
Entre 2021 y 2022, Perú se ubicó como el de mayor cantidad de demandas de inversiones en el mundo, según datos del Centro Internacional de Arreglo de Diferencias Relativas a Inversiones (Ciadi).
El panorama no ha cambiado mucho desde entonces, pues el nivel de litigiosidad sigue en ascenso. De allí que Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados se prepara para reforzar su equipo de manera de hacer frente a la demanda de servicios que se genera por esta vía. En esa línea, el despacho nombró socio recientemente a César Carlin, quien es parte de su equipo de solución de controversias.
"Las controversias suelen darse cuando las personas no cumplen espontáneamente las leyes”, expresa el abogado por la Pontificia Universidad Católica de Lima y quien fue profesor adjunto de Derecho Procesal en esa casa de estudios y en la Universidad de Lima.
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Confiesa que estudió esta carrera porque "cada vez que se presentaban problemas, se terminaba recurriendo a un profesional del área quien solucionaba los conflictos iniciando acciones para hacer cumplir la ley". Ahora él, desde el bufete donde ha desarrollado su carrera, atiende directamente este tipo de casos, sin necesidad de recurrir a terceros.
“Quería dominar la herramienta (el proceso) que permite traer el derecho a la realidad”, comenta al definir el proceso como el instrumento fundamental que permite exigir el cumplimiento forzoso de la ley y hacer efectivos los derechos.
Pero a Carlin no le bastaba solo con hacerse abogado, quería ir más allá y especializarse en litigios.
“Si la ley no se cumple, el juez la hace cumplir, empleando incluso la fuerza”, advierte el profesional, cuya trayectoria de unos 10 años abarca experiencia en arbitrajes, derecho procesal constitucional y derecho mercantil.
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Casos destacados en su carrera
Aunque considera difícil elegir casos o proyectos que han marcado un antes y un después en su carrera, pues “todos son importantes según su contexto y características propias”, menciona dos que fueron especialmente relevantes por el impacto que tuvieron y lo que significaron.
El primero es un proceso constitucional que involucró a una entidad estatal de salud, que trasladó indebidamente a un paciente de avanzada edad y en situación delicada a un establecimiento que carecía de los elementos mínimos e indispensables para garantizar su salud, poniendo en grave riesgo su vida.
Comenta que, aunque el Estado se negaba arbitrariamente a reingresarlo a un hospital apto para atenderlo, se logró obtener una sentencia que permitió el inmediato retorno de dicho paciente al hospital donde inicialmente se encontraba, con lo que se protegió su salud y su vida.
El segundo se relaciona con un conflicto de accionistas que involucraba una sociedad, cuyo estatuto exigía firmas cruzadas de dos grupos de accionistas para realizar cualquier tipo de acto, desde la compra de un lapicero hasta la disposición de activos importantes.
Según Carlin, este régimen causó un grave entrampamiento cuando los accionistas entraron en conflicto, originando multas administrativas, huelgas de trabajadores, incumplimiento de obligaciones y paralización de actividades, lo que, incluso, puso en riesgo la subsistencia de la empresa.
Este litigio terminó en una medida judicial que suspendió el régimen de firmas cruzadas y otorgó la administración provisional de la empresa a un administrador que tomó medidas que permitieron que la sociedad retomara el desarrollo de sus actividades y regularizara su situación legal ante entidades administrativas, trabajadores, proveedores y clientes, evitando así su extinción.
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Carlin cree que en este y otros casos con buenos resultados la dedicación y el trabajo riguroso y en equipo han sido claves.
“El trabajo en equipo es clave, sobre todo en litigios de gran envergadura en los que se procesan grandes volúmenes de información y presentan cuestiones jurídicas complejas”, manifiesta seguro de que un equipo bien estructurado y organizado como el que tiene en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados permite trabajar en los casos de manera ordenada, rigurosa y eficiente, cubriendo y atendiendo todos los detalles que cada expediente pueda involucrar.
Reitera que el esfuerzo y la dedicación no pueden dejarse de lado en ningún caso, al punto que señala que un abogado talentoso y con mucha experiencia no podrá garantizar buenos resultados si no presta especial atención y dedicación a la revisión detallada de los expedientes.
Crecer para responder a la demanda
El profesional califica su ascenso de asociado a socio como honroso y gratificante, además de valorar la calidad humana y profesional del equipo que conforma el estudio al que está contento de pertenecer y de la que resalta su interés de evolucionar. De allí que asume su nombramiento como un reto e incentivo para seguir creciendo profesionalmente.
