“Hay que ver la historia de Centroamérica para notar que los grupos de activismo LGBTTIQ+ surgen de la necesidad”, dice Herman Duarte, abogado especializado en litigios, negocios y contratos y socio fundador de Simple Legal Consulting.
El activismo salvadoreño de la historia moderna se conformó pasada la primera década del nuevo milenio y la herramienta principal de este movimiento fue el derecho constitucional. Como preámbulo a su engranaje, en 2006 se presentó ante la Asamblea Legislativa de El Salvador la iniciativa para prohibir —sí, prohibir— el matrimonio igualitario. Honduras, en 2005, ya lo había prohibido.
La iniciativa, a falta de votos, quedó archivada, pero se colocó en la agenda de cada Asamblea en turno, como propuesta permanente. Estos ataques conservadores y homofóbicos, desde el Poder Público, solo armaron al nuevo bloque de oposición civil, abanderado con los colores primarios y secundarios, los del arcoíris.
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Un último intento, en 2015, planteó que la prohibición se estableciera en la Constitución. A este le precedió una lista de acciones para impedirlo ante la Corte Suprema de Justicia. Esta es la antesala de la decisión de Duarte de sumarse a las acciones promovidas desde su país para exigir lo mínimo: un trato digno.
“Yo no había reparado en las consecuencias de mi decisión de tener un perfil profesional vinculado con mi sexualidad. Fue inexperiencia. Estaba inspirado con el contexto. Pero tuve una revelación, pensé que solo tenía que hacer una demanda y presentarla pero había que construir alianzas, además de puentes en donde no había terreno para caminar”, comenta.
En mayo de 2016 Herman había fundado la organización Igualit@s y, con esta, presentó un proceso de inconstitucionalidad en contra de cuatro artículos del Código de Familia que restringen, todavía, en forma discriminatoria el acceso a las instituciones civiles que ofrece el Estado, al definir al matrimonio como la unión legal de un hombre y una mujer, con el fin de establecer una plena y permanente comunidad de vida.
También fue objeto de la acción el artículo que establece, en los impedimentos absolutos, que si bien está prohibido que los menores de 18 años se casen, siempre y cuando tengan un hijo en común o la mujer esté embarazada, podrían hacerlo. Además, de acuerdo con la norma, es causa de nulidad absoluta en un matrimonio si los contrayentes son del mismo sexo.
El Código de Familia salvadoreño deja claro que no es una opción para las personas LGBTTIQ+ solicitar el reconocimiento legal de una unión no matrimonial, pues en su definición esta es la constituida por un hombre y una mujer que, sin impedimento legal para contraer matrimonio entre sí, hicieren vida en común libremente, en forma singular, continua, estable y notoria, por un período de tres o más años.
“Ese fue el puntero, lo que siguió fueron varias actividades como presentación de informes de odio, organización de foros sobre matrimonio igualitario y hasta la publicación del primer libro sobre discriminación sistemática”, refiere Duarte y añade “creo que esa etapa de activismo finalizó para mí, siento que ya cumplí con mi parte. El activismo, en una democracia, es responsabilidad de todos. Claro que sí está dentro de mi capacidad alzar mi voz, poner mi cara o poner el pecho, lo voy a hacer”.
La acción de Herman Duarte está estancada en los archivos de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia junto con las otras demandas por la igualdad en el país. Duarte no guarda esperanzas de que se resuelva pronto, especialmente no en el gobierno de Nayib Bukele.
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Apenas en mayo la Asamblea Legislativa, conformada por una mayoría del partido oficialista, destituyó a cinco jueces de la propia Sala Constitucional (son precisamente cinco los jueces titulares y cinco los suplentes), argumentando que emitieron sentencias contrarias a la voluntad del Ejecutivo. Bukele ha sido reiterativo en oponerse a reconocer todos los derechos para todas las personas y su régimen es más bien heteronormativo.
“Le guste o no a la gente, la ley sí es un parámetro objetivo de lo que se acepta y no se acepta en una sociedad”, expresa Duarte. “Cuando las leyes te dicen que la familia es el centro de la sociedad y la familia está compuesta por un hombre y una mujer unidos por vínculo matrimonial, unión no matrimonial, etc., te está diciendo que no hay espacio para ti como persona LGBT”.
Las personas LGBTTIQ+ no tienen garantías en el país, desde un punto de vista nacional. Había una norma, el decreto Ejecutivo No.56, aprobado en 2010, para evitar la discriminación por razón de género en la administración pública; pero por mandato de Bukele quedó sin efecto.
De acuerdo con Duarte, es importante seguir empujando el movimiento, salir del clóset, dar la cara. Que si bien son acciones que, mientras continúe Bukele en el Poder, no se reflejarán en la estructura normativa del país, sí permearán en la sociedad, un ámbito crucial para que no ganen espacio las normas que criminalizan la diversidad sexual.
“Si bien yo pienso que no hay un acto de activismo más importante que el del autoinvolucramiento, creo que en lo que nos toca al sector, especialmente a las firmas grandes que en estas fechas se colocan la bandera LGBT, esperamos que no solo se pongan la mano en el corazón, sino en la billetera. Que hagan convenios con organizaciones no gubernamentales y que contraten a trans y las y los pongan con los clientes más importantes de sus carteras; que les den oportunidades”, enfatiza.
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