Compliance en Panamá: cómo el sector real redefine su gestión de riesgos, estándares y competitividad

En Panamá, el debate sobre el cumplimiento corporativo dejó de ser un asunto exclusivo de la banca. Hoy se ha convertido en una cuestión de supervivencia para el sector real. La presión del mercado global ha cambiado las fronteras: constructoras, logísticas y energéticas se ven forzadas a operar con la misma sofisticación de riesgo que una entidad financiera.

Las empresas de Actividades y Profesiones No Financieras Designadas (APNFD) enfrentan un cambio notorio. La normativa actual ya no se conforma con una contabilidad ordenada; exige una radiografía total que va desde la actualización perpetua del registro de beneficiarios finales hasta una debida diligencia ampliada capaz de rastrear, no solo al cliente, sino a la cadena de valor completa.

Para Desireé Castro, socia de la firma Chanis, esta evolución trasciende la regulación local. Es el eco de una exigencia global de transparencia y cooperación contra el blanqueo de capitales.

"Hoy, el compliance dejó de verse como una simple lista de obligaciones legales. En muchas empresas panameñas (especialmente en construcción, logística y energía) ya es un área significativamente importante que no se puede omitir. Además, la presión de organismos internacionales sobre el gobierno ha impulsado la adopción de estándares globales en anticorrupción, prevención de lavado de dinero y protección de datos", afirma Castro.

Sin embargo, la velocidad de los cambios regulatorios choca con la realidad operativa. Todavía hay empresarios que ven el compliance como un gasto más que como una inversión, y la mayoría de las empresas siguen resistiéndose a entregar la información que la normativa exige. Esta combinación hace que implementar un programa de cumplimiento robusto sea un proceso costoso, complejo y, a menudo, poco valorado por quienes se benefician indirectamente de él.

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Las zonas rojas del sector real

Aunque una inmobiliaria no capte depósitos como un banco, administra flujos de capital y cadenas de suministro que son, en la práctica, autopistas para el financiamiento ilícito. El riesgo en el sector real es tangible, está identificado, pero peligrosamente subestimado.

El sector inmobiliario, por su naturaleza de altos montos y activos tangibles, opera históricamente como un vehículo atractivo para el blanqueo. El esquema más común involucra la opacidad del beneficiario final. Mediante el uso de sociedades pantalla, estructuras offshore o fideicomisos, se levanta un velo corporativo que complica la identificación del beneficiario final. El principal problema radica en la dificultad de rastrear el origen real de los capitales.

A esto se suman maniobras más sutiles en la ejecución. La manipulación de precios en compraventas permite justificar ingresos ilícitos o transferir valor de forma encubierta bajo la apariencia de una operación legítima. Del mismo modo, los contratos de alquiler, aunque manejen montos menores, funcionan como un mecanismo de ‘goteo’ para integrar dinero sucio a la economía formal sin levantar las alertas de una transacción millonaria.

El peligro se agrava por la propia dinámica del negocio: márgenes ajustados y cronogramas de entrega estrictos suelen relegar la debida diligencia a un segundo plano. La prioridad es cerrar la venta, y es en esa urgencia donde se cuela el riesgo.

Castro advierte que, para mitigar esto, es indispensable aplicar monitoreos de operaciones inusuales incluso cuando la ley no lo exija explícitamente, asumiendo el costo como un seguro de vida corporativo.

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La nueva era del ‘smart compliance’

El gran desafío no es blindar la empresa hasta paralizarla, sino encontrar el equilibrio. Aquí es donde entra el concepto de ‘Smart Compliance’. La clave es la proporcionalidad.

"El gran reto es que, aunque el sector real no maneja productos financieros, sí está expuesto a operaciones con riesgo alto de corrupción o lavado. La clave es diseñar sistemas de control proporcionales al nivel de riesgo. Por eso, la clave estará en conocer lo más directo a tu cliente y en diseñar sistemas de control que sean proporcionales al nivel de riesgo ", sostiene la especialista.

