Para que los autores puedan saber si sus derechos están siendo vulnerados, el proyecto obliga a los desarrolladores de IA a ser completamente transparentes.
En 2023, el Senado Federal de Brasil recibió el Proyecto de Ley 2338/2023, también conocido como Ley de Inteligencia Artificial, que propone enmiendas que ajusten la normativa al imparable desarrollo y uso de la inteligencia artificial en el país, combinando dos fuerzas usualmente opuestas: la protección de los derechos de autor y ciudadanos con el estímulo a la innovación tecnológica.
El PL 2338/2023 no solo se inspira en la estricta Ley de Inteligencia Artificial de la Unión Europea (AI Act), sino que también adapta los niveles de riesgo que tienen otras regulaciones similares, de la siguiente manera:
1. Riesgo excesivo (prohibido), para aquellos sistemas cuyos riesgos se consideran inaceptables porque atentan directamente contra la dignidad humana, la seguridad o los derechos fundamentales. Se refiere a las tecnologías de social scoring, de manipulación o identificación biométrica, entre otras.
2. Alto riesgo (la que genera mayor debate técnico), que abarca tecnologías que no están prohibidas, pero que para operar legalmente en Brasil deben cumplir con auditorías ex-ante, evaluaciones de impacto algorítmico, medidas estrictas de ciberseguridad y supervisión humana activa. Estas son las herramientas relacionadas con salud y seguridad, evaluación de crédito y seguros, recursos humanos y empleo y vehículos autónomos, entre otras.
3. Riesgo mínimo (o de gobernanza general), que son todas las herramientas que no encajen en las dos categorías anteriores (como un asistente de redacción básica) y para las que no se exigen evaluaciones de impacto pesadas ni auditorías.
En conjunto, el proyecto PL 2338 ha generado polémica y rechazo: los sectores tecnológicos y las confederaciones industriales brasileñas lo acusan de ser demasiado intervencionista, ya que pretende obligar a las empresas a realizar auditorías y evaluaciones de impacto algorítmico antes de lanzar una tecnología al mercado. Sobre este punto, los críticos consideran que aumentará la burocracia y costos, ralentizando el desarrollo de startups y pequeñas empresas frente al mercado internacional.
También importó de forma relativamente taxativa los criterios de la AI Act sin “tropicalizarlo” a la realidad brasileña y latinoamericana. A diferencia de la Unión Europea, la región aún no tiene un ecosistema tecnológico maduro que pueda absorber el peso de estas regulaciones; y más bien necesita incentivos para el desarrollo -no limitaciones y sanciones estrictas, que contemplan multas de hasta 50 millones de reales (o 2 % de la facturación de la empresa multada) por infracción, lo que asusta a los inversores.
"Representa un riesgo para el secreto comercial e industrial dentro de las empresas y sistemas catalogados de "alto riesgo”. La Ley de IA las obligaría a entregar documentación detallada y métricas del funcionamiento de sus algoritmos, con el riesgo de exponer información estratégica y confidencial, y poniendo en peligro sus secretos comerciales y propiedad intelectual", advierten los críticos.
Finalmente, la gobernanza del sistema estará centralizada en la Autoridad Nacional de Protección de Datos (ANPD), apoyada por reguladores sectoriales. Por este motivo, el debate gira en torno a cómo se resolverán los conflictos de competencia entre agencias y si la ANPD cuenta con la estructura técnica para supervisar un ecosistema tan dinámico.
¿Por qué el PL 2338 es, fundamentalmente, polémico?
A pesar de que los defensores del proyecto de ley argumentan que las reglas son indispensables para garantizar derechos fundamentales, evitar la discriminación algorítmica (en créditos, salud o empleo), proteger la privacidad frente a los deepfakes y ofrecer a los ciudadanos el derecho a exigir una revisión humana ante decisiones automatizadas, el PL 2338 de Brasil se ha convertido en el centro de un debate amplio, que incluye la propiedad intelectual y el derecho de autor.
El PL introduce formalmente el derecho al opt-out, para que los autores, artistas y medios de comunicación tengan el derecho legal de prohibir explícitamente que sus obras sean utilizadas para alimentar y entrenar algoritmos de IA, pero también plantea una reforma clave a la Ley de Derechos de Autor de Brasil (Lei nº 9.610/98), que impone excepciones para permitir la minería de datos y textos (TDM) con fines comerciales, de investigación y periodismo -permitiendo que las empresas usen TDM para entrenar modelos comerciales únicamente si el autor no ha ejercido su derecho de opt-out.
Lógicamente, este es el capítulo más disputado del PL 2338/2023, porque además añade que las empresas de IA están obligadas a revelar qué obras protegidas usaron para entrenar sus modelos y a remunerar a los autores, que podrían vetar el uso de sus obras.
El 19 de mayo, entidades de la música, el audiovisual, la edición, el periodismo y el teatro brasileñas entregaron una carta a la Comisión Especial de Inteligencia Artificial de la Cámara de Diputados, encargada del análisis del PL 2338/2023, en la que exigieron que el texto final del proyecto les garantice a los autores intérpretes y productores el pleno derecho a autorizar el uso de sus obras y producciones, y la preservación de los derechos de autor y conexos frente al avance de la Inteligencia Artificial Generativa (GenAI).
Esto contrasta con la posición de big techs como OpenAI, que condicionó una inversión de 5.000 millones de dólares en data centers en Brasil a la realización de diversos cambios en el PL en materia de derechos de autor. La empresa de Sam Altman exigió al Ministerio de Comunicaciones que flexibilice las normas de uso y compensación por derechos de autor a los titulares de obras usadas para entrenar sus modelos de IA, de lo contrario, no invertirá en el país. Marcos Souza, secretario de Derechos de Autor y Propiedad Intelectual, calificó esta jugada como un chantaje.
