12/04/2026
El Gobierno de Cuba está trabajando en el fortalecimiento de distintos sectores frente a la crisis, este jueves, por ejemplo, publicó en su Gaceta Oficial el Decreto 143 para regular la comercialización de productos agropecuarios por privados, así, también, puso en marcha el 2 de abril el Decreto-Ley 114, que regula la asociación entre entidades empresariales estatales y no estatales y establece nuevas formas de organización económica, entre ellas la sociedad de responsabilidad limitada (S.R.L.) mixta. La norma introduce, por primera vez en 60 años, un sistema estructurado de cooperación entre el sector público y el privado local, en un contexto de contracción económica, restricciones energéticas y tensiones sostenidas con Estados Unidos.
De este modo, el esquema reorganiza la base empresarial interna sobre la que podrían estructurarse futuras operaciones económicas, en un momento en que la economía cubana enfrenta limitaciones de financiamiento, abastecimiento y capacidad productiva.
La medida se implementa en un escenario de deterioro acumulado desde 2020, con previsiones de nueva caída del producto interno bruto en 2026. A ello se suma una crisis energética intensificada desde 2024, marcada por restricciones en el suministro de combustible que han afectado la generación eléctrica, el transporte y la actividad productiva. Este contexto se ha visto presionado por el endurecimiento de las sanciones estadounidenses, con impacto en el acceso a financiamiento y en los flujos de petróleo hacia la isla.
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Una reorganización del mercado interno
Desde la perspectiva normativa, el decreto no modifica el régimen de inversión extranjera vigente, estructurado en torno a la Ley 118 de 2014. Su alcance se concentra en la articulación entre actores económicos internos, principalmente empresas estatales y mipymes privadas.
Según explica Erick Machado Cerver, asesor jurídico en Dávalos Abogados, el cambio radica en la forma en que se estructuran estas relaciones. Hasta ahora, la interacción entre el sector público y el sector privado se desarrollaba a través de contratos mercantiles puntuales, sin esquemas societarios compartidos.
El nuevo marco habilita mecanismos más amplios de integración, incluyendo sociedades mixtas, adquisiciones, procesos de absorción y contratos de asociación económica.
"El Decreto-Ley 114/2025 no constituye propiamente una reforma del régimen de inversión extranjera vigente (articulado en torno a la Ley 118/2014), sino que introduce un marco específico para la asociación entre actores económicos internos —empresas estatales y sector privado (fundamentalmente mipymes). No obstante, su implementación dependería de normas específicas que demoraron casi cinco años en salir. Hasta el DL 114/2025, las relaciones económicas entre el mayoritario sector estatal y el pujante sector privado en Cuba, se desarrollaron a través de contratos mercantiles puntuales", remarca.
Este desarrollo da continuidad a la apertura de las mipymes en 2021, que ya contemplaba estas asociaciones, pero sin un marco operativo definido hasta ahora.
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De vínculos contractuales a estructuras societarias
El Decreto-Ley 114 regula cuatro modalidades de asociación:
- Constitución de sociedades de responsabilidad limitada mixtas (S.R.L. mixtas).
- Participación estatal en sociedades privadas existentes.
- Absorción de empresas privadas por entidades estatales.
- Contratos de asociación económica sin personalidad jurídica.
La S.R.L. mixta se posiciona como la figura central. Permite la creación de nuevas entidades mediante aportes de bienes, derechos o patrimonios por parte de socios cubanos, con posibilidad de operar en la mayoría de actividades económicas, salvo excepciones específicas.
El Ministerio de Economía y Planificación (MEP) concentra la aprobación de estos esquemas y la conducción de la política pública en la materia, lo que introduce un filtro administrativo previo para cada operación.
Autonomía empresarial
El decreto introduce márgenes de gestión para estas entidades en aspectos como administración patrimonial, relaciones laborales y estrategias de comercialización. El abogado resalta que las empresas pueden organizar su actividad con mayor flexibilidad que en esquemas previos.
No obstante, esta autonomía se encuentra condicionada por mecanismos de control en fases clave del negocio, especialmente en la autorización inicial de proyectos y en el acceso a recursos estratégicos.
"El decreto reconoce márgenes relevantes de autonomía empresarial en la gestión patrimonial, las relaciones laborales y la comercialización. Sin embargo, esta autonomía coexiste con mecanismos de supervisión estructural, como la aprobación previa de proyectos por el Ministerio de Economía, la integración en el sistema de asignación de divisas y la necesidad de autorizaciones sectoriales. Se configura así un modelo de autonomía operativa condicionada", explica el experto.
