28/11/2025
A dos semanas de su asunción, el presidente boliviano Rodrigo Paz trazó la nueva ruta fiscal de su Gobierno centrada en eliminar el ‘gasto insulso’, el reordenamiento de la estructura estatal y abrir el camino hacia una recuperación económica sostenida.
Este gran giro tributario empezó el martes 25 de noviembre con el anuncio del primer paquete de medidas fiscales, que incluye la eliminación de cuatro impuestos considerados distorsivos y de bajo rendimiento fiscal: el Impuesto a las Grandes Fortunas (IGF), el Impuesto a las Transferencias Financieras (ITF), el Impuesto al Juego y el tributo a las Promociones Empresariales.
La abrogación de estos cuatro tributos será enviada a la Asamblea Legislativa mediante tres proyectos de ley, acompañados de una solicitud para revisar el Presupuesto General del Estado 2026, que deberá ajustarse a una reducción mínima del 30 % del gasto fiscal.
En conferencia de prensa, el presidente Rodrigo Paz explicó que estos tributos no representaban ni el 1 % de la recaudación nacional y, en el caso del IGF, habrían provocado la salida de más de USD 2.000 millones hacia países como Paraguay. A su turno, el ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, añadió que el ITF no solo frenó proyectos desde 2016, sino que ni siquiera cubría el costo administrativo de su recaudación.
Si bien la eliminación del IGF constituye una señal positiva para el mercado, no es una medida suficiente: para Candys Dorado, socia de Orienta Legal, este impuesto representaba apenas el 0,3 % de la recaudación impositiva total en Bolivia.
“La eliminación del IGF constituye una señal positiva para el mercado, pero no es una medida suficiente por sí sola. Este impuesto representaba alrededor del 0,3% de la recaudación impositiva total en Bolivia; su impacto fiscal era mínimo, ya que nació principalmente como una bandera socio-política, orientada a ‘sancionar’ al empresario o a quien posee mayor capital, más que a cumplir una verdadera función recaudatoria. En la práctica, el IGF generaba efectos adversos sobre la retención de capitales, la protección del patrimonio y la planificación de inversiones a largo plazo. Tal como señaló el presidente Rodrigo Paz, su implementación terminó siendo contraproducente, provocando una fuga de divisas significativa para el país”, sostiene Candys Dorado.
Para lograr un impacto real en la atracción de inversión extranjera en el corto plazo, la especialista de Orienta Legal señala que es indispensable fortalecer el clima de negocios mediante reformas que aporten estabilidad normativa, mayor eficiencia tributaria, un sistema de control coherente y una protección efectiva de la seguridad jurídica, en armonía con los principios constitucionales.
“El país requiere una actualización profunda del marco legal. La Ley 2492 (Código Tributario) tiene más de dos décadas de vigencia, y la ley que estructura nuestro sistema de impuestos data de 1985. Ambos cuerpos normativos están desfasados y no responden a la realidad económica actual. En toda economía moderna, las leyes tributarias no deberían superar los diez años sin revisión sustancial. A ello se suman múltiples normas ‘parche’, modificaciones dispersas, y resoluciones administrativas que en varios casos han excedido incluso lo previsto por la ley”, advierte.
Por lo tanto, se requiere un cambio normativo integral, una reingeniería operativa, una capacitación adecuada del personal y, sobre todo, finalidades claras y coherentes sobre el modelo de recaudación que el Estado pretende implementar.
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La eliminación de ITF
El Impuesto a las Transacciones Financieras (ITF) fue creado en 2004, durante la presidencia de Carlos Mesa, como una medida temporal para reducir el déficit fiscal y con una vigencia prevista de apenas dos años. Sin embargo, su aplicación fue ampliada por los gobiernos posteriores hasta hoy. Su eliminación reduce de inmediato el costo explícito del 0,15 % por cada transacción bancaria gravada, aliviando un cargo que, pese a su carácter originalmente transitorio, fue extendido y modificado en múltiples ocasiones a lo largo de dos décadas.
No obstante, para Ximena Pereira, también socia de Orienta Legal, es importante precisar que, aunque la medida mejora el costo transaccional, el ITF, junto con los otros tres tributos que serán eliminados, no representa ni el 1 % de la recaudación fiscal total, por lo que su efecto macroeconómico será limitado.
