07/05/2026
En los últimos años, el tablero regulatorio peruano ha vuelto a moverse con fuerza. Cambios normativos, ajustes en criterios administrativos y proyectos que avanzan o se frenan según la velocidad del Estado han vuelto más compleja la relación entre las empresas y el sector público. En ese escenario llega Angie Umezawa como nueva counsel de Derecho Administrativo y Regulatorio a Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados.
La incorporación ocurre en un momento especialmente activo para las áreas regulatorias de los estudios de abogados. Sectores como infraestructura, servicios públicos, telecomunicaciones y contratación estatal atraviesan una etapa de mayor supervisión, pero también de reactivación parcial de inversiones que habían quedado detenidas en los últimos años.
El nombramiento, oficializado el 13 de abril, coincide además con una mayor presión institucional sobre los procesos de contratación pública. El rol de las entidades supervisoras se ha intensificado y las empresas enfrentan un entorno donde ya no basta con cumplir formalmente las normas. También necesitan entender cómo se toman las decisiones dentro del aparato estatal y cómo pueden cambiar los criterios de interpretación durante la ejecución de un proyecto.
“Me siento muy entusiasmada de comenzar esta nueva etapa en Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Agradezco la oportunidad de contribuir al fortalecimiento de su reconocida práctica de Derecho Administrativo y Regulación, junto a un equipo de profesionales de primer nivel, y de seguir asesorando a nuestros clientes en los complejos desafíos y oportunidades del entorno regulatorio actual”, expresó la abogada.
Para Juan Antonio Egüez, co-managing partner de la firma, el ingreso de Umezawa responde precisamente a ese cambio en las necesidades del mercado.
“La incorporación de Angie Umezawa como Counsel de Derecho Administrativo y Regulatorio es un gran paso estratégico para Payet, Rey, Cauvi, Pérez Abogados. Su amplia experiencia en áreas clave nos permite reafirmar nuestro compromiso de ofrecer a nuestros clientes una asesoría de la más alta calidad en un entorno regulatorio cada vez más complejo”, señaló.
¿Qué está pasando en el entorno regulatorio peruano?
Durante años, buena parte de la discusión sobre inversión en Perú giró alrededor de la estabilidad macroeconómica. Hoy la atención está puesta en otro lado. La pregunta pasa por saber si el sistema regulatorio tiene capacidad de acompañar la ejecución de proyectos sin generar más incertidumbre.
Desde la mirada de la nueva counsel, uno de los cambios más visibles es la reactivación de proyectos que permanecían paralizados dentro de la cartera de la Agencia de Promoción de la Inversión Privada. La actualización del Reglamento de Asociaciones Público-Privadas también ha modificado el peso que tendrá Proinversión dentro de varios procesos.
“Principalmente, vemos que se han reactivado varios proyectos de inversión de la cartera de Proinversión que, en la práctica, se habían visto paralizados, lo que crea nuevas oportunidades en el mercado peruano. Esto en el marco de un nuevo Reglamento de la Ley de Asociaciones Público Privadas, en el que Proinversión tendrá una posición preponderante, como entidad pública titular del proyecto de APP. En cuanto a contrataciones del Estado, podemos anticipar una supervisión más rigurosa en cuanto a los procesos de selección, sobre todo tomando en cuenta las deficiencias que han sido evidentes en recientes contrataciones.”.
Eso cambia la manera en que se estructuran algunos proyectos y también la relación entre entidades públicas involucradas en su ejecución. Para la abogada, las empresas deben lidiar con más controles, mayores exigencias y procesos donde la coordinación institucional sigue siendo uno de los principales problemas.
“En la misma línea, se resalta la importancia del control concurrente en la ejecución presupuestal y contratación pública para tener compras más eficientes”, añade.
En la práctica, varias compañías han tenido que adaptar sus estrategias frente a un entorno donde las decisiones regulatorias pueden alterar los cronogramas de inversión, modificar costos o retrasar procesos que ya estaban encaminados.
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Los problemas aparecen mucho antes de la obra
Otro de los puntos que más se repite en el diagnóstico de Umezawa tiene que ver con el origen de los conflictos en infraestructura. Muchas veces los problemas no empiezan durante la construcción. Vienen desde antes.
“Muchos proyectos tienen problemas desde la formulación de los proyectos debido a que no se anticipan problemas reales, con lo cual durante la ejecución pueden incrementarse los costos en la inversión en el proyecto. Esto finalmente genera demoras en la estructuración y adjudicación de los proyectos”, explica.
El efecto termina acumulándose. Errores o vacíos en la etapa de formulación después se traducen en sobrecostos, modificaciones contractuales o retrasos difíciles de corregir. La especialista indica que cuando el proyecto ya está adjudicado, cualquier ajuste se vuelve más lento y más caro.
