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"La ley desde luego tiene sus límites, pero al fin y al cabo es la aplicación práctica de estas reglas de convivencia basadas en filosofía". / Unsplash, Luke Chesser
"La ley desde luego tiene sus límites, pero al fin y al cabo es la aplicación práctica de estas reglas de convivencia basadas en filosofía". / Unsplash, Luke Chesser

El estado del 'legaltech' español en el ámbito público

Ofelia Tejerina integra el grupo de trabajo que está elaborando la Carta de Derechos Digitales para España
por Ana Karen de la Torre
publicado el03/12/2020

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Ya no basta con saber utilizar bases de datos jurídicas basadas en inteligencia artificial, sino que, a decir de Ofelia Tejerina, presidenta de la Asociación de Internautas y quien además dirige un diplomado sobre Business Analytics y Legaltech para futuros abogados, la siguiente generación de profesionales del derecho está obligada a conocer qué aspectos de la vida están inmersos en sistemas de información digitales, porque ahí están los conflictos jurídicos del futuro.

Ofelia Tejerina
Ofelia Tejerina

En esta transición, la pandemia obligó a los profesionales a hablar del teletrabajo, la desconexión digital, la privacidad, las tecnologías de rastreo y la monitorización. Con estos temas, de acuerdo con la especialista en derecho digital ahora es necesario plantearse en qué medida deberíamos usar esa tecnología: su proporcionalidad y los riesgos de su mal uso. Para Tejerina esto es algo crucial, ahora es parte del grupo de trabajo que está elaborando la Carta de Derechos Digitales para España.

En entrevista con LexLatin, Tejerina detalló sus apuntes jurídicos sobre el avance de la tecnología legal en el ámbito público. A su ver, "la pandemia nos ha vuelto a poner sobre la mesa cuestiones que llevamos tiempo debatiendo, pero lo ha hecho de forma contundente e inmediata". 

El movimiento legaltech español, ¿ha tenido resultados a nivel Estado?

De momento el único intento “relevante” de modernización de la justicia en España ha sido la herramienta LEXNET. La plataforma de comunicación con los juzgados trataba de reducir el uso del papel y el tiempo de gestión y trámite de los documentos que conforman los autos de un proceso. Sin embargo, no está siendo todo lo eficiente que nos hubiera gustado, por caídas informáticas continuas. Ha sido, incluso, objeto de alguna denuncia por vulnerar la privacidad de los ciudadanos

¿Cree que se está haciendo lo suficiente para crear esa cultura digital que necesita la ciudadanía? 

Es destacable el esfuerzo que están haciendo desde Red.es, desde la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial y la Secretaría de Estado de Telecomunicaciones e Infraestructuras Digitales, así como desde el Ministerio de Asuntos Económicos y Transformación Digital con la “Estrategia Digital” en la que se trabaja actualmente. Sin embargo, si hablamos de dotación de recursos materiales para acometer este tipo de programas aún sigue siendo insuficiente y, especialmente, preocupa en materia de justicia. En general, queda mucho por hacer sobre acceso electrónico a los servicios públicos por los ciudadanos.

¿Por qué aún no contamos con tribunales que se apoyen con tecnologías?, ¿es que hay resistencia o es que hay rechazo a invertir en ello?

Realmente no sé cómo responder a esta pregunta. Es algo que llevo muchos años cuestionado desde la Asociación de Internautas. Inventan leyes para Internet que ni siquiera son capaces de explicar cómo se van a aplicar por la administración de justicia.

Existe una peligrosa tendencia a apartar a los jueces de estas materias y, peor, dejarlo en manos del sector privado. No logro comprender qué sentido tiene mirar hacia otro lado o poner parches a estas carencias en vez de repararlas. 

¿Cuáles son las innovaciones del sector público que más celebra?

En este momento, por ejemplo, un nutrido grupo de expertos trabajamos en una Carta de Derechos Digitales por encargo de la Secretaría de Estado de Digitalización e Inteligencia Artificial. Es un documento que sentará las bases sobre su contenido esencial y servirá para orientar tanto el trabajo del legislador como a las administraciones públicas o al sector privado. Todo está ya afectado por estas cuestiones y, de manera transversal, ha de ser tenido en cuenta por la sociedad en su ordenación.

Las empresas encargadas de la infraestructura tecnológica apoyan este tipo de iniciativas y comprenden su necesidad al servicio de los usuarios. Al menos, así es como lo manifiestan en sus respectivas políticas de Responsabilidad Social Corporativa.

Sobre leyes que faltan o, más bien, leyes que sobran, ¿cuál es su impresión para el ordenamiento español?

Digitalizar la justicia no es poner más ordenadores, es resolver judicialmente los conflictos que nos trae la tecnología. Creo que sobran leyes que regulan lo que ya está regulado, por ejemplo, las que tratan de redefinir conceptos tradicionales perfectamente válidos para el mundo online: delitos de odio, injurias, elementos de un contrato, etc.

También sobran leyes que parchean las carencias del sistema judicial con atajos para resolver pronto y, muy probablemente por eso, sin las debidas garantías.

Por otro lado, nos faltan normas de ejecución práctica, que agilicen los procesos judiciales y permitan al juzgador conocer de este tipo de asuntos, especialmente en materia de derechos fundamentales. 

¿Lograrán las leyes resolver temas éticos del desarrollo tecnológico que, en cierta medida, puedan afectar otros derechos? Ejemplos: asistencia tecnológica en la eutanasia, subrogación de úteros artificiales, trabajo mediante aplicaciones de economías colectivas, entre otros

En otras materias muy sensibles la ética y la ley han venido conciliando posturas de una manera relativamente ordenada. Me refiero a la bioética. La tecnoética no deja de ser una derivada que también debe poner en el centro al individuo y, realmente, veo necesario que ambas materias tengan una comunicación directa y fluida. La ley desde luego tiene sus límites, pero al fin y al cabo es la aplicación práctica de estas reglas de convivencia basadas en filosofía.

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