Este punto es clave para las empresas que pretenden invertir en Brasil: la estipulación del pago de compensaciones para los titulares de derechos, cuando se usen obras para entrenar las IA, encarecerá sus operaciones.
El tema es que la compensación obligatoria está diseñada para proteger a los trabajadores, pero también para combatir las prácticas poco éticas o abusivas de las big tech.
Los derechos de autor son una garantía constitucional
Entonces, pasamos a la pregunta del millón de la economía creativa: ¿Brasil tiene que elegir entre cobrarle a las big tech por usar las obras de sus creadores o atraer data centers e inversión? Ante las presiones comerciales de empresas como OpenAI, que condicionan inversiones multimillonarias en infraestructura de datos a la flexibilización de estas normas, ¿dónde reside el equilibrio legal?
Aparentemente, la primera salvedad que hay que hacer es que este llamado chantaje es el clásico lobby corporativo, solo que a mayor escala. Así lo considera Diogo Coletta, socio fundador de Coletta Rodrigues y especialista en propiedad intelectual y derecho de autor.
Diogo Coletta
Para el especialista, condicionar las inversiones en infraestructura a leyes de derechos de autor más laxas es una táctica agresiva, aunque, legalmente, el equilibrio no se reduce a una disyuntiva entre derechos y dinero; especialmente, porque en Brasil los derechos de autor son una garantía constitucional que no puede negociarse por conveniencia regulatoria.
Por eso, Brasil no debería negociar desde el miedo, mucho menos cuando tiene un enorme y rico mercado de medios y cultura, considerados por el abogado una poderosa baza, en vez de una concesión que se pueda negociar.
"El verdadero equilibrio reside en la operatividad. No necesitamos debilitar los derechos; necesitamos construir sistemas de licencias eficientes y escalables. Las empresas tecnológicas serias prefieren normas claras al caos legal, incluso si esas normas tienen un costo", apunta.
De cualquier manera, el argumento de que una regulación estricta disuade la inversión, esgrimido por empresas como OpenAI, carece de respaldo empírico, aclara Beline Barros, socio de GMPR Advogados.
Esto le da a Brasil −como la mayor economía de América Latina− una mejor perspectiva que la descrita por Altman, sobre todo porque tiene un importante poder de negociación.
Beline Barros
"La promulgación de la AI Act (con obligaciones más rigurosas que las propuestas en el PL 2338/2023) no causó una fuga estructural de capitales en la UE. Ceder ante la flexibilización regulatoria sin concesiones significativas no es pragmatismo, sino una abdicación de la soberanía regulatoria", comparte.
En este mismo tenor, Diogo Coletta recuerda que la experiencia de Brasil con la Ley General de Protección de Datos Personal (LGPD) demuestra que una legislación sólida en esta materia no disuade la inversión, sino que atrae a empresas que priorizan la seguridad jurídica.
"El mismo razonamiento se aplica a la legislación sobre derechos de autor en inteligencia artificial: el aislamiento regulatorio no se debe a una legislación exigente en sí misma, sino a una legislación mal calibrada, como normas que prohíben sin ofrecer alternativas viables o que imponen obligaciones de cumplimiento sin plazos de implementación adecuados", indica.
Según el abogado, Brasil tiene una oportunidad real de consolidarse como referente regulatorio para el Sur Global, un papel que ningún otro país de América Latina está en condiciones de asumir actualmente.
Una vez establecida la ventajosa posición de Brasil, cabe preguntarse si también puede mantener una legislación sólida sobre derechos de autor en IA sin aislarse del mapa de inversión en infraestructura tecnológica de América Latina.
Coletta no lo pone en duda. Para él, la idea de que proteger los derechos de autor ahuyenta la inversión tecnológica es un mito promovido por quienes se benefician de la incertidumbre regulatoria, mientras lo que realmente asusta a los inversores no son las normas estrictas, sino la imprevisibilidad.
Así tenemos que un Brasil con leyes de propiedad intelectual claras y aplicables es mucho más atractivo que un marco legal opaco. El riesgo de aislarse solo surgirá si la nación redacta normas técnicamente inviables.
Carlos Eduardo Eliziario de Lima, socio director de la práctica de derecho de la tecnología de Failla Lima e Riva Advogados, las fortalezas son reales siempre que la solidez signifique claridad y proporcionalidad, no rigidez.
El matiz está en el factor competitivo decisivo de la región: no tanto el régimen de derechos de autor, sino más bien la combinación de energía, incentivos fiscales y seguridad jurídica. El mejor ejemplo de esto lo da Argentina, donde OpenAI anunció hará una inversión cerca a los 20.000 millones de dólares en construcción de data centers, atraído por el régimen de incentivos, la abundancia de energía renovable y las tarifas industriales competitivas, más que por la legislación sobre derechos de autor.
Carlos Eduardo Eliziario de Lima
"El riesgo de aislamiento, y este es real, sería adoptar de inmediato las obligaciones más onerosas, como la divulgación detallada y la remuneración amplia ya en la etapa de capacitación, sin la infraestructura operativa necesaria para cumplirlas. El camino más sólido es un enfoque netamente brasileño, que trate la regulación y la innovación como complementarias a través de la seguridad jurídica, alineada con la prueba de tres pasos y calibrada por un mecanismo de exclusión voluntaria para los titulares de derechos. Básicamente, la solidez y la apertura no son opuestas, porque lo que realmente aísla a un país es la incertidumbre, no una protección bien diseñada", puntualiza.
Además, en Brasil se están discutiendo actualmente proyectos relevantes de infraestructura, que lo ponen en el mapa global, y que demuestran que el debate regulatorio ya coexiste con acciones concretas sobre el terreno.
Add new comment