En dos meses Gabriel Boric asumirá la presidencia de Chile y para entonces habrá cumplido 36 años. Será el mandatario más joven de la historia del país sureño en el inicio de lo que se percibe como la cuarta revolución industrial.
Desde su victoria en segunda vuelta, la agenda de Boric se ha mantenido llena de compromisos políticos: sesiones de trabajo con su entorno más cercano de asesores, coordinaciones para elegir al nuevo gabinete, encuentros con líderes de las diversas bancadas y conferencias de prensa. Aún no ha dado a conocer, de manera oficial, cuál será su plan para hacer frente a la adopción chilena del 5G. En este ámbito, cabe decir, Brasil y Chile están llevando la delantera en la región.
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Para Chile, la nueva ola tecnológica la ha iniciado el Gobierno de Sebastián Piñera con un encendido simbólico de esta red, que promete materializar diversos avances que, para muchos de este lado del hemisferio, parecen propios de una realidad supersónica.
“El inicio del despliegue de redes 5G en Chile representa una mejora importante en términos de mayor velocidad y tráfico de datos y también tendrá un efecto "transformacional" al permitir la digitalización de distintos procesos (...) como las cirugías robóticas, los vehículos autónomos, las ciudades inteligentes, la detección de enfermedades y el monitoreo del cambio climático, entre muchos otros”, señala un comunicado emitido desde La Moneda.
[VIVO] Más internet ¡Mejor conexión para todos! Anunciamos la llegada de la tecnología #5GParaChile, que traerá mayor velocidad y una mejor experiencia de navegación de internet: https://t.co/zyS0xJk6Ms
— Sebastian Piñera (@sebastianpinera) December 16, 2021
Pero ¿qué desafíos regulatorios traerá al nuevo gobierno tal revolución? De acuerdo con Cristián Casanova Domínguez, director del área corporativa de NDI Abogados, una lectura estructural del sector devela dos pilares fundamentales que el Gobierno de Boric deberá contemplar como principal promotor de su desarrollo:
“El acceso y utilización de infraestructura del espacio público en las zonas urbanas y el subsidio para el desarrollo y operación de infraestructura para zonas rurales para mitigar la brecha digital existente entre ambas zonas”, detalla el abogado.
La colaboración público - privada
WOM, Entel y Movistar, las ganadoras de la licitación, han ido develando sus planes de inversión en materia de infraestructura. Las relaciones de cada una demandarán a la nueva administración un análisis táctico que linde con su política internacional. La primera está vinculada a Huawei, que responde a Pekín, y las otras dos están vinculadas a Ericsson y Nokia, próximas a Washington. Chile depende económicamente de China como su principal comprador de cobre y otros productos primarios, pero también depende de EE. UU. como su principal colaborador en materia de defensa.
Más allá de las relaciones internacionales que gestiona Chile, otro aspecto de valor en términos regulatorios del 5G tiene relación con la colaboración público-privada durante la implementación de esta tecnología. Para Casanova, este aspecto dependerá de la visión que el Estado tenga respecto de la promoción de la conectividad como fuente generadora de desarrollo y como canal mitigador de las brechas de desigualdad social.
“Como en todas las industrias, para que se dé una adecuada colaboración público privada, me parece que el Gobierno siempre tiene que hacer todos los esfuerzos para dotar de la mayor certeza jurídica posible a las partes involucradas, especialmente en industrias como las de las telecomunicaciones que son muy intensas en inversiones de capital".
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El crecimiento desde la gestión municipal
Durante el Concurso Público 5G, se le exigió a las empresas que cubran al menos el 90 % de la población en Chile en un plazo máximo de dos años y con equidad territorial. El despliegue de 5G necesitará de 9.000 nuevas radiobases, de las cuales 67 % estarán ubicadas en regiones y el 33 % restante en Santiago, la capital del país. En tanto, 366 localidades de todo Chile serán beneficiadas por primera vez con Internet móvil de alta velocidad.
A decir del especialista de NDI, de todos estos pormenores reportados por la Presidencia, hay uno con particular potencial y tiene que ver con los cambios que asumirán las autoridades municipales como administradores del espacio público. Casanova considera que los desafíos del 5G podrían hacer evolucionar a la gestión municipal a raíz de la colaboración público-privada en puerta.
“Existe mucho espacio para que a los modelos de gestión municipal se les agregue una visión más económica sobre el uso y operación del espacio, para que los privados sean quienes inviertan en beneficio de los ciudadanos. Esto se podría lograr al darle a los privados el acceso a los bienes nacionales de uso público y las certezas necesarias para poder invertir”.
Para el abogado, quien es además especialista en las prácticas de financiamiento, seguros e infraestructura, la adopción del 5G ha generado una relación proporcional entre la oferta de servicios, los distintos proveedores y la competencia en beneficio de los ciudadanos. Casanova ve con mucho optimismo este crecimiento en lo tecnológico y sus desafíos, sobre los cuales proyecta la posibilidad de generar “un círculo virtuoso que tiene como resultado la posibilidad de conectar más y mejor a los comunidades con el mundo”.
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