Con la Ley para potenciar el financiamiento e inversión para el desarrollo sostenible, mediante el uso de valores de oferta pública temáticos (Expediente 22.160), Costa Rica presenta buenos vientos en materia de ESG (Environmental, social and corporate governance, por sus siglas en inglés). De hecho, 2021 reportó un crecimiento en la aplicación de estos criterios en el ámbito de la inversión.
La demanda por las operaciones vinculadas con la sostenibilidad se pone de manifiesto en el desarrollo de una economía que impulsa, desde su marco normativo, las inversiones responsables. En medio de este contexto, Arias, firma que opera en seis países de Centroamérica, incorporó como socio y líder de su práctica de derecho ambiental, para Costa Rica, a Roberto Cordero. El especialista, quien cuenta con más de 20 años de experiencia en el sector legal en la práctica que ahora dirige, llega con objetivos claros y desafiantes.
“A mediano plazo vamos a crecer en servicios de sostenibilidad, pero con experiencia en la práctica y la remediación ambiental, es decir, vamos a crecer exponencialmente con equipos expertos en cada país para ofrecer soluciones directas, legales y reales a las necesidades de nuestra región. A largo plazo es posible que desde otras latitudes podamos incursionar como expertos, como es el caso de México, donde ya nos han solicitado participar”.
Además del Departamento de Derecho Ambiental, Cordero también liderará las prácticas de salud, seguridad ocupacional y seguridad alimentaria, así como los servicios de sostenibilidad del despacho.
Este es su balance sobre las oportunidades y los desafíos que se presentan en la materia para este 2022.
Comparado con otros países de Latinoamérica, ¿cómo considera que se ha desarrollado el derecho ambiental en Costa Rica?, ¿cuál es su potencial viéndolo desde una mirada regional?
Roberto Cordero: Costa Rica mantiene un liderazgo en la generación de normas ambientales y de salud ocupacional, así como de seguridad alimentaria. La puesta en práctica de estas normas nos han dado 18 años de crecimiento constante, esto a partir de la Ley Orgánica del Ambiente de 1994 y sus normas conexas. Sin embargo, la experiencia nos deja grandes desafíos sobre el manejo de nuestras aguas residuales, para que alcancen el nivel que las normas de conservación de bosques han alcanzado.
La agenda gris, mal llamada agenda industrial y productiva, nos deja una comparación nociva. Estamos en serio déficit para con nuestros ríos y, eventualmente, con los océanos de ambas costas. Desde una mirada regional, debemos liberar la posibilidad de producir energía con base en fuentes geotérmicas y balancear la matriz energética, tan golpeada por el cambio climático. Los otros países de la región lo tienen claro y rápidamente tendrán avances significativos en materia de energía solar, geotérmica y hasta marina.
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De acuerdo con el contexto sociopolítico del país y la región centroamericana, ¿cuáles son los desafíos que encuentra más interesantes en materia ESG?
Centroamérica tiene la ventaja de ser el ejemplo perfecto de la convergencia de los factores climáticos de la región: nuestro clima tropical y los impactos de los cambios desde el norte y el sur del continente tienen un efecto directo en nuestros ecosistemas.
Claramente, el tema energético y de mejora en los usos de energías limpias son un gran desafío, pero las tecnologías aparentan estar más lejanas que otros problemas más básicos y relacionados con nuestra salud regional.
Los desafíos inician con encontrar las herramientas políticas y legales para impulsar cambios ambientales necesarios para el avance social: cada día tendremos más escasez de agua, impactos de las tormentas provenientes del Caribe, riesgos de huracanes y agravantes en la degradación de suelos por erosión. Es necesario hablar sobre la importante labor de tratamientos de nuestras aguas residuales provenientes de nuestras crecientes poblaciones y demandas del sector turístico y productivo.
Esto exige a gobiernos responsables la creación de límites y estándares claros en el manejo de las aguas de consumo, como las concesiones de ríos y fuentes subterráneas. Con esto me refiero a llevar a cabo el análisis de riesgo sobre los acuíferos existentes y sus formación geológica. De la misma manera, proporcionalmente, se deben establecer parámetros obligatorios de tratamiento de aguas residuales, con los contrapesos de cargas, cánones o impuestos ambientales que realmente sean reinvertidos en los sistemas de abastecimiento de agua poblacional y de uso turístico.
¿Cuáles son las últimas reformas en materia ambiental a destacar?
Los cambios fundamentales vienen desde la obligatoriedad de tratamiento de aguas residuales hasta la generación de estudios predictivos de impacto ambiental para los desarrollos de infraestructura, agricultura y turismo.
Los crecientes aspectos de cuantificación de los impactos ambientales nos obligan a prepararnos con herramientas de remediación ambiental, con utilidad directa para la continuidad de los negocios, operaciones y actividades comerciales.
Los esfuerzos de introducir mercados voluntarios de carbono serán una ruta de éxito para muchas empresas que ya han entrado en la inversión de generación de energía y producción con sostenibilidad.
Las normas más técnicas nos obligan a tener especialistas con conocimiento de salud ocupacional, economía ambiental, valoración del daño, cuantificación de los ciclos de vida productivos y el manejo eficiente de los recursos. También para valorar las materias primas, los productos y sus residuos, dentro de esquemas de economía circular.
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¿Cuál es el potencial de crecimiento que proyecta sobre los servicios de sostenibilidad - ambiental, sociedad y gobernanza - hacia los próximos 5 años?
Los servicios de sostenibilidad, desde un ámbito legal, son una realidad para el sector bancario y de inversión. Los nuevos consorcios que vienen a nuestra región desde el norte y el sur de América reconocen la necesidad de tener una triple visión de los conceptos ambientales, sociales y de gobernanza, no solo para sus inversiones, sino para sus socios y la continuidad de las operaciones en la región.
A nivel europeo la exigencia de la valoración del ciclo de vida de los productos agrícolas, comerciales y del sector de alimentos será un estándar de obligado cumplimiento. Tanto por OCDE (Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico), como por requerimientos internacionales de la trazabilidad de los bienes y servicios.
El que no esté preparado para ofrecer esta triple visión, con experiencia en el campo y con haber llevado procesos remediales, correctivos y de generación de valor se quedará ofreciendo un servicio sofisticado, pero sin contenido de campo.
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