El incremento en la temperatura a 1,1 grados centígrados en el mundo tiene a Latinoamérica altamente expuesta, vulnerable e impactada por el cambio climático. Esto lo ha advertido el Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (IPCC) en su informe anual, hace un mes, algo que coloca en la agenda pública con carácter de urgencia el impulsar medidas a favor del cuidado del planeta, es decir, acciones que eviten que la temperatura global supere los 1,5 grados.
Desde los mercados, la respuesta se ha plasmado en las finanzas verdes y el ESG como criterios de obligatoriedad para ser más cotizables. A decir de Vanessa Chávarry Meza, socia de Payet, Rey, Cauvi, Pérez (PRCP), alrededor de esta tendencia, Colombia y Chile llevan la delantera en Sudamérica. Consultada sobre el caso peruano, la abogada asegura que hay cierto impulso, pero aún no el suficiente.
Por ejemplo, en Perú no se ha aprobado una taxonomía verde, que ayudaría a las entidades financieras a “dar estructura y seguridad a sus productos verdes”, detalla la abogada.
Sin embargo, uno de los aspectos que está generando oportunidades es el desarrollo regulatorio en la materia que, en el caso del Perú, da seguridad jurídica las operaciones.
“La aprobación de los reglamentos sectoriales es parte de los avances. Considerando que la gestión ambiental peruana es transectorial, las normas son claves para delinear la gestión ambiental de cada sector empresarial y la actuación del Estado, dotando así de seguridad jurídica a los empresarios”, asegura.
Para Chávarry Meza, quien lidera el área ambiental de PRCP, este impulso regulatorio debe ser acompañado por el desarrollo de programas de cumplimiento ambiental. En entrevista con LexLatin, además de abordar estos dos aspectos claves, Chávarry explica cómo el compromiso alcanza también al sector jurídico, no solo desde la práctica, sino desde la gestión de recursos. Esto último ha llevado a la firma a certificarse como el primer despacho peruano que busca convertirse en carbono neutral.
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Impulso regulatorio y compliance ambiental
¿En qué consiste el cumplimiento ambiental? ¿Cuáles son las industrias que han mostrado mayor proactividad en esta práctica?
Vanessa Chávarry: El cumplimiento ambiental pasa no solo por contar con todos los permisos y certificaciones previas al inicio de las operaciones, sino por identificar y dar cumplimiento a las obligaciones que resultan aplicables a sus operaciones. A ello se suman las obligaciones ambientales y sociales que han sido previstas como parte de los Estudios Ambientales aprobados. Estas suelen convertirse en las obligaciones más contingentes, por las elevadas multas que puede acarrear su incumplimiento.
Las industrias que han mostrado mayor proactividad en la identificación de sus obligaciones han sido la minera e hidrocarburos, en la medida en que sobre ambos sectores se han impuesto la mayor cantidad de sanciones en los últimos tiempos.
¿Cuáles son las normativas que podrían configurar avances positivos en materia ambiental en Perú?
Ciertamente, la aprobación de los reglamentos sectoriales, considerando que la gestión ambiental peruana es transectorial. Las normas se vuelven claves al delinear la gestión ambiental de cada sector empresarial y la actuación del Estado, dotando así de seguridad jurídica a los empresarios. Los siguientes datos evidencian su valor:
- El último reglamento en publicarse fue el vinculado a la electricidad en 2019. Esto marcó un hito para el sector eléctrico, ya que el reglamento previo -aprobado en 1994- tenía un gran desfase con la normativa ambiental general, generando serias limitaciones a las empresas del sector.
- Actualmente, nos encontramos a la espera de la publicación del reglamento ambiental para el sector agrario. Este también será favorable, en tanto que el reglamento vigente, aprobado en 2012, presenta serias limitaciones para el crecimiento del sector agroexportador.
¿Cuáles se articulan como retrocesos?, ¿qué desafíos específicos han generado?
La normativa del Organismo de Evaluación y Fiscalización Ambiental (OEFA) -que actualmente genera retos al sector empresarial- es aquella que ha incorporado la facultad de imponer medidas preventivas durante una acción de supervisión.
A diferencia de lo que ocurría en el pasado, actualmente ya no se requiere del inicio de un procedimiento administrativo sancionador para que el organismo pueda imponer una medida administrativa, cuyo incumplimiento será sancionado con multas coercitivas. Por el contrario, esta medida puede ser dictada de manera temprana, sin la posibilidad de que sea discutida.
Por la cantidad de sanciones que se han dictado, las empresas tienen que redoblar esfuerzos para identificar cualquier posible incumplimiento que pueda generar un daño real o potencial en el ambiente producto de sus actividades, para corregirlo antes de la visita del OEFA.
¿Qué áreas de mejora ha registrado el OEFA en su función fiscalizadora?, ¿cuáles son los hitos que han motivado estas mejoras?
La función fiscalizadora del OEFA se ha consolidado y fortalecido en los últimos tiempos. A partir del 2017, por ejemplo, se renovó la visión de fiscalización. Los administrados de ciertos sectores han podido sentir su actuación de manera más activa y con más fuerza con las multas impuestas, aunque se espera que esta actuación se incremente hacia nuevos administrados.
Con ello, los inicios de procedimientos administrativos sancionadores se han incrementado y se han dado no solo por acciones de supervisión en campo, sino también a propósito de supervisiones de gabinete. Esta tendencia, que viene con fuerza desde el 2021, se ve ciertamente confrontada con la situación del sector empresarial peruano, a propósito de la pandemia. Esto representa un importante reto para todas las empresas, considerando que a corto plazo será OEFA la entidad que centralice la función de fiscalización ambiental de todos los sectores.
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Finalmente, otro frente aliado es el sector legal, ¿cómo llevar a cabo acciones que articulen un compromiso con el medio ambiente y la práctica jurídica?
La práctica jurídica no está ajena a mantener un compromiso ambientalmente responsable. Todas las actividades económicas generan un impacto en el ambiente, en mayor o menor medida. En ese sentido, el ejercicio del Derecho puede articular ese compromiso.
Además de asesorar a nuestros clientes en el cumplimiento de la normativa y orientarlos hacia prácticas sostenibles, es posible desarrollar estrategias como firma, implementando acciones amigables con el ambiente. Una implementación importante, por ejemplo, es la medición de las emisiones de gases de efecto invernadero que generamos. En esta línea, como PCRP, hemos conseguido figurar en el registro de la Huella de Carbono Perú que administra el Ministerio del Ambiente. Esto nos ha convertido en la primera y única firma full-service peruana que ha iniciado el proceso de ser carbono neutral.
A esto se añaden las acciones que se pueden articular para generar un impacto en la sociedad, buscando de manera permanente organizaciones y/o comunidades a las que podamos apoyar. En nuestro despacho, por ejemplo, conocimos a la comunidad de Yavirironi años atrás, gracias a un trabajo pro bono a favor de la organización indígena de la selva central, a través de la Alianza Pro Bono. Este año nos trazamos el objetivo de ejecutar un proyecto de reforestación en sus territorios hasta el 2025. Para ello pedimos la colaboración de la autoridad forestal en Satipo (Junín), a efectos de que puedan apoyar en el proceso y orientar técnicamente a los comuneros en la ejecución del proyecto, desde la identificación de las especies a plantar hasta el sembrado de las mismas.
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