“En cuanto a la ejecución contractual, un problema que aparece frecuentemente son los retrasos en la liberación de áreas necesarias para el inicio de las obras, lo que encarece el costo de los proyectos”, remarca.
Los mismos obstáculos aparecen una y otra vez. Liberación de terrenos, permisos pendientes, superposición de competencias entre entidades públicas y tiempos administrativos que no avanzan al ritmo de las inversiones. Aun así siguen siendo factores subestimados al momento de estructurar proyectos.
Para los inversionistas, enfatiza la especialista, eso implica trabajar con escenarios mucho menos previsibles. La evaluación regulatoria ya no se limita a revisar normas. También pasa por medir la capacidad real del Estado para ejecutar decisiones.
La relación Estado y empresas
La experiencia de Umezawa en organismos como Osinergmin, Osiptel y Proinversión mirar la relación entre Estado y empresas desde ambos lados. La abogada sostiene que conocer los procesos internos, así como la forma en que se toman decisiones dentro de la alta dirección pública, aporta una ventaja importante al momento de asesorar clientes. Esa experiencia permite anticipar criterios, identificar tiempos administrativos y comprender cómo reaccionan las entidades frente a determinados conflictos regulatorios.
“En primer lugar, tener en cuenta que la regulación debe considerar al Estado, los usuarios y también a la empresa regulada, como partes de una relación que debe priorizar la eficiencia para el desarrollo de los servicios públicos y proyectos de inversión; y no concentrarse principalmente en la supervisión al inversionista en el cumplimiento de obligaciones legales y contractuales”, sostiene.
En su opinión, parte de la discusión pública sobre 'sobrerregulación' simplifica demasiado el problema. Lo que genera más tensión no siempre es la norma, sino la manera en que se fiscaliza y cómo actúan las autoridades frente a los inversionistas.
“Por ello, un comentario común es hablar de una regulación excesiva, cuando en realidad no se trata del marco normativo sino en la fiscalización que se realiza a los inversionistas en la prestación de servicios públicos y ejecución de proyectos de diferentes sectores como transporte, saneamiento y ahora también en salud y educación”, comenta.
En sectores regulados, las empresas enfrentan cada vez más controles simultáneos y criterios que pueden variar dependiendo de la entidad involucrada. Eso termina impactando directamente en los tiempos de ejecución.
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Contrataciones públicas: más control, más exigencia
Las contrataciones con el Estado atraviesan una etapa de vigilancia permanente. El fortalecimiento del control concurrente y la intervención más activa de la Contraloría General de la República han elevado la presión sobre empresas y funcionarios. Para las empresas, esto implica un cambio en la forma de gestionar sus riesgos.
“Debido a la supervisión permanente de las contrataciones y el involucramiento más crítico de la Contraloría de la República, es importante tener implementado un buen programa de compliance y una mejor capacitación sobre contrataciones más allá de las áreas legales de las empresas”, advierte.
Según Umezawa, muchas compañías todavía siguen tratando el riesgo regulatorio como un asunto exclusivamente legal. Pero en contratación pública, las áreas comerciales y logísticas suelen tomar decisiones que después generan contingencias durante la ejecución de contratos.
“Debe tomarse en cuenta que son las áreas comerciales y de logística quienes se encargan directamente de los procesos de contratación del Estado, por lo que deben tener claras las reglas para interactuar con el Estado. Esto va de la mano con la importancia de ciertos aspectos críticos para la participación en procesos de selección”, enfatiza.
En la práctica, explica la especialista, muchas fallas recién se hacen visibles cuando el contrato ya está en ejecución. Varias empresas participan en procesos públicos sin entender completamente las reglas que gobiernan la contratación estatal, sobre todo aquellas acostumbradas a operar únicamente con clientes privados.
La diferencia no es solo jurídica, aspectos como identificar impedimentos para contratar con el Estado, elaborar correctamente propuestas o detectar riesgos dentro de las bases de contratación requieren conocimientos específicos que muchas veces no están presentes dentro de las compañías.
Cuando esos problemas no son detectados desde etapas tempranas, las contingencias terminan trasladándose a la ejecución contractual, donde los márgenes para corregir errores son mucho más reducidos. Hoy en día el problema se ha vuelto más visible porque las entidades de control intervienen de manera más rápida y cuestionan decisiones que antes pasaban desapercibidas.
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Los cuellos de botella de la infraestructura
Perú sigue teniendo una de las brechas de infraestructura más grandes de la región. El problema ya no pasa solo por atraer inversión. También por ejecutar proyectos sin que queden paralizados durante años.
