Con 760 fiscalizaciones en 2025, un nuevo reglamento vigente y un plazo que vence el 29 de junio, el país consolida uno de los regímenes sancionadores más activos de la región.
La nueva legislación abre la puerta a esquemas de colaboración más estrechos entre el Estado y el capital privado para el desarrollo de proyectos prioritarios en energía, transporte, logística y otras áreas clave para la competitividad del país.