Entre estos factores destaca el control sobre las divisas, en un contexto donde su disponibilidad resulta determinante para la operación de las empresas. Las entidades deben integrarse en el sistema nacional de asignación, con retenciones parciales sobre ingresos en moneda extranjera.
Cubanos del exterior pueden invertir
El decreto se inserta en un proceso más amplio de ajustes económicos. En marzo de 2026, el Gobierno anunció que los ciudadanos cubanos residentes en el exterior podrán invertir en empresas privadas, ampliando las fuentes potenciales de capital.
En ese contexto, el nuevo marco permite la creación de estructuras empresariales más articuladas, que podrían facilitar la interacción futura con esquemas de inversión extranjera.
Para el especialista Machado, el impacto del decreto debe leerse en combinación con otras medidas recientes. Sostiene que no se trata de una norma de apertura externa, sino de un instrumento de preparación estructural. Al permitir la creación de vehículos mixtos más eficientes, se generan plataformas empresariales que pueden resultar más atractivas para su integración en esquemas de inversión extranjera en el futuro.
Este enfoque apunta a fortalecer el tejido empresarial interno como base para una eventual ampliación de las relaciones económicas.
Riesgos regulatorios y ejecución
El nuevo esquema plantea desafíos desde el punto de vista normativo y operativo. Uno de los principales es la coexistencia de distintos regímenes legales (inversión extranjera, mipymes, asociaciones internas y futuras regulaciones), lo que puede complicar la estructuración de proyectos.
A ello se suma la discrecionalidad administrativa en la evaluación de iniciativas y la existencia de brechas regulatorias, especialmente en ámbitos como el régimen migratorio o los instrumentos financieros.
Desde la perspectiva del inversionista, el nuevo sistema presenta desafíos relevantes. El vocero de Dávalos Abogados afirma que existe una fragmentación normativa derivada de la coexistencia de distintos regímenes y futuras reformas. También persiste el riesgo de divergencia entre lo que establece la norma y su aplicación práctica.
La implementación práctica también dependerá de la capacidad administrativa para procesar solicitudes, un factor que incide directamente en los tiempos de ejecución.
"El Ministerio de Economía juega un rol central en la implementación del nuevo marco. La necesidad de aprobación previa de todos los proyectos implica que la previsibilidad de los tiempos de ejecución es limitada. Aunque existen plazos legales, su cumplimiento efectivo es incierto, lo que puede generar cuellos de botella administrativos y una fuerte dependencia de las prioridades macroeconómicas", añade.
Sectores beneficiados
El diseño del decreto sugiere que la aplicación se concentrará en sectores con necesidades inmediatas de capital y producción. Entre ellos destacan la agroindustria, la producción de alimentos, la energía, especialmente renovables, el turismo, la industria ligera y la infraestructura logística. Estos sectores presentan mayores probabilidades de articulación empresarial y de respaldo institucional.
El esquema también permite ampliar el alcance operativo de empresas privadas mediante su participación en estructuras mixtas, incluso en actividades donde antes tenían limitaciones, aunque persisten restricciones en sectores considerados estratégicos.
Para el sector legal corporativo regional, sostiene Machado, el Decreto-Ley 114 configura un nuevo espacio de estructuración dentro de Cuba. Si bien no altera directamente el régimen de inversión extranjera, introduce variables que pueden incidir en la forma en que se diseñan operaciones.
En particular, la posibilidad de contar con contrapartes locales estructuradas como sociedades mixtas puede influir en la configuración de proyectos con participación extranjera, al facilitar la articulación con actores internos más organizados y con mayor capacidad operativa.
Asimismo, la interacción entre los distintos marcos regulatorios abre un campo de análisis en materia de estructuración jurídica, gestión de riesgos y planificación de inversiones.
Un modelo en transición
El Decreto-Ley 114 marca un cambio en la forma en que el Estado cubano articula su relación con el sector privado, al incorporar estructuras societarias y asociativas más complejas dentro de su modelo económico.
"El Decreto-Ley 114/2025 no es una reforma del régimen de inversión extranjera, sino la creación de un ecosistema de cooperación público-privada orientado a mejorar la eficiencia económica. En ese contexto, se configura un modelo de apertura gradual y regulada, en el que la interacción entre actores estatales, privados nacionales y capital extranjero puede convertirse en el eje de la estrategia económica", aclara.
La implementación de este marco, y su interacción con otras reformas en curso, será determinante para evaluar su impacto en la actividad empresarial. Para los operadores corporativos, el desarrollo efectivo de estas asociaciones marcará el alcance de las oportunidades y restricciones en el mercado cubano en los próximos años.
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