La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) de México ha publicado el proyecto de la declaratoria general de inconstitucionalidad el expediente 1/2018, con ocho votos a favor y tres en contra, por el que resuelve la inconstitucionalidad de la prohibición absoluta al consumo lúdico de la marihuana, establecida en la Ley General de Salud.
Si bien las declaratorias generales de inconstitucionalidad son de suma importancia en el derecho mexicano, las sentencias que resultan de los análisis de la SCJN no suplen a las normas vigentes. Es decir: aunque quedan sin efectos los últimos párrafos de los artículos 235 y 247, los que restringen el otorgamiento de permisos a fines médicos y científicos, la industria deberá continuar a la espera de una norma que regule los procesos productivos de la planta, así como la industria del cáñamo.
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Al respecto, Julio Copo Terrés, consultor en la firma mexicana Mañón Quintana Abogados, especialista en derecho administrativo, ciencias de la salud, compliance y derechos humanos, comenta que es preocupante la incertidumbre que se ha generado, desde el 2015, alrededor de la espera para que el Congreso aprobara al fin una ley integral para regularizar el uso de la cannabis.
“¿Cuál es mi miedo en este momento de esta aparente gran victoria? Que mañana vaya yo a Comisión Federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios (Cofepris), presente mi solicitud, y que la Cofepris sea omisa, porque no aplica la afirmativa ficta”.
En un escenario como ese, explica Copo Terrés, la única vía para hacer valer la inconstitucionalidad sería acudir a un juicio de amparo y pedirle a un juez que le dé la instrucción a Cofepris de que manifestarse respecto de las solicitudes; el camino largo que ya se venía haciendo.
“Lo que se habilita es que los permisos no sean exclusivamente para el uso médico y científico, sino que también las personas puedan acudir a la Cofepris a pedir solicitar un permiso para el consumo del cannabis. Pero la Cofepris lo había estado negando argumentando una limitante por la falta de normativa”, detalla.
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El especialista comenta que, contrario al discurso mediático, la declaratoria no es “la gran victoria”, debido a que no resuelve la problemática de fondo. “Este estira y afloja ha sido sumamente desgastante para emprendedores e inversionistas que han ido creando estructuras jurídicas a la espera de la legalización”.
Nueva composición legislativa en México
El próximo mes habrá una nueva configuración del Congreso de la Unión mexicano, conformado por los Senadores y Diputados electos en las pasadas elecciones de junio. Recae en el Congreso la competencia para legislar sobre la materia.
Sin embargo, a pregunta expresa, Julio Copo Terrés se posiciona como escéptico ante la posibilidad de que el tema sea una de la prioridades de la agenda legislativa. “Tenemos un Gobierno que, en teoría, se identifica con la izquierda, sin embargo en la práctica no asume las posturas que corresponden a esa ideología, lo vemos en temas como el aborto, el Estado laico y ahora con la regulación del cannabis. Si nuestro grupo político que se identifica con la izquierda, no pudo abanderar esta causa, soy un poco escéptico al creer que la nueva configuración legislativa, en dónde habrá mayores representantes del centro y derecha, vaya adoptar esa agenda”.
¿Qué aspectos se debatieron para la propuesta de ley, no aprobada, que te parecían los más interesantes?
Julio Copo Terrés: Aunque no es innovador, porque ya existen en varios países, me parece importante la creación de los clubes cannábicos; además que se constituyan asociaciones civiles con un objeto relacionado al uso lúdico de la marihuana. También me pareció interesante la posibilidad de generar estas figuras similares a los de una cooperativa, y se permitiera que los usuarios o los permisionarios, aunque no fueran especialistas, pudieran cultivar la marihuana para tenerla en sus casas, con esfuerzos colectivos.
Había un reto planteado en la ley que no terminó de resolverse, por el que se aspiraba a que la ley tuviera una connotación de justicia social, particularmente reconociendo que las familias campesinas han sido duramente afectados por el narcotráfico, y por ello se planteaba un régimen especial de beneficios.
En un momento se discutió que las empresas no iban a poder tener una verticalidad en el mercado: si por ejemplo se dedicaban a sembrar, entonces no iban a poder comercializar al público. Se pretendía segmentar la cadena productiva del cannabis y otorgar permisos por actividades.
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