“Si bien la medida mejora el costo transaccional, el ITF —junto con los otros tres impuestos que serán eliminados— no alcanza ni el 1% de la recaudación fiscal total, por lo que su impacto macroeconómico es necesariamente limitado. Su efecto será casi imperceptible en operaciones pequeñas. En cambio, serán las grandes corporaciones las que perciban un incentivo real, especialmente en operaciones de corto plazo, al mejorar marginalmente su eficiencia operativa. Sin embargo, el verdadero dinamismo del sistema dependerá de la estabilidad cambiaria, la liquidez y la confianza en el sistema financiero, factores que determinan de manera decisiva el comportamiento de la actividad económica”, opina.
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Reordenamiento financiero y pagos pendientes
El anuncio forma parte de una estrategia mayor, orientada a recomponer el flujo de ingresos y egresos del Estado, así como priorizar el pago de deudas atrasadas desde 2023 y atender obligaciones urgentes con proveedores, especialmente los de menor capital. Para reforzar la transparencia, el Ministerio de Economía publicará diariamente el detalle de los pagos efectuados, mientras se garantiza la continuidad del financiamiento para combustibles, medicamentos y bonos sociales.
El Gobierno también aseguró que garantizará la continuidad de recursos para combustibles, medicamentos y bonos sociales, entre ellos la Renta Dignidad y los programas destinados a adultos mayores y menores. El manejo de estos pagos permitirá recuperar la confianza de los sectores productivos y aliviar tensiones acumuladas por retrasos prolongados.
El Ejecutivo sostiene que estas señales ya están siendo percibidas por el mercado: en menos de un mes, el riesgo país bajó de 1.200 a cerca de 755 puntos, lo que el Gobierno atribuye a la combinación de anuncios fiscales, mayor disciplina en las cuentas públicas y expectativas de mejora regulatoria.
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Revisión del Presupuesto 2026
La tercera medida anunciada es la revisión integral del Presupuesto General del Estado (PGE) 2026. El ministro de Economía, José Gabriel Espinoza, informó que se pedirá a la Asamblea Legislativa la devolución del proyecto para incluir un artículo que autorice su modificación hasta febrero de 2026, bajo la regla de reducir el gasto fiscal en al menos un 30 %, equivalente a cuatro puntos del PIB.
La revisión implica una auditoría exhaustiva del gasto público y un reacomodo institucional que buscará asegurar que los recursos se orienten a áreas prioritarias. Para el presidente Rodrigo Paz, este es un paso decisivo para garantizar que combustibles, medicamentos y bonos continúen pagándose con regularidad y con el tiempo puedan ser fortalecidos si la economía lo permite.
El mandatario argumenta que el presupuesto 2026, tal como fue presentado al inicio, contenía partidas vinculadas al “gasto insulso del Estado”, razón por la cual su replanteamiento es necesario y establecer una ruta fiscal estable desde el 1 de enero de 2026.
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Formalización, digitalización y simplificación
Según declaraciones oficiales, las medidas anunciadas son solo el primer paso de un paquete más amplio que será completado en las próximas semanas. El nuevo Gobierno, liderado por Rodrigo Paz, ya adelantó que impulsará más acciones para fomentar la formalización laboral y de emprendedores, digitalizar trámites, simplificar la regulación del sector productivo y reorganizar entidades públicas y modernizar medios públicos.
Sin embargo, el desafío va más allá del ámbito normativo y es, ante todo, estructural. Bolivia registra uno de los niveles de informalidad más altos de la región: entre el 80 % y el 85 % de los trabajadores opera fuera del sistema formal.
A ello se suma, según la especialista Ximena Pereira, un marco regulatorio complejo, que ha colocado al país entre los más difíciles para abrir empresas y cumplir obligaciones tributarias. Los procesos suelen ser lentos, costosos y cargados de requisitos, lo que desalienta la formalización y limita la competitividad del entorno empresarial.
“Si bien el Gobierno ha anunciado procesos de digitalización y simplificación, el verdadero obstáculo radica en la burocracia y la hiperregulación: entidades que no comparten información, sistemas que no se comunican, trámites repetidos, cargas administrativas innecesarias y requisitos que no dialogan entre sí”, puntualiza.
Estas iniciativas apuntan a mejorar la competitividad y reducir la carga administrativa, especialmente para pequeñas y medianas empresas que enfrentan dificultades para cumplir con procesos burocráticos y cargas regulatorias acumuladas. Pero avanzar hacia la formalización exige algo más que una reforma normativa en Bolivia: se requiere coherencia institucional, una digitalización efectiva y un entorno en el que ser formal resulte más fácil, más rápido y menos costoso que permanecer en la informalidad.
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