En cuanto a los objetivos dentro de la firma para este año, asegura que están trabajando en potenciar el equipo de arbitrajes y litigios para ampliar el desarrollo de la práctica en el patrocinio de procesos vinculados al derecho financiero, de seguros y al derecho de la construcción, entre otros sectores, cuyos niveles de litigiosidad han venido experimentando un aumento importante.
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Observa un amplio margen de mejora en el área de arbitrajes y litigios, tanto desde la perspectiva de la organización (con el uso de la tecnología), como desde el lado del desarrollo comercial o de negocio.
“Mi idea es contribuir a la optimización de los procedimientos internos, a la implementación de herramientas tecnológicas y a la automatización de ciertas tareas que permitan liberar tiempo para que los abogados nos dediquemos a la parte más sustancial de los procesos, sin descuidar los detalles que siempre deben revisarse. En el litigio, el tiempo es un recurso muy valioso cuyo uso debe optimizarse”, agrega.
La tecnología como potenciador
Para el profesional del derecho, las herramientas que la tecnología y la inteligencia artificial proporcionan tienen la capacidad de transformar la forma en que los procesos se tramitan y desarrollan actualmente. Sin embargo, no cree que puedan reemplazar a los abogados y a los jueces, al menos, en este momento.
Lo que no puede negarse es que estas herramientas pueden convertirse en una gran ayuda para liberar a los abogados de ciertas tareas que pueden considerarse mecánicas y que consumen tiempo que podría ser utilizado en la realización de tareas más sustanciales.
“Hoy ya existen programas y aplicaciones que analizan documentos, que producen resúmenes, que transcriben videos, que elaboran escritos y que, en general, realizan ciertas tareas que los abogados actualmente ejecutamos de forma manual”, asevera al tiempo de advertir que estas herramientas pueden facilitar mucho el trabajo de los abogados, pero deben utilizarse de forma responsable, revisando y corrigiendo siempre los documentos que producen.
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Si ya desde hace un tiempo los abogados de la práctica de arbitrajes y litigios hacen uso de la tecnología en su trabajo diario, en los próximos cinco años debería haber un avance significativo, en su opinión, tanto que imagina que la tramitación de los litigios debería ser ya completamente digital, salvo casos excepcionales justificados. Actualmente, los arbitrajes se tramitan de forma predominantemente digital.
Forzado por la pandemia
En el caso del Perú, específicamente en relación con los procesos judiciales, aunque el Poder Judicial viene implementando expedientes electrónicos en diversos lugares del país, muchas diligencias se realizan aún de forma presencial pudiendo efectuarse electrónicamente sin ningún problema, según el especialista, quien señala que se requiere de algunos cambios a nivel legislativo para poder concretar la digitalización de los procesos. Espera que los mismos se produzcan en el corto plazo.
El abogado recuerda que cuando llegó la pandemia de Covid-19 y el gobierno decretó la inmovilización social obligatoria, la mayoría de procesos judiciales se tramitaba de forma “tradicional” (de manera presencial y con documentos en físico), lo que causó que el Poder Judicial quedara prácticamente paralizado por varios meses.
Sin embargo, la pandemia forzó al Poder Judicial a modernizar rápidamente sus procedimientos, habilitando la tramitación virtual de los procesos (por ejemplo, ampliar la utilización de la mesa de partes electrónica para todos los expedientes, permitir la realización de audiencias virtuales y que los jueces trabajen de manera remota).
De esta forma, fue la tecnología la que permitió continuar prestando el servicio de administración de justicia durante la pandemia, sobre todo durante el período de cuarentena. El Poder Judicial creó y organizó órganos de emergencia que, con el auxilio de la tecnología, pudieron seguir atendiendo casos urgentes, como los de familia, alimentos y procesos constitucionales de amparo y hábeas corpus.
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“La pandemia precipitó la aplicación de la tecnología a los procesos y ella ha venido para quedarse. En las firmas tenemos el reto de adaptarnos a la tecnología e implementar todas las herramientas necesarias para dar a nuestros clientes un servicio adecuado, con calidad y excelencia, a la altura de estas nuevas tendencias”, reafirma el nuevo socio de Payet, Rey, Cauvi Pérez Abogados.
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