Este martes la Comisión de Transportes del Congreso aprobó un predictamen para declarar de interés nacional la creación de una línea aérea de bandera nacional. Al respecto, LexLatin entrevistó a María Eugenia Yábar Guevara, socia en Estudio Olaechea, especialista en aeronáutica y transporte marítimo.
Cabe recordar que de la iniciativa 6153/2020-CR que Crea la Línea Aérea Nacional del Perú se han desprendido tres proyectos. Para Yábar, a diferencia de los textos anteriores, este dictamen no acompaña el tenor original de la iniciativa, algo que lo hace delicado.
"Los tres proyectos tienen puntos sumamente relevantes desde el aspecto legal: atentan contra la Constitución y la libre competencia. Adicionalmente, tienen contradicciones impresionantes que revelan el apuro y ligereza del análisis hecho por esta Comisión", comenta.
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¿Cuáles son los puntos que le parecen más relevantes sobre esta iniciativa?
Desde el aspecto constitucional, se atenta contra el artículo 60 que indica que el Estado solo puede realizar actividad empresarial subsidiariamente por interés público o manifiesta conveniencia nacional. No se ha probado ninguna de estas dos condiciones y, como sabemos, en el Perú existe una gran competencia en el mercado aerocomercial, que está atendido por tres empresas aéreas nacionales que, a la fecha, no han recibido apoyo alguno por parte del Estado. Esto es así porque aparentemente no se considera prioritario, ¿es prioritario entonces crear una nueva línea aérea con recursos públicos mientras estos no alcanzan para que los peruanos accedan a servicios médicos básicos?
También se transgrede el articulo 72 constitucional. Este señala que solo por razón de seguridad nacional se pueden establecer restricciones y prohibiciones específicas para la adquisición, posesión, explotación y transferencia de determinados bienes. Las rutas aerocomerciales son bienes que hoy se explotan en un mercado competitivo. Los proyectos indican que la Línea Aérea de Bandera (ALPERU) tendrá preferencia sobre otras aerolíneas por ser del Estado, algo que constituye una grave restricción a la explotación de los derechos aerocomerciales, así como una flagrante vulneración al derecho a la libre competencia.
Adicionalmente, está el artículo 79 que precisa que el Congreso no tiene iniciativa para crear o aumentar el gasto público. Así el Estado participe con 5 % en el capital social de ALPERU se está incrementando el gasto público.
¿Cómo se puede explicar que este proyecto avance?, ¿quién gana?, ¿quién pierde?
La explicación es muy clara: está hecho por personas que tienen una absoluta falta de respeto por la Constitución, así como por la población. En cuanto a quién gana, toca a la Comisión de Ética averiguarlo. Lo que sí es claro es que perdemos todos los peruanos pues, en las experiencias anteriores, lo único que se generó fueron pérdidas.
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¿Es posible que esta norma se apruebe sin opinión técnica favorable de la autoridad encargada?
No debería aprobarse una ley de este tipo pero hemos visto que últimamente el Congreso no ha tomado en cuenta ni las observaciones del Ejecutivo ni del Presidente. Como ha sucedido con la sentencia de inconstitucionalidad sobre la devolución de las aportaciones para los trabajadores afiliados a la Oficina de Normalización Previsional (ONP), el Tribunal Constitucional deberá resolver este asunto también.
¿Cuáles son las necesidades reales de los usuarios en Perú en cuanto a rutas?
En el escenario prepandemia, al que todos aspiramos regresar, el mercado doméstico está atendido por Latam, Sky y Viva, brindando alternativas low cost que cubren las 24 rutas más importantes del Perú a precios asequibles. Este número de rutas iba a ser incrementado en el corto plazo por un aumento de la demanda en ciertas zonas del país.
Sin duda, desde el ingreso de las low cost ha habido millones de primeros viajeros aéreos peruanos, lo cual es importante en un país que carece de infraestructura terrestre. Millones de peruanos han podido llegar en una hora a su destino cuando antes debían invertir más de 18 horas. Esa diferencia de 17 horas es indudablemente una mejora en la calidad de vida.
De aprobarse, ¿a cuánto ascendería la inversión que debería hacer el Estado?, ¿de qué ramo saldría el presupuesto para cubrir dicha inversión?
Si consideramos que un avión cuesta entre 50 a 70 millones de dólares y si se necesitan al menos cinco aviones para una operación razonable, estamos hablando de una inversión inicial de 300 millones de dólares. Esto sin contar los gastos en personal capacitado, combustible, seguros, pago de derechos de sobrevuelo, aterrizaje, despegue, entre otros.
El último proyecto indica que el MEF es el que dirá con cuánto capital social se iniciará. Tengamos presente que una cosa es el capital social y otra los gastos. A manera de ejemplo, este año Argentina ha invertido 800 millones de dólares e Italia 1.100 millones de dólares en sus aerolíneas estatales. Es importante tener en cuenta que cualquier dinero para ALPERU saldrá del bolsillo de los contribuyentes, es decir, de los formales maltratados.
En esta materia, ¿cuál sería una propuesta útil para las necesidades del país por el contexto?
Apoyar a la industria aeronáutica presente en el Perú, que ha sufrido el impacto de la pandemia sin afectar al Estado, pues todas ellas son de capital privado.
Las medidas que se necesitan urgentemente son: generar una Mesa de Trabajo con el Ministerio de Economía y Finanzas; otorgar la posibilidad de la admisión temporal de aeronaves sin garantía; permitir que el fraccionamiento tributario sea otorgado sin necesidad de garantía; incrementar el número de controladores aéreos y continuar con la ampliación del Aeropuerto Internacional Jorge Chávez, entre otros. El Estado debe vernos como un aliado estratégico para la recuperación de la economía, ya que contribuimos al menos con el 2,6 % del PBI peruano.
*María Eugenia Yábar se especializa en derecho aeronáutico y de transporte marítimo. Es asesora de aerolíneas nacionales, europeas, americanas y asiáticas, además de prestadores de servicios aeroportuarios.
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