La semana pasada iniciaron en Argentina los debates sobre el proyecto de ley presentado por el Ejecutivo para regular la cannabis medicinal. En su presentación, Matías Kulfas, titular del Ministerio de Desarrollo Productivo, detalló que se proyecta que en 2025 se creen al menos 10.000 empleos y se exporte anualmente el equivalente a 50 millones de dólares. Desde noviembre del año pasado Argentina legalizó el cultivo de cannabis para usos medicinales.
Al respecto de la propuesta, para la que se espera obtener el primer dictamen durante esta semana y así pase a debate en recinto, LexLatin entrevistó a Martín Javier Mosteirin, socio de Marval O'Farrell Mairal, quien forma parte del departamento de derecho de la salud y derecho sanitario.
“La nueva regulación en Argentina sobre cannabis implica un cambio de paradigma a nivel local. Permitiría cubrir necesidades médicas y considerar nuevas alternativas”, señala el especialista.
De acuerdo con Mosteirin, la propuesta del Ejecutivo responde a un cambio normativo que viene sucediendo a nivel global y con mayor vertiginosidad en los últimos años, además, por los avances logrados desde la ciencia.
Apenas en noviembre del año pasado Argentina actualizó su marco regulatorio sobre el cultivo de cannabis para usos medicinales. ¿Por qué se plantea esta nueva iniciativa?
La Ley N° 27.350 del año 2017, su actual Decreto Reglamentario N° 883/20 y demás normativa, que abrió camino a este proyecto de nueva regulación, han representado un gran paso para desarrollar la industria del cannabis a nivel local, aunque todavía faltan ajustes que permitan implementar un mecanismo con reglas de juego claras para quienes quieren participar e invertir en esta industria en cualquiera de sus etapas, ya sea en el cultivo, la producción, la investigación y la comercialización.
Bajo la regulación actual, la producción de cannabis medicinal se encuentra principalmente en manos del sector público, en línea con la Resolución N° 800/2021 del Ministerio de Salud de la Nación. Para empezar, solo el Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) y el Instituto Nacional de Tecnología Agropecuaria (INTA) estarían autorizados para cultivar cannabis con fines de investigación médica o científica, así como para elaborar las sustancias para tratamientos. Además, se prioriza la producción a través de la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos (ANLAP).
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En el ámbito privado, solo se puede cultivar cannabis para uso propio aquellos que —habiendo obtenido una autorización individual o bien estén autorizados para acceder al cultivo a través de una tercera persona— cuenten con una indicación médica de uso de cannabis y sus derivados y estén debidamente inscritos en el Registro del Programa de Cannabis (REPROCANN).
En ese sentido, hay una falta de claridad en la actual legislación. Por ello, la iniciativa del Gobierno busca complementar la legislación, no reemplazarla. Ahora se contempla el desarrollo productivo de cannabis a nivel de industria. Con este proyecto, además, se incorpora un régimen sancionatorio y de control que facilitaría el acceso a un producto seguro y de calidad y contribuiría, además, a desarticular el mercado informal de productos y otros derivados irregulares que existen en la actualidad. La nueva norma pretende no solo fomentar la cadena de producción del cannabis medicinal y la investigación científica, sino además legalizar la producción del cáñamo.
¿Cuáles son las novedades normativas que se han colocado en la agenda pública con esta iniciativa?
En primer lugar, la iniciativa propone la legalización del cáñamo para su uso industrial, algo prohibido por las leyes penales aplicables al cannabis recreativo. Si bien existían diversos proyectos de ley, hasta el momento no se había avanzado en la legalización del cáñamo industrial.
En segundo lugar, se crearía una Agencia Regulatoria de la Industria del Cáñamo y el Cannabis Medicinal (ARICCAME) cuyas funciones serían regular, administrar y fiscalizar la cadena productiva, así como otorgar y administrar autorizaciones para producir, comercializar y exportar sus productos. Este sería un organismo descentralizado y se encontraría dentro de la órbita del Ministerio de Desarrollo Productivo. No obstante, el autocultivo seguiría regulado por la Ley N° 27.350.
