María Cristina Fábrega, socia y Mayrolis Parnther, asociada en Arias - Panamá detallaron en entrevista para LexLatin cómo ha sido el camino que tomó Panamá para limpiar su imagen luego de la publicación de los Panama Papers. Las abogadas son especialistas en banca, finanzas y seguros; fusiones y adquisiciones y mercado de capitales y valores.
"Panamá recibió un golpe fuerte en su imagen internacional; a raíz de los Panama Papers el país aceleró sus esfuerzos legislativos para cumplir con los estándares internacionales en la lucha frontal contra el blanqueo de capitales, la corrupción y para prevenir la evasión fiscal coordinada", comentaron las abogadas. Al ser Panamá una economía de servicios, el impacto de la revelación fue directo e inmediato en la plataforma de servicios corporativos locales e internacionales, además de haber afectado al centro financiero internacional.
Luego de los Panama Papers, en opinión de la socia Fábrega y la asociada Parnther de Arias, disminuyeron significativamente las constituciones de sociedades anónimas. Esto se refleja en las cifras del Instituto Nacional de Estadística y Censo de la Contraloría General de la República (INEC): en el 2015 se inscribieron 39.526; en el 2016 se constituyeron 34.254; en el 2017, 27.880 y en el 2018 la cifra solo llegó a 21.284. Al respecto, las abogadas apuntaron que se puede comprobar que la demanda de sociedades anónimas "ha disminuido desde la publicación de los Panama Papers en más de un 40 %, sin contar las sociedades que se disolvieron por requerimiento de sus accionistas. No obstante, como la constitución de sociedades es una práctica global, es muy probable que el interés haya migrado a otras jurisdicciones que no estaban bajo la lupa, como es el caso de Panamá".
Golpe de realidad
La principal lección aprendida fue la vulnerabilidad de nuestra reputación internacional y la presión que ejercen países y organismos internacionales sobre legislaciones como Panamá. Actualmente tenemos leyes y regulaciones más robustas en materia de “conocer a tu cliente”, antilavado y anticorrupción en comparación con muchas otras jurisdicciones, pero seguimos siendo considerados un paraíso fiscal, o apareciendo en listas grises y negras.
En abril de 2016, Panamá ya tenía trazado un plan de ruta para elevar su marco legal a los niveles exigidos por organismos internacionales. La publicación de los Panama Papers nos colocó una enorme presión inmediata haciéndonos pisar el acelerador para poder brindar esa tranquilidad a la comunidad internacional. Panamá reaccionó de inmediato frente a la controversia instalando una Comisión de Expertos Independientes (CEI), compuesta por profesionales locales e internacionales de alto prestigio y trayectoria con el objeto de analizar la plataforma de servicios internacionales existente, además de identificar áreas de oportunidad para fortalecer nuestras regulaciones. Dicho comité publicó en noviembre de 2016 sus recomendaciones.
¿Cuáles son los elementos más interesantes de la legislación anticorrupción actual de Panamá?
Existen diversas modalidades de delitos contra la administración pública. Particularmente, nuestra legislación penal en materia de corrupción ha tipificado dos modalidades: el cohecho pasivo propio y el cohecho pasivo impropio. Las conductas más interesantes que Panamá, debido a su recurrencia e incidencia en el país, se ha visto obligada a tipificar son aquellas donde el servidor público acepta un cargo gubernamental y su remuneración sin ejercer las funciones derivadas del mismo. También es destacable que Panamá adoptó la tipología novedosa de “corrupción en el sector privado” incluyendo la corrupción pasiva y la corrupción activa.
¿Hay un cambio real al abordar la materia de anticorrupción? ¿Cómo se ha reflejado?
Definitivamente consideramos que hay un cambio real al abordar temas de anticorrupción. Las empresas privadas, sobre todo, han creado parámetros internos para evitar que sus empleados realicen prácticas corruptas. Además, las leyes para fiscalizar a los funcionarios han dado efectos positivos inmediatos.
Hemos dado pasos hacia adelante con un incremento significativo de realización de investigaciones de potenciales delitos de corrupción. Si bien es cierto que la regulación se ha robustecido, Panamá debe hacer un mayor esfuerzo por entrenar al personal encargado de realizar las investigaciones y llevar el día a día de estos procesos.
¿Cuáles son sus observaciones sobre estas normas? ¿Qué se está pasando por alto? ¿Cómo se puede subsanar?
Aun cuando tenemos un incremento en la realización de investigaciones en delitos de corrupción, tenemos distintas áreas de oportunidad que encontramos como lo es la certeza de castigo. Como a la fecha las investigaciones no han terminado en condenas y siguen en su curso, debemos esperar los resultados.
Asimismo, el Ministerio Público y el órgano judicial necesitan más personal para que puedan llevar adelante las investigaciones y procesos judiciales y más recursos económicos. También se debe invertir en capacitaciones constantes, especialmente para los jueces, fiscales y funcionarios en general.
¿Cuál es la clave para hacer de este marco normativo una verdadera apuesta para combatir la corrupción en el país?
Consideramos que el marco normativo es bueno y robusto. La principal dificultad está en capacitar al personal encargado de llevar adelante las investigaciones y los procesos judiciales y blindar el sistema para que dentro del mismo se elimine de raíz la corrupción y así evitar la justicia selectiva.
Para que nuestro marco normativo sea una verdadera apuesta para combatir la corrupción necesitamos que las investigaciones se hagan de manera más expedita para garantizar la certeza del castigo. Muchas veces, por falta de recurso (humano o económico), las investigaciones y procesos judiciales se dilatan en el tiempo.
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