13/04/2026
En medio de un proceso con grandes fallas, los resultados preliminares de las elecciones en Perú se esperarán hasta la tarde de este lunes 13 de abril, cuando quedará definido quiénes disputarán la segunda vuelta del próximo 7 de junio y quién asumirá las riendas de un país que, pese a su endémica inestabilidad política, ha logrado sostener una dinámica económica que lo mantiene entre los más sólidos de la región.
La jornada electoral de este domingo estuvo marcada por fallas en la entrega de material electoral y la tardía apertura de ciertos centros electorales, lo que obligó a la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) a extender la jornada hasta este lunes 13 de abril para permitir votar a más de 60 mil peruanos que no pudieron ejercer su derecho.
Las elecciones generales de 2026 han marcado un hito en la historia del país y la región, con 35 candidatos que aspiraban a ocupar la silla presidencial, evidenciando la fuerte fragmentación que impera en la sociedad peruana, auspiciada por la desconfianza de la población en los partidos y en la vida institucional, lo que para los analistas deriva en un peligroso desapego que puede incluso debilitar los estamentos democráticos.
“En el conjunto de problemas que enfrenta el Perú resalta la inestabilidad política, que se expresa en la sucesión de múltiples presidentes en pocos años, lo que genera incertidumbre y afecta directamente la confianza de los inversionistas y la continuidad de las políticas públicas”, dice Juan Jiménez Mayor, experto en derecho constitucional, público y administrativo, y consejero de la firma limeña Benites, Vargas & Ugaz Abogados.
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Avance a contracorriente
Fuertemente dependiente de la minería, la economía peruana ha mantenido un ritmo de crecimiento bastante estable en la última década, con un promedio de entre 2,6 % y 4,5 %, si se exceptúa el bajón de 11 % vivido en 2020. De hecho, y pese a la convulsión política, en 2025 el PIB ascendió a 3,4 %, y aunque para 2026 las previsiones de los organismos internacionales apuntan a una baja hasta 3,1 %, el porcentaje se mantendría en el rango histórico.
Este paradójico comportamiento de la economía peruana respecto a la política se explica, en buena medida, por una sostenida disciplina fiscal y la independencia del Banco Central, lo que ha permitido preservar la estabilidad macroeconómica.
Sin embargo, el nuevo gobierno deberá hacer frente a dos temas de relativa importancia:
- En el contexto internacional, Perú no escapará a los coletazos del conflicto bélico en el Medio Oriente, cuyos efectos, aunque limitados, incidirán en el mediano plazo sobre oferta y demanda, con posible repunte inflacionario a escala global, especialmente por el aumento de los combustibles y materias primas, entre ellas los alimentos por el corte del suministro de fertilizantes, que ha impedido a importadores del país andino hacer el acopio necesario.
- En el patio interno, a juzgar por el desempeño del Legislativo en los últimos años, el regreso del bicameralismo podría afectar los planes del nuevo gobierno, pues para algunos analistas la restauración del Senado podría fungir de obstáculo para la aprobación de leyes. Sin embargo, Jiménez Mayor, quien fuera Ministro de Justicia durante el gobierno de Ollanta Humala, tiene otra opinión.
“El Senado será una Cámara revisora que tendrá la última palabra en el proceso legislativo y se supone que traería prudencia, evitando las leyes sorpresa y aquellas que pueden perjudicar el modelo económico. Pero eso dependerá de los resultados electorales y de los actores políticos”, afirma.
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Garantizar la inversión
Es innegable la relación entre inestabilidad política y salida de capitales. Por ello Jiménez Mayor estima que el nuevo gobierno debe poner especial empeño en alcanzar la estabilidad política y la confianza institucional, así como garantizar reglas claras, estables y previsibles, especialmente en sectores clave donde las inversiones son de largo plazo y demandan estabilidad.
En efecto, al comparar las estadísticas oficiales se observa que hasta 2013 el flujo de la inversión extranjera en Perú estuvo marcado por un constante incremento promedio que comenzó a mermar, de acuerdo con los analistas, por las denuncias de corrupción y el inicio de la inestabilidad política ese año. Aunque en el último quinquenio la inversión ha retomado la senda alcista, sigue siendo insuficiente para los grandes requerimientos del país.
Otras acciones que el especialista en derecho público cree pertinente incluir en la agenda inmediata del nuevo gobierno son:
- Enfrentar la corrupción, “que en estos tiempos se ha extendido y ya es una barrera a la inversión”.
- Gestionar adecuadamente los conflictos sociales que traban proyectos importantes.
- Generar incentivos en áreas relegadas que pueden tener un gran desarrollo, como el turismo.
- Fortalecer la estratégica posición geográfica y explotar de manera inteligente la asociación con la APEC (Cooperación Económica Asia-Pacífico) desde el Puerto de Chancay.
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Los tres pilares
Como en cualquier país que depende de la actividad extractiva, la minería peruana está fuertemente anclada a la industria energética, constituyendo dos de las principales áreas que demandan más capital para su desarrollo, por lo cual deben figurar como áreas prioritarias para el nuevo gobierno.
Al respecto, Guillermo Torrejón, asociado sénior de BVU, señala que quien sea electo en los próximos comicios estará obligado a hacer más rápida y eficiente la tramitación de los permisos ambientales y sociales, pues considera que los lapsos de espera desestimulan a los inversionistas, pues, para obtener una licencia hay que esperar entre 8 y 12 años.