La nueva counsel advierte que en los últimos años varios proyectos de la cartera de Proinversión han enfrentado dificultades de gestión que terminaron frenando inversiones importantes. A eso se suma que las brechas en sectores como salud, educación, transporte y saneamiento siguen siendo altas pese a los intentos de reactivación.
Una de las principales trabas sigue siendo la cantidad de entidades que intervienen sobre un mismo proyecto. Muchas veces existen competencias superpuestas o procedimientos que se duplican.
A esto se suma los largos procesos burocráticos que dificulta la obtención de permisos y la ejecución de las obras. Otro punto crítico es la gestión de las adendas contractuales, que en muchos casos no logra acompañar la dinámica real de los proyectos. Frente a este problema, la necesidad de reformas es necesaria.
“Ante estos problemas comunes, deberían optimizarse los procesos de APP, evitando duplicar funciones en la Administración Pública, y gestionar los proyectos fortaleciendo la alianza entre el sector público y privado. También se habla mucho de la implementación de modelos de gestión BIM como metodología para la ejecución eficiente de proyectos”, sugiere.
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Reguladores frente a mercados más complejos
Los organismos supervisores también enfrentan presión para adaptarse a mercados que evolucionan cada vez más rápido.
En infraestructura de transporte, la abogada señala que el enfoque de OSITRAN sigue respondiendo a un esquema más tradicional, centrado en la supervisión de contratos de concesión y la protección de los usuarios. Pero el volumen de inversiones y la complejidad técnica de varios proyectos exige reguladores más ágiles.
En telecomunicaciones, el desfase es todavía más evidente. La expansión de nuevas tecnologías ha cambiado el mercado en pocos años y los reguladores avanzan a otra velocidad. Internet de las cosas, ciberseguridad, compartición de infraestructura y servicios digitales plantean desafíos que muchas veces no encajan dentro de los marcos regulatorios existentes.
Para la especialista, el problema es normativo y, además, tiene que ver con la capacidad institucional para reaccionar frente a cambios tecnológicos que aparecen mucho más rápido que los procesos administrativos.
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Perú frente a la región
Al comparar el entorno regulatorio peruano con otros mercados latinoamericanos, Umezawa considera que Perú mantiene una posición competitiva dentro de Sudamérica, aunque todavía enfrenta desafíos importantes relacionados con la actuación de las entidades públicas.
La especialista recuerda que uno de los objetivos del Estado peruano sigue siendo incorporarse a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), proceso que obliga a elevar estándares regulatorios y mejorar prácticas institucionales.
“Colombia y Chile son actualmente los únicos países en Sudamérica en la OCDE, teniendo uno de los marcos regulatorios más sólidos en la región; motivo por el cual durante mucho tiempo se ha tenido como referencia su regulación para adecuar su implementación en el Perú”.
La vocera del estudio jurídico sostiene que Perú aparece bien posicionado en varias evaluaciones regionales sobre calidad regulatoria y marco legal. Sin embargo, todavía existen espacios de mejora vinculados con la predictibilidad de las decisiones administrativas y la eficiencia de las entidades públicas.
La asesoría regulatoria cambia de rol
El contexto también ha modificado la manera en que trabajan los estudios de abogados. La asesoría regulatoria ya no se limita a revisar normas o responder contingencias cuando aparece un conflicto. Las empresas ahora buscan equipos capaces de anticipar riesgos, entender cómo se moverán las entidades públicas y acompañar decisiones de negocio desde etapas tempranas.
“Hoy los clientes necesitan socios estratégicos que entiendan su mercado y se anticipen a los riesgos regulatorios”, explica.
En palabras de la experta, eso obliga a los estudios a involucrarse mucho más en la operación de sus clientes y en la lógica específica de cada industria. Infraestructura, salud, telecomunicaciones o energía tienen dinámicas regulatorias distintas y riesgos propios. En sectores emergentes, donde todavía existen vacíos regulatorios o reglas en desarrollo, la incertidumbre puede alterar completamente la viabilidad de una inversión.
Desde su nueva posición en Payet, Umezawa buscará fortalecer precisamente esa línea de trabajo, con foco en sectores donde la necesidad de inversión sigue siendo alta y donde la relación con el Estado tiene un peso decisivo. Salud, educación, saneamiento y transporte aparecen entre las áreas con mayores desafíos regulatorios y también con más presión para cerrar las brechas de infraestructura.
Para las empresas, la discusión regulatoria ya dejó de ser un asunto separado de las decisiones de inversión. En Perú, los proyectos no solo dependen del financiamiento o de la demanda del mercado. Muchas veces terminan condicionados por la capacidad de respuesta del Estado para destrabar permisos y coordinar con otras entidades. Son procesos que suelen extenderse durante mesas e incluso años. Ahí es donde la asesoría regulatoria empieza a jugar un papel cada vez más determinante.
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