Por último, se abordaría un estricto sistema de seguimiento de control y un régimen sancionatorio. El objetivo del proyecto también sería garantizar la trazabilidad, las buenas prácticas, la calidad del producto y evitar desvíos a la cadena informal, similar a lo que ocurre en general con los productos regulados sujetos a control de la autoridad.
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¿Qué oportunidades se desbloquean para la industria?
El proyecto fomentaría el desarrollo de todos los eslabones de la cadena productiva del cannabis medicinal y cáñamo industrial, lo que tendría un impacto directo e indirecto importante en la industria. Esto podría traducirse en generación de empleo y desarrollo económico para el país, aumento de las exportaciones y generación de divisas. Además, el proyecto permitiría impulsar varias economías regionales.
Por último, si bien las autorizaciones serán requisito excluyente, en el proyecto de ley se aclara que estas podrían ser más flexibles en el caso del cáñamo y derivados por las características que tiene este cultivo, lo cual se traduciría en menores burocracias que incentivarían una mayor participación.
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¿Qué espera que el reglamento aclare?, ¿en qué puntos debería profundizar la norma reglamentaria?
De acuerdo con el texto del proyecto enviado al Congreso, se esperaría que su aprobación final o su posterior reglamentación aclare el procedimiento administrativo a cumplir y las distintas categorías de autorizaciones administrativas con respecto de las etapas y actividades del proceso productivo. Respecto al control y la trazabilidad de los productos, el proyecto de ley contempla obligaciones del titular de la autorización y, por este motivo, se esperaría que su reglamentación aclare con mayor precisión qué obligaciones tienen, qué información es la que deben remitir a la ARICCAME y al público, los plazos que deben cumplir, claridad sobre el régimen sancionatorio, etc.
Si bien pudimos observar la presentación del proyecto del Ministerio de Producción y Desarrollo y escuchar otras declaraciones oficiales, sería prudente escuchar el debate parlamentario, sus discusiones, opiniones, y considerar las posibles modificaciones al proyecto, hasta que la ley esté sancionada.
La muy reciente Resolución N° 288/2021 del Instituto Nacional de Semillas (INASE) crea la Comisión Consultiva de Cannabis (CCC) como organismo descentralizado actuante en el ámbito del Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca. La CCC, como organismo consultivo no vinculante, funcionará en la órbita del INASE y tendrá entre sus funciones evaluar las aptitudes y fundamentos técnicos y medicinales de las variedades de cannabis que se propongan inscribir. De este modo, la opinión de la CCC, si bien no será vinculante, podría tener un peso importante a la hora de la reglamentación e implementación del proyecto de ley en cuestión.
¿Qué cambios operativos y estructurales se plantean para llevar un buen control de importaciones y exportaciones?
Actualmente, la ANMAT (como autoridad sanitaria nacional en materia de medicamentos, alimentos y productos médicos, entre otros) es la encargada de autorizar la importación de cannabis medicinal y sus derivados para los pacientes que tienen una indicación médica para ello. Más allá del control de ANMAT, la regulación propuesta en el proyecto pretendería garantizar la trazabilidad de los procesos y productos relacionados. Según declaraciones oficiales, tener un seguimiento y conocer la ubicación y la trayectoria de un producto o lote de productos a lo largo de la cadena de producción permitiría hacer un mejor control de calidad y valorizar las exportaciones argentinas
De acuerdo con el proyecto de ley, la ARICCAME debería dictar las normas de procedimiento administrativo en coordinación con las restantes autoridades competentes para la expedición de las autorizaciones de importación y exportación, entre otras actividades. Además, expedirá las autorizaciones administrativas relacionadas. Según lo previsto en el mensaje de elevación del proyecto al Congreso, la exportación sería regulada conforme a los convenios de cooperación y las medidas adoptas por la ARICCAME con los demás organismos estatales y entes públicos. En la exportación se debería considerar las regulaciones conexas y aplicables como financieras, de prevención de lavado, societarias, aduaneras, fiscales, entre otras. Entre los organismos estatales se destacan el Banco Central (BCRA), la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), la Inspección General de Justicia (IGJ) y la Unidad de Información financiera (UIF), entre otros.
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