicial y la Fiscalía; además de la inversión en capacitaciones”. 

Los cambios comienzan a sentirse

El abogado mencionó como caso emblemático al conocido como ‘Club de la Construcción’, por el que se investiga un presunto cartel de empresas que concertaban para repartirse obras de la Red Vial Nacional. Son más de 30 las constructoras vinculadas a este caso, y entre ellas están Graña y Montero, OAS, Grupo Plaza, Obrainsa, Malaga, Cosapi, ICCGSA, JOHE, Constructora San Martin y Andrade Gutiérrez. “Recientemente hay un par que se han acogido a la colaboración eficaz; se está demostrando que ha existido organización de estas empresas para beneficiarse”. 

Abeo también hizo referencia al caso Credicorp, mismo que se desprende de la investigación a los aportes de las campañas de Fuerza Popular, el partido político de Keiko Fujimori. Dionisio Romero, presidente del directorio de Credicorp, declaró ante el equipo especial Lava Jato que entregó a la hija del expresidente Alberto Fujimori 3.6 millones en efectivo. 

El delito de financiamiento ilegal de partidos políticos fue regulado este año. Hay un tema de falsedad en información proporcionada por Keiko Fujimori ante la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) en su última campaña. Eso es un delito, obviamente tipificado en el código fiscal y entiendo que no está prescrito porque es de la campaña de 2016. El cuestionamiento también gira en torno a Credicorp porque siendo una entidad financiera, donde supuestamente existe una normativa estricta en temas de cumplimiento normativo, ha omitido de alguna manera señalar la cantidad de dinero que aportó, y sobre todo en efectivo, y en maletas, lo cual es algo sumamente grave y debe ser investigado”.

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