Constanza Connolly es Abogada Sénior en Estudio Beccar Varela (EBV) y fue recientemente premiada como Abogada del Año - junto a Rebecca Marques de Shearman & Sterling – en los TrustLaw Awards 2017. Connolly fue nominada en la categoría debido a su contribución al avance de un nuevo proyecto de ley en la Argentina que permitiría a las personas con discapacidad trabajar sin perder su seguro de invalidez.
La carrera de esta abogada está marcada por su amplia experiencia en el diseño de start-ups y negocios inclusivos de triple impacto: económico, social y ambiental. Junto a Bea Pellizzari, psicóloga social y Directora de Libertate, ha reclamado la necesidad de un marco jurídico en Argentina para la figura del emprendedor social.
Constanza Connolly¿A qué se debe la evolución del Tercer Sector a empresa social?
Trabajé con el proyecto que tiene que ver con las empresas BIC (Beneficio e Interés Colectivo). Esas empresas buscan el lucro, porque de sus tres valores, como bien dices, uno es económico. Iniciativas de emprendimiento social, como la de Bea Pellizzari, hacían que surgieran cada vez más preguntas, porque no buscan el retorno económico. Buscan la sostenibilidad y tener un impacto social.
Lo que ha sucedido es que las ONG a veces dependen de donaciones, subsidios, etc. En Argentina tienes que constituirte como ONG si quieres trabajar en una cuestión social y de Estado. Se hace muy difícil que un emprendedor social pueda realizar su actividad y que lo haga de forma genuina.
Hay emprendedores que quieren ser sostenibles con una actividad de la que no quieren distribuir utilidad alguna. Buscan resolver problemas sociales o ambientales. He estado en contacto con organizaciones de Europa que trabajan con emprendedores sociales y están mucho más avanzadas porque hay legislación. En Argentina no hay una figura legal que pueda nuclear a ese modelo.
En la legislación comparada de otros países hemos visto que una opción sería la de distribuir un pequeño porcentaje, 20 %, de la utilidad para atraer inversión. Un modelo de 80/20 podría permitir al inversor que obtenga un retorno. Ese es el objetivo que tenemos.
El premio que ha recibido está ligado a su contribución al avance de un nuevo proyecto de ley que permitiría a las personas con discapacidad trabajar sin perder su seguro de invalidez en Argentina. ¿Por qué es importante conseguir que se apruebe esta ley y qué impacto tendría?
Cuando empecé a trabajar con Libertate, el objetivo era precisamente la inclusión social de personas con discapacidad. Ahí surgió otro desafío: la inclusión laboral. Bea Pellizzari fundó la asociación civil La Usina. Posteriormente, a través de La Usina, fundó Red Activos, que es la empresa social en la que se inserta laboralmente a las personas con discapacidad.
Ella vio la importancia de la inclusión genuina para que se produzca un desarrollo. En Argentina es incompatible que una persona con discapacidad con empleo cobre una pensión por su condición. Esa pensión se suspende. Cuando esta persona vuelve, por el motivo que sea, a una situación de necesidad, lleva mucho tiempo volver a tramitar el cobro de esa pensión En consecuencia, sucede muy a menudo que las familias no quieren que las personas con discapacidad trabajen.
De hecho, el nivel de personas con discapacidad en América Latina con empleo es muy bajo. Lo que queremos con el proyecto de ley es no darles cualquier ingreso, obviamente, sino hacer una equiparación de la desigualdad.
Para las personas con discapacidad es difícil, por ejemplo, desplazarse. Todo eso hace que esos montos ayuden a equiparar la desigualdad. Trabajamos también con Inclúyeme, un portal de empleo inclusivo en LATAM. Bea trabaja con ellos y con muchas empresas que ya contratan a personas con discapacidad. La emancipación de estas personas es fundamental para que se produzca el desarrollo con impacto.
¿Ha percibido rechazo a este reclamo por parte de las instituciones públicas?
No. En Argentina se está trabajando en paralelo con un proyecto nacional en el que se supone que se van a cambiar varios ejes. En las conversaciones que hemos tenido hemos visto muy buena recepción con distintos partidos. No queremos que esto sea algo partidista, sino que se impliquen todos los actores.
¿En qué punto se encuentra el proyecto de ley ahora mismo?
Muchos factores han hecho que esté un poco parado. Si lo presentamos ahora, el proyecto tiene dos años para ser tratado en la Cámara. No está presentado formalmente para no perder el año del calendario, porque el trabajo de las comisiones suele llevar tiempo.
Nos ha hablado de cómo se han implicado asociaciones de abogados e instituciones en todas estas iniciativas. ¿Qué tan sensibilizada está la sociedad argentina con las minorías?
Creo que hay mucho por hacer en este sentido. Se ha puesto mucho más en agenda desde que la ONU estableció los objetivos de desarrollo sostenible, la meta de Pobreza Cero, etc. Está empezando a haber un foco de conversación, pero es un camino largo por recorrer. Intentamos que el empresario vea y entienda que el desarrollo sostenible es además una oportunidad de negocio que trae rentabilidad.
Volviendo a los TrustLaw Awards 2017, ¿qué proyecto o personas entre los allí presentes le pareció más impactante y relevante?
Me impactó mucho el de India, que ganó el premio de colaboración. Los despachos de J. Sagar Associates y Torys se unieron con la organización Prajwala para detener la distribución de imágenes y videos de violencia sexual en la India.
¿Qué ha supuesto todo este reconocimiento y trabajo de impacto social en su trayectoria como abogada?
A raíz de este trabajo y otros proyectos con Gobierno e instituciones estamos creando una especialidad en la materia. Nos encantaría ser una referencia. Lo hacemos con mucho corazón y pasión, hay mucho más movimiento en Argentina y cada vez son más los que se suman. Este reconocimiento le hace a una más feliz, trabajar en estos temas me transformó como abogada. Con el Derecho sustentable intentamos que este mundo sea para todos un poco mejor.
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