La nueva norma, aprobada en marzo de este año, abre el debate sobre financiamiento, permisos ambientales, seguridad nuclear y desarrollo energético de largo plazo.
Una nueva resolución redefine el marco de riesgo financiero en la isla y obliga a replantear los estándares de due diligence y protección de inversiones para quienes operan o planean operar en el país.
Busca sentar las bases para modernizar la infraestructura portuaria, ampliar la participación privada y fortalecer la competitividad de Guatemala en un momento clave para el comercio y las cadenas de suministro regionales.
Con 760 fiscalizaciones en 2025, un nuevo reglamento vigente y un plazo que vence el 29 de junio, el país consolida uno de los regímenes sancionadores más activos de la región.
Con la puesta en marcha del corredor bioceánico que conectará a los cuatro países, las empresas deberán anticipar desafíos legales vinculados a concesiones, inversión extranjera, permisos ambientales y operaciones transfronterizas.