No se trata de tratar a todos los clientes como sospechosos, sino de diseñar sistemas de control calibrados al nivel de riesgo real.

La metodología que permite esta eficiencia es el Enfoque Basado en Riesgos (EBR). En lugar de una burocracia plana, el EBR permite clasificar contratos y proveedores según variables geográficas, sectoriales y monetarias. De este modo, los controles reforzados se aplican solo cuando el riesgo es alto, reduciendo costos y agilizando procesos de bajo riesgo.

Esto se traduce en una debida diligencia escalonada. Una verificación básica de existencia legal basta para un proveedor menor; una revisión de reputación y beneficiario final es necesaria para socios intermedios; pero el análisis financiero forense y las visitas in situ se reservan para los actores críticos.

Complementar esto con controles contractuales, cláusulas de rescisión por corrupción o derechos de auditoría, permite trasladar parte de la carga de vigilancia al propio acuerdo legal, reduciendo la necesidad de un monitoreo policial constante.

“Soy súper partidaria de que el compliance en el sector real debe apostar por un ‘smart compliance’: controles proporcionales, automatización ligera y una cultura preventiva sólida. Así es como se construye un sistema firme sin generar costos desproporcionados ni afectar la eficiencia del negocio”, afirma la socia de Chanis.

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Certificaciones para oficiales de cumplimiento del sector real

Si la tecnología y los procesos son el hardware, el capital humano es el software que hace correr este sistema. La reciente iniciativa de FIBA (Financial & International Business Association) de lanzar certificaciones específicas para oficiales de cumplimiento del sector real y blanqueo de capitales marca un antes y un después en el país centroamericano.

Esta certificación, menciona Castro, refleja el reconocimiento de riesgos equivalentes del sector financiero. Rompe con el estigma de que el compliance es un "tema de banqueros" y profesionaliza el rol del "enlace". En otras palabras, admite que industrias como la inmobiliaria, construcción y logística manejan riesgos de lavado de activos y corrupción tan complejos como los que gestionan los bancos o aseguradoras. Ya no basta con un asesor externo ocasional; el mercado exige oficiales internos con credenciales técnicas internacionales.

“Las empresas necesitan oficiales de cumplimiento especializado o como bien se llaman en Panamá, “enlaces”, con formación técnica y estándares internacionales. Un profesional acreditado aporta dominio de estándares internacionales en prevención de lavado, anticorrupción y protección de datos. Ya no basta con controles básicos ni con asesoría externa ocasional, ahora se requiere personal interno realmente capacitado y se les crea espacio dentro del capital humano en las empresas”, explica.

Contar con profesionales certificados no solo responde a la necesidad de la norma, es una estrategia de defensa activa. Un oficial acreditado tiene la capacidad técnica para detectar operaciones sospechosas antes de que escalen a crisis reputacionales o sanciones.

Al mismo tiempo, un sistema de cumplimiento robusto contribuye a prevenir fraudes, corrupción y cualquier vínculo con actividades ilícitas, protegiendo la imagen corporativa ante autoridades, clientes y medios de comunicación.

A nivel comercial, la certificación funciona como un sello de ética empresarial que puede inclinar la balanza en licitaciones internacionales donde la integridad de la cadena de suministro es un requisito excluyente.

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Una inversión estratégica para fortalecer la confianza

Invertir en certificaciones para los oficiales de cumplimiento es una decisión estratégica para las compañías del sector real, pues les permite enfrentar un entorno cada vez más regulado, complejo y exigente. Las razones que enumera Desireé Castro dibujan un arco estratégico claro:

1. Capacidad de anticipación: Un oficial certificado entiende cómo aplicar la normativa de forma proporcional, identificando riesgos antes de su materialización.
2. Fortalecimiento de la credibilidad: Envía una señal clara de madurez corporativa, requisito esencial para trabajar con fondos internacionales.
3. Adaptación a regulaciones: Permite interpretar los cambios regulatorios (trazabilidad, transparencia) con rapidez, evitando la burocracia innecesaria.
4. Reducción de costos por errores: Evita fallas operativas y fraudes internos que cuestan mucho más que la inversión inicial en formación.
5. Profesionalización de la función: El rol deja de ser un “cargo administrativo” y se convierte en un componente estratégico del negocio.
6. Ventaja competitiva: Se convierte en un diferenciador clave en licitaciones y alianzas internacionales.

