Elecciones en Bolivia: Paz y Quiroga a segunda vuelta tras desplome de la izquierda

*Actualización 20 de octubre de 2025: El candidato de la centroderecha Rodrigo Paz, ganó la segunda vuelta de las elecciones presidenciales de Bolivia, al sumar más de 54 % de los votos según los escrutinios oficiales, superando a su rival, el expresidente conservador Jorge ‘Tuto’ Quiroga, quien habría obtenido poco más de 45 % de la votación.

Paz será el presidente del cambio hacia la derecha en el país andino, gobernado desde 2006 por la izquierda encabezada por el líder sindical Evo Morales, obligado a exiliarse en 2019 tras una ola de protestas por su intención de postularse por un cuarto período.

Paz tendrá la dura tarea de sacar a Bolivia de la recesión, declarada hace una semana luego de conocerse que el país retrocedió 2,4 % en el primer semestre del año, el primer balance negativo del país desde 1986, excepto durante 2020 como consecuencia de la crisis de la pandemia del covid-19. En los últimos 10 años, la nación había mostrado un crecimiento promedio de 3,91 %.   

En medio de una crisis política y económica como no se había visto en varias décadas, la incógnita sobre quién será el nuevo presidente de Bolivia se mantendrá hasta el próximo 19 de octubre, cuando se realice la segunda vuelta entre los dos candidatos más votados en los comicios realizados este domingo 17 de agosto: Rodrigo Paz, del Partido Demócrata Cristiano (PDC - centro) y Jorge "Tuto" Quiroga, de la alianza Libertad y Democracia (Libre - derecha). 

Esto significa que los bolivianos elegirán como presidente a un político de centro-derecha, cuyos tres mayores representantes (Paz, Quiroga y Samuel Doria Medina) alcanzaron casi 80 % de los votos, de acuerdo a los primeros escrutinios oficiales, según los cuales la participación estuvo cercana al 80 %. La izquierda, que acudió dividida a las urnas, resultó relegada a una minoría política, luego de que sus dos representantes, Andrónico Rodríguez y Eduardo del Castillo, alcanzaran en conjunto menos de 12 % de los votos. 

Los resultados parciales de la primera vuelta realizada este 17 de agosto dejan una contundente señal: habrá una vuelta de timón para el país andino, gobernado en las últimas dos décadas por la izquierda. Se cierra así el ciclo bautizado por el oficialismo como el “milagro boliviano” por los avances alcanzados en materia económica, pero que sus detractores no dudan en catalogar como populismo sustentado en una bonanza con poco asidero y fuerte endeudamiento.

Al margen de quién resulte vencedor, el nuevo gobernante tendrá que hacer frente a una deteriorada situación caracterizada por la escasez de dólares, la caída de reservas internacionales, un elevado déficit fiscal, una deuda externa en aumento y la falta de acceso al crédito internacional, además de importantes retos para garantizar la seguridad jurídica, la previsibilidad regulatoria y la simplificación administrativa.

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Auge y caída del movimiento de izquierda en Bolivia   

Sin duda, los gobiernos del líder indígena Evo Morales (2006 – 2019) y su exministro de Economía Luis Arce (2019 - 2025) lograron darle un mejor rostro a Bolivia. Con la bonanza por el aumento de las materias primas y el alza en las exportaciones de gas, el país elevó su Producto Interno Bruto de USD 9.549 millones en 2025, a más de 49.000 millones en 2024, mientras que el PIB per cápita aumentó 3,6 veces en ese lapso.

Eso permitió bajar los índices de pobreza extrema de 38,2 % en 2005, a cerca de 11 % en 2024, según datos extraoficiales, mientras que la deuda externa pasó de representar 52 % del PIB a inicios del gobierno de Morales, a 24 % en febrero pasado, de acuerdo con las cifras del Ejecutivo.

No obstante, un elevado nivel de endeudamiento para mantener el gasto público, la crisis desatada durante y después de la pandemia de 2020, la caída de precios de los minerales y una abrupta reducción de las exportaciones gasíferas, llevaron al país a una situación de crisis que ha provocado, entre otras cosas, una alta inflación, escasez de combustibles, iliquidez monetaria y una creciente brecha cambiaria, aderezada por una convulsión social in crescendo.

En un intento por calmar la situación, el gobierno de Arce lanzó a finales de mayo un paquete de 11 leyes y siete decretos que buscaban paliar la escasez y especulación en alimentos y combustibles, proteger la economía familiar y mejorar el poder adquisitivo, que tuvieron un efecto dinamizador limitado o casi nulo.

“Si bien en algunos sectores generaron liquidez inmediata, no abordaron de fondo la confianza del sector privado ni incentivaron la inversión sostenida… Las restricciones externas e internas en el acceso a divisas y a mercados continúan afectando el clima de negocios. La escasez de dólares persiste y el desabastecimiento de combustible no fue solucionado. En consecuencia, las medidas no fueron suficientes para ayudar al país a salir de la crisis”, dice Ana Carola Muñoz, socia de la firma Orienta Legal.

