Pedidos de impeachment trimestrales, movilizaciones en las plazas, despliegue de las fuerzas de choque, primeras planas con acusaciones contra autoridades de todo orden, un recorrido que se ha hecho común y característico de América Latina, al menos en los últimos 30 años, luego del retorno de la democracia en la mayoría de sus países. Su vuelta, como modelo, ha sumado al desarrollo de marcos regulatorios y normativos que suponían un mejor funcionamiento de las sociedades. En cambio, la región parece seguir yendo en círculos alrededor de su problema más grave: la corrupción.
La Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022 del Consejo de Abogados por los Derechos Civiles y Económicos del Centro Cyrus R. Vance para la Justicia Internacional, difundida el 16 de marzo, lo ratifica. Sus hallazgos revelan incluso retroceso en países como México, Perú y Guatemala. La paradoja en el caso de los dos primeros es haber destacado al mismo tiempo como países con los marcos normativos más completos.
Los criterios de la evaluación, aplicada en 17 países, se centran en los siguientes aspectos clave: corrupción en el sector público y privado; mecanismos de denuncia y protección de denunciantes; organismos especializados; mecanismos de coordinación institucional; participación de la sociedad civil y transparencia y acceso a la información. El reporte se basa en los conocimientos jurídicos y la experiencia de abogadas y abogados dedicados a la práctica anticorrupción en diversos sectores, incluidos bufetes jurídicos, empresas, academia, organizaciones de la sociedad civil, defensores de derechos humanos y otros.
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Mientras que Uruguay va a la cabeza con una puntuación de 8,36 sobre 10; Venezuela es el último en la lista con una puntuación de 2.87. La evaluación ha identificado tres problemas principales dentro de su panorámica de la región:
- Hay esfuerzos legales para contrarrestar la corrupción, pero estos esfuerzos son improductivos si las leyes no van acompañadas de acciones para implementarlas.
- Si bien hay esfuerzos para castigar la corrupción, los esfuerzos para prevenirla son insuficientes e ineficaces.
- Las instituciones encargadas de combatir la corrupción no son independientes y no tienen capacidad para investigar y sancionar la corrupción.
Voluntad política e impulso regulatorio
Con cuatro presidentes (solo en pandemia, el periodo del estudio), Perú es un país con oportunidad para mejorar en la lucha contra la corrupción, pero sin ganas institucionales de hacerlo. Distinto de México —que destaca por tener un marco regulatorio integral— las autoridades anticorrupción del país andino tienen la independencia necesaria para prevenir, investigar y sancionar de forma efectiva crímenes en esta materia. Lo que falla, según la publicación del Vance Center, es la voluntad política.
“Dentro de los retos en la implementación de la legislación destaca, desde 2018, la Ley No. 30424, que regula la responsabilidad penal de la persona jurídica, pero esta no se ha aplicado, particularmente por falta de capacitación a operadores de justicia”, señala el factsheet de Perú.
La cuenta regresiva para la revocatoria presidencial y las frecuentes disputas políticas muestran a México como un país cuyo potencial se ve impactado por su caos institucional. La realidad del país norteamericano es desalentadora. La evaluación señala que sus autoridades anticorrupción no tienen independencia para cumplir sus funciones y que su capacidad institucional, en lo administrativo y penal, es baja.
“A nivel regional, preocupa a la comunidad jurídica los ataques de los más altos niveles del gobierno a organizaciones de la sociedad civil y medios de comunicación que denuncian casos de corrupción de la administración actual”, destaca el reporte del Vance Center sobre México.
En contraste con estas realidades se encuentra Chile. Para analistas y politólogas, este país se proyecta en una etapa de florecimiento, plasmada en el ejercicio de análisis y discusión en la Asamblea Constituyente para la revisión de su constitución. Dentro de la Evaluación Anticorrupción de América Latina 2021-2022 se destaca la capacidad institucional de las autoridades administrativas y penales facultadas para atender casos de corrupción, con una puntuación media-alta. Sin embargo, en contraparte, se identifica la necesidad de atender su legislación mediante “la dotación de mayores capacidades a las agencias anticorrupción, la previsión de mayores incentivos para la denuncia y sanciones reparatorias”.
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LexLatin conversó con Jaime Chávez Alor, director de Políticas para Latinoamérica del Vance Center. Estas son sus reflexiones sobre el estudio recién publicado.
¿Cómo la cooperación regional jurídica puede contribuir a una mejor defensa contra la corrupción?
Jaime Chávez Alor: Tenemos muchos ejemplos en los que ha quedado claro que la corrupción no es un fenómeno que se restrinja a las fronteras de un país. Al contrario, los grandes casos de corrupción son regionales y, por eso, los esfuerzos que necesitamos de la comunidad jurídica deben ser regionales: es importante tener países con diferentes herramientas y experiencias para combatir la corrupción.
Para esto, lo primero que necesitamos es compartir experiencias e identificar buenas y malas prácticas que sirvan como referencia a otros países. Los actores de la comunidad jurídica regional tienen mucho expertise que es importante enfocar hacia esfuerzos anticorrupción particulares.
¿Qué mejoras deben considerar países como Uruguay y Chile en el desarrollo de sus marcos jurídicos en la materia? Y, en contraparte, ¿qué mejoras deben atender México y Perú en la implementación de los propios?
Uruguay y Chile tienen un área de oportunidad para fortalecer los mecanismos de prevención de la corrupción en los sectores público y privado. Sobre todo para el sector privado es muy importante desarrollar aquellos aspectos necesarios para implementar un programa de integridad empresarial y crear incentivos para su aplicación.
Para países como México y Perú -y muchos otros que tienen retos para la implementación de la legislación- uno de los elementos fundamentales es construir la voluntad política de aplicar la legislación que ya existe.
Esta voluntad, que la comunidad jurídica puede ayudar a construir y que va de la mano con dotar de los recursos humanos y financieros suficientes, capacitación y nombramientos basados en méritos y no en cuestiones políticas, permitirá el fortalecimiento de las instituciones para que sean independientes y capaces de combatir la corrupción.
¿Cómo el desarrollo y uso de la tecnología puede contribuir con la parte preventiva de la corrupción? ¿En qué sector habría probabilidad de uno más efectivo?
La tecnología es una aliada muy importante para prevenir y detectar casos de corrupción. Por poner un ejemplo, servidores públicos en algunos países tienen la obligación de presentar declaraciones patrimoniales y declaraciones de intereses.
En los lugares donde esto no se hace en un papel si no en un sistema, esta información se puede cruzar con otras bases de datos que pudieran arrojar alertas sobre conflictos de intereses potenciales o de actos de corrupción consumados. Si no es a través de la tecnología, la verificación de estas declaraciones se hace de manera artesanal y su revisión ocurre cuando el acto de corrupción ya se hizo.
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