Señala que un reciente dictamen aprobado en el Congreso, que propone reducir de 30 a 15 años el plazo para iniciar producción minera, incrementar en 300 % el derecho de vigencia y en 400 % las penalidades por no producción, amenaza con agravar el problema, dado que se parte de la premisa de que las concesiones sin producción son "ociosas", cuando su paralización obedece a factores externos que el Estado no ha resuelto, como la conflictividad social y las trabas ambientales.
“La prioridad debería ser reformar este dictamen antes de su promulgación, simplificar los procesos del SENACE (Servicio Nacional Ambiental de Certificación para las Inversiones Sostenibles) y crear mecanismos institucionales de diálogo que eviten que proyectos estratégicos terminen bloqueados, como Conga o Tía María”, dice.
A juicio de Torrejón, un elemento rescatable del dictamen es la posibilidad de suscribir acuerdos voluntarios de participación en beneficios con comunidades del área de influencia, que bien implementados podrían convertirse en una herramienta de gestión social preventiva.
En materia energética, el abogado afirma que el nuevo gobierno deberá actuar en tres frentes: reformar el marco regulatorio de OSINERGMIN (Organismo Supervisor de la Inversión en Energía y Minería) para permitir la redundancia en líneas de transmisión y en el transporte de gas; crear una entidad autónoma de planificación energética que vincule electricidad, hidrocarburos y renovables sin sesgos sectoriales; y desarrollar el potencial hidroeléctrico del país como fuente confiable y de base, complementaria a las renovables no convencionales.
Del mismo modo, para Torrejón el próximo gobierno hereda una base normativa renovada en materia agroindustrial que debe aprovechar y consolidar, sustentada en la reciente Ley N° 32434 o Ley Agraria, la cual beneficia de manera especial a los pequeños productores y augura grandes avances para el sector, razón por la que aboga por su implementación con eficacia.
“En los tres sectores, el denominador común es el mismo: reglas claras, instituciones fuertes y un Estado que planifica y cumple lo que firma”, comenta.
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Asociaciones para ganar
Ante la imposibilidad de poder asumir la demanda de inversiones con recursos propios, en la década de los 90 el gobierno peruano puso en marcha los convenios de asociación público-privadas (APP), estrategia que fue reimpulsada en los últimos dos años con la reforma a la normativa (Ley 32441), que permite un mayor flujo de los capitales privados en conjunto con el Estado.
Tras afirmar que la participación de las APP está garantizada, Guillermo Torrejón recuerda que entre 2002 y 2025, Proinversión adjudicó 253 proyectos APP por más de USD 51.400 millones en nueve sectores estratégicos y 25 regiones del país, convirtiendo este modelo en una política de Estado consolidada, no en una apuesta ideológica reversible.
A ello se suma la reciente implementación del nuevo régimen de APP (denominado como APP 5.0), que introduce procesos más ágiles, mayor claridad en la asignación de riesgos, simplificación de adendas y estándares internacionales de gobernanza.
“El riesgo real no es la eliminación del modelo, sino su parálisis operativa por falta de voluntad política —como ocurrió durante el gobierno de Castillo— pero la solidez institucional actual hace esa parálisis más costosa que nunca”, dice.
Al referirse a las protecciones legales para los inversionistas en estas asociaciones ante posibles “revisiones” por parte de un nuevo gobierno, Torrejón señala que cuentan con un escudo de tres capas: a nivel interno, la Constitución blinda los contratos frente a modificaciones legislativas posteriores, mientras que el régimen legal aplicable a las APP obliga a incluir cláusulas de equilibrio económico-financiero en todo contrato.
En el plano internacional, los Tratados Bilaterales de Inversión y los capítulos de inversión de los TLC suscritos con EE. UU., la Unión Europea y China permiten acudir al CIADI o a tribunales UNCITRAL ante incumplimientos, trato inequitativo o incluso una eventual expropiación.
Reforma fiscal en ciernes
Según estudios adelantados por el gobierno, los ingresos tributarios en Perú representan apenas el 14,4 % del PIB, un monto insuficiente para afrontar el gasto público y la mejora de los servicios básicos.
De hecho, aunque la Dirección de Estudios Macrofiscales del Consejo Fiscal estimó que los ingresos corrientes del Gobierno aumentarán de 18,7 % a 19,3 % del PBI en 2025, este incremento responde principalmente a factores temporales, por lo que se prevé una caída a partir de este año.
Es aquí donde, más allá de las modificaciones puntuales hechas al régimen, una reforma tributaria integral se plantea como la solución definitiva al déficit, aspecto que ineludiblemente deberá ser atendido por las autoridades electas en los comicios de este año.
Para Juan Jiménez Mayor esta reforma sí es posible, pero asegura que enfrenta límites estructurales y constitucionales importantes. Recuerda que el país tiene una baja presión tributaria y alta informalidad (más del 70 %), por lo que el desafío principal no es solo crear nuevos impuestos, sino ampliar la base y mejorar la recaudación.
“Desde el plano constitucional, cualquier nuevo tributo, incluidos los impuestos a la riqueza, debe respetar principios como legalidad, igualdad, capacidad contributiva y no confiscatoriedad”, señala.
Aun cuando los resultados de los comicios generales serán determinantes para marcar el rumbo que tomará la política económica peruana en los próximos cinco años, desde Benites, Vargas & Ugaz no se prevé un deterioro sustantivo del ambiente de negocios, se vislumbra que Perú seguirá siendo una plaza atractiva para la inversión.
“No obstante, recomendamos que toda inversión se estructure bajo un enfoque de gestión integral de riesgos, que permita monitorear y mitigar los mismos, asegurando un cumplimiento normativo riguroso”, concluye Jiménez Mayor.
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