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Terreno minado

Las elecciones de este 17 de agosto transcurrieron en medio de una agitación social que no ha dejado de estar presente desde noviembre de 2019 y que empeoró en 2024 a raíz de un fallido golpe de Estado rápidamente sofocado, pero que dejó al descubierto las consecuencias económicas de la crisis política, algo que deberá enfrentar con firmeza el próximo gobierno.

Muchas son las prioridades que deberá atender, pero la más urgente es recuperar la estabilidad en la vapuleada economía, producto, según varios analistas, del agotamiento del modelo vigente desde 2006, caracterizado por una fuerte presencia del Estado y al amparo del alza de los commodities en los mercados internacionales.

Desde 2023, el modelo ha hecho aguas ante la caída de precio de los minerales, su principal fuente de ingresos, y el descenso de las reservas internacionales, que, al cierre del primer semestre del año, llegaron a USD 2.807 millones, desde el récord de USD 15.122 millones de 2014, según datos del Banco Central boliviano.

Buena parte de ello responde al desplome de las exportaciones de gas producto de la desinversión en exploración de nuevos yacimientos para aumentar las reservas y el mantenimiento de las instalaciones existentes: si para 2014 el país recibía USD 6.011 millones por la venta de gas natural, para 2024 este monto bajó a 2.050 millones de dólares 

A ello se agrega una inflación que acumula 16,92 % en lo que va de año, la más alta desde 2008, así como una escasez generalizada de insumos, en particular de alimentos y gasolina, ante la imposibilidad de importarlos por falta de recursos.

También los dólares escasean desde hace muchos meses, lo que ha llevado al establecimiento de un mercado paralelo donde la divisa estadounidense puede cotizarse hasta en 20 bolivianos, frente a los 6,96 bolivianos/dólar del cambio oficial.

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Las prioridades

Para Ana Carola Muñoz, socia de la firma Orienta Legal, será fundamental que el nuevo gobierno se proponga reactivar la inversión pública estratégica, impulsar la cooperación público-privada y ampliar el acceso a financiamiento para emprendimientos y pequeñas y medianas industrias, que constituyen el motor de la economía nacional.

“Asimismo, resulta indispensable fomentar la inversión extranjera, potenciar el sector agroindustrial, ampliar las oportunidades de exportación y, sobre todo, brindar seguridad jurídica a los inversionistas, garantizando un entorno previsible y confiable para el desarrollo de negocios en el país”, dice.

Esta tarea no será sencilla. La crisis generalizada que atraviesa el país hizo de Bolivia un destino poco confiable para las inversiones, al punto de recibir apenas 247 millones de dólares de inversión extranjera directa en 2024, según un informe de la Cepal, 44 % menos respecto a los USD 440 millones que el mismo organismo estimó para 2021.

Al respecto, la especialista de Orienta Legal estima que el gobierno saliente no logró consolidar las reformas estructurales para facilitar la inversión, entre ellas la modernización de la Ley de Inversiones, la flexibilización de la normativa laboral y la actualización de los regímenes tributarios para adaptarlos a la economía digital y a los estándares internacionales.

El riesgo país es otro indicador en contra de la recuperación de Bolivia, tomando en cuenta que todas las calificadoras internacionales han bajado la apreciación del país a "CCC-", colocándola como la segunda peor economía para invertir en la región, por detrás de Venezuela.

Es por esto que en Orienta Legal creen que es oportuno adoptar una política integral dirigida a generar confianza y competitividad, trabajando de forma paralela en varios frentes:

• Incentivos fiscales claros y competitivos: Diseñados con transparencia, previsibilidad y enfoque en sectores estratégicos, que promuevan tanto la inversión de largo plazo como la innovación y la transferencia de tecnología.
• Seguridad jurídica y respeto a los contratos: Resulta esencial establecer un marco normativo claro, estable y coherente, libre de cambios arbitrarios, complementado con mecanismos de resolución de controversias eficientes, independientes y accesibles, y con un sistema judicial confiable y ajeno a injerencias políticas.
• Apertura e integración internacional: La adhesión a nuevos tratados de libre comercio y acuerdos bilaterales de inversión, así como el fortalecimiento de los ya existentes, enviaría señales claras de compromiso y previsibilidad a los mercados.
• Reforma judicial: Por el alto grado de politización del sistema judicial, es indispensable implementar un sistema de designación de cargos basado en el mérito, garantizando la imparcialidad de los fallos judiciales y, en consecuencia, restablecer la confianza ciudadana en la administración de justicia.

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Paz social

Una cosa queda clara para los analistas: la recuperación económica de Bolivia debe ir de la mano de la estabilidad social. Ello implica un llamado a todas las fuerzas del país a buscar el entendimiento, máxime tratándose del quiebre del modelo que ha regido por casi dos décadas el destino de la nación del altiplano.

Sin estabilidad política, cualquier medida económica o social es insostenible. Se necesita un acuerdo de gobernabilidad que evite la obstrucción legislativa, consensuó reformas urgentes y garantice la estabilidad mínima para tomar decisiones difíciles pero necesarias”, ha dicho recientemente Ronald Nostas, expresidente de la Confederación de Empresarios Privados de Bolivia.