En un país como Panamá que busca posicionarse como un referente regional, el compliance profesional trasciende la protección empresarial para convertirse en un motor clave de competitividad.

El impacto se ve reflejado de la siguiente manera: mejora la confianza de inversionistas y socios globales, facilita el acceso a financiamiento local e internacional y alinea a las empresas panameñas con rigurosos estándares regulatorios (GAFI, OCDE). La profesionalización de los oficiales de cumplimiento eleva la reputación corporativa para licitaciones y aumenta la eficiencia operativa al prevenir fraudes y malas prácticas, consolidando una cultura ética que se evalúa incluso antes que el desempeño financiero.

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Principales brechas superas

Al profesionalizar la función, se cierran las brechas históricas que lastraban al sector: la brecha estratégica (incorporación de metodologías para controles eficientes), la brecha de criterio (aportando independencia técnica), la brecha de credibilidad (garantía ante terceros), la brecha cultural (transformando el miedo en ética), la brecha de cultura organizacional (promover una cultura real de ética) y, sobre todo, la brecha reputacional (reduce riesgo de eventos que dañan la imagen empresarial).

En un país que busca consolidarse como hub de negocios, la empresa que demuestra estándares OCDE o GAFI tiene una ventaja competitiva innegable.

Nuevas áreas de servicios para firmas legales

La profesionalización del compliance en el sector real no solo afecta a las empresas, sino que cambia el mapa de servicios de las firmas legales. Para despachos con visión estratégica como Chanis, esto abre una nueva etapa que va más allá de la asesoría jurídica tradicional:

• Diseño de programas sectoriales: Programas a la medida (inmobiliario, construcción, logística) y mapas de riesgos alineados con estándares globales.
• Auditorías y evaluaciones independientes: Auditorías de madurez, evaluaciones de beneficiario final y certificaciones internas de compliance readiness para fusiones y adquisiciones.
• Acompañamiento en implementación: Asesoría para adecuar políticas a los requisitos globales y ejecutar lo aprendido en las certificaciones.
• Servicios de cumplimiento tercerizado (Outsourced Compliance): Gestión externa de oficiales de cumplimiento, debida diligencia ampliada y monitoreo de proveedores para empresas que no pueden costear una estructura interna completa.
• Gestión de cultura ética: Programas de gobernanza corporativa y creación de protocolos de denuncia e investigación interna.

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De la cultura del miedo a la cultura de cooperación

Para Desireé Castro, el paso final es sistémico. Es necesario que el Estado y los gremios sustituyan la "cultura del miedo" a la sanción por una cultura de cooperación. Propone campañas educativas obligatorias y programas de mentoría donde expertos guíen a las empresas en su maduración, en lugar de esperar el error para multar.

“Una estrategia efectiva podría incluir la organización de charlas y espacios de interacción con los reguladores, gratuitas, pero de asistencia obligatoria para las empresas de cada industria. Además, sería valioso designar profesionales que actúen como tutores o mentores de cumplimiento, responsables de dar seguimiento y acompañamiento continuo a las empresas”, aconseja.

El fortalecimiento de asociaciones, cámaras y gremios, con apoyo estatal, ayuda a que el compliance deje de ser un conjunto de obligaciones que derivan en sanciones, y se perciba como un proceso compartido. Solo cuando el cumplimiento se perciba como un activo compartido de protección del sistema, y no como una imposición, Panamá habrá dado un paso definitivo hacia su transición hacia un verdadero centro de negocios global